El Gobierno nacional modificó su posición sobre la venta de tierras rurales a extranjeros y acordó con bloques aliados en la Cámara de Diputados impulsar la restitución de los límites establecidos por una ley sancionada en 2011, que había sido derogada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023. La decisión se concretó este miércoles, un día antes de la sesión convocada por la oposición para intentar rechazar la totalidad del decreto.
La Libertad Avanza consiguió, con el respaldo del PRO y la UCR, un dictamen de mayoría con 34 firmas para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El texto incorpora dos artículos destinados a dejar sin efecto la derogación de la Ley de Tierras Rurales y restituir su vigencia.
La iniciativa será tratada en el recinto de Diputados el próximo 21 de octubre. Si obtiene la aprobación de la Cámara baja con las modificaciones incorporadas, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.
El acuerdo se alcanzó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el diputado radical Diógenes González presentó la propuesta de restablecer la Ley 26.737. La norma fija un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y departamental.
Además, establece que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo permitido para extranjeros. También contempla restricciones para la adquisición de terrenos con determinados cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera.
La modificación del proyecto se produjo en medio de la disputa parlamentaria por el DNU 70/2023. El decreto, firmado por Milei al comienzo de su gestión, ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 y podría quedar sin efecto si la Cámara de Diputados también vota en contra.
La oposición convocó para este jueves a una sesión con ese objetivo. La derogación total del decreto alcanzaría numerosas disposiciones vinculadas con alquileres, comercio, transporte, medicina prepaga y otras actividades económicas. El oficialismo busca preservar esas reformas mediante un acuerdo específico sobre la legislación de tierras.
La derogación de la Ley de Tierras había sido suspendida por una medida cautelar dictada en marzo de 2024. Las fuentes consultadas coinciden en que hubo una intervención reciente de la Corte Suprema, aunque difieren sobre su alcance: una señala que el tribunal avaló la derogación, mientras que otra sostiene que dispuso una medida interina que restituyó temporalmente la vigencia de la ley.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada también contempla modificaciones en los procedimientos de expropiación, mecanismos de restitución de inmuebles ocupados y disposiciones sobre desalojos por falta de pago. Su tratamiento quedó previsto para el 21 de octubre, mientras que este jueves la Cámara de Diputados tendrá convocada la sesión en la que la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023.
