El Equipo de Estudio sobre sindicalismo, conflicto y territorio que depende del Centro de estudios e investigaciones laborales (Ceil) del Conicet, publicó un informe sobre la situación del empleo en Argentina, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia covid-19. Detectaron que la crisis se usó para despedir empleados y desregular salarios y que además, se desnudó como nunca antes el alcance de la informalidad laboral.
El informe se realizó a partir de una encuesta auto-administrada a 528 delegados y delegadas sindicales del sector público, servicios, comercio e industria (una muestra no probabilística) con el fin de aportar datos estadísticos sobre la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores, frente a las políticas implementadas en las empresas y organismos públicos en el contexto de la pandemia.
La encuesta fue realizada en 16 provincias argentinas durante las dos primeras semanas de abril y respetó la distribución de casos en función del empleo público y privado y el peso específico de la cantidad de personas empleadas en cada provincia.
Lo que permitió observar el informe
De acuerdo al relevamiento, a pesar de la prohibición de despidos un 4,2% del total de los encuestados declara haberlos sufrido en los establecimientos donde desempeñan su actividad gremial.
Por su parte el 40% de los casos sufrieron algún tipo de desregulación salarial. Casi un diez por ciento (9,05%) de los establecimientos que adoptaron alguna medida de desregulación, sufrió de manera combinada situaciones muy graves desde el punto de vista de la pérdida de estabilidad en el empleo y del ingreso (IVL).
La baja salarial demuestra que una parte importante de la crisis desatada por la pandemia se termina descargando sobre los trabajadores que en promedio ya habían perdido durante los cuatro años anteriores un 40% de su salario.
“Pocas empresas cuentan con modalidades institucionalizadas de participación de los trabajadores en las ganancias, por lo cual son excluidos cuando existen ganancias extraordinarias pero incluidos cuando se trata de socializar las pérdidas” establece el equipo en sus consideraciones finales, y remarca que “el impacto parece estar centrado sobre todo en los sectores de industria y comercio, donde la modalidad en la cual se desempeñan, dificulta la implementación de otras modalidades laborales.
“Por otro lado –señalan– son actividades que en muchos casos se encuadran dentro de lo que podemos denominar como Pymes o cuentapropismo, con lo que aparece el problema de la pérdida de puestos laborales en sectores siempre afectados por las fluctuaciones del mercado y la concentración de los sectores económicos”.
Lo que depara el mundo del trabajo
El informe concluye que “es necesario estar alertas desde el punto de vista de la acción gremial, a fin de evitar que el contexto de excepcionalidad sea utilizado para incumplir normas y ensayar nuevas modalidades de flexibilidad laboral”
“La fuerte concentración de la riqueza profundizada en cuatro años de restauración neoliberal requiere la búsqueda de instrumentos de intervención en el corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo la necesidad de intervenir en la concentración de la matriz productiva, en el corto plazo resulta clave implementar un impuesto a la riqueza, como así también otras herramientas redistributivas que permitan achicar la brecha social, laboral y productiva”, establece el organismo.
Como parte de las conclusiones, los profesionales advierten que la crisis sanitaria puso en evidencia la crisis de empleo donde alrededor del 60% de los trabajadores y trabajadoras se encuentran en situación de informalidad. Para ello –apuntan– es necesario incrementar la fiscalización, especialmente en territorios con una
“institucionalidad dispersa y poner sobre la mesa discusiones como la Renta Básica Universal y disminución de la jornada de trabajo, entre otras cuestiones.
