La Secretaría de Control de Rosario envió 514 vehículos al corralón municipal en lo que va del 2026. Las medidas forman parte de los operativos diarios de prevención y disuasión de picadas de autos y motos que la intendencia despliega en la ciudad. Los procedimientos combinan puestos fijos de monitoreo, patrullajes permanentes y la respuesta a denuncias vecinales.
Diego Herrera, secretario de Control municipal, señaló que la gestión local destina una gran cantidad de recursos a estas intervenciones. El funcionario remarcó que las tareas permiten desbaratar los intentos de carreras clandestinas antes de que ocurran, y advirtió sobre el peligro que representan estas prácticas para la seguridad vial. Por este motivo, el municipio mantendrá la rigurosidad en los controles.
La presencia estatal se intensificó con operativos de saturación en las zonas que concentran la mayor cantidad de antecedentes y quejas por ruidos molestos o maniobras peligrosas. Entre los puntos clave aparecen la zona de La Florida (Avenida Carrasco y Gallo, Escauriza y el sector de los serruchos), Costa Alta, Bulevar Oroño y Lamadrid, el Parque Héroes de Malvinas, el circuito de la Zapatilla y el Parque Scalabrini Ortiz. Las acciones también alcanzan a las Cuatro Plazas y a la intersección de Wilde y Calasanz.
El esquema de fiscalización funciona con un cronograma diario que suma triples turnos durante los fines de semana y las vísperas de feriados. La planificación de las zonas críticas surgió a partir de un registro de 163 reclamos específicos de los ciudadanos.
Cabe destacar que las cifras de traslados corresponden a las tareas conjuntas entre los agentes locales y la Policía de Santa Fe, por lo que excluyen los resultados de los procedimientos que las fuerzas provinciales realizan de manera solitaria.
Por último, el corralón municipal mantiene la política de decomiso de autopartes no homologadas que los conductores instalan para aumentar la potencia o el ruido, como los caños de escape modificados. Los infractores tienen la obligación de afrontar todos los costos derivados de la extracción y el desmantelamiento de estas piezas antirreglamentarias.
