La jubilada española María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, llegó a un acuerdo con la compañía propietaria del inmueble del cual fue desalojada la semana pasada para regresar al lugar en el que vive desde hace más de 70 años. La pensionada de 87 años se convirtió en protagonista de una historia que fue seguida de cerca por los medios españoles desde el 23 de septiembre, fecha en la que la –tras tres intentos previos– finalmente la echaron de su hogar en el distrito madrileño de Retiro.
La situación se resolvió tras una reunión en la que participaron Maricarmen, que tiene un 50% de discapacidad, y su abogada, Beatriz Duro, con representantes de la compañía Urbagestion Desarrollo e Inversión y del Ayuntamiento de Madrid.
Días antes, decenas de vecinos y activistas del Sindicato de Inquilinas se concentraron frente a la calle del edificio para acompañarla en el momento en que la policía llegó para ejecutar la orden de desalojo. El caso llevaba meses convertido en símbolo de la crisis de vivienda en España.
Según informaron distintos portales de España, Maricarmen vive en ese departamento desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de arrendamiento. Luego de la muerte de sus padres, ella se subrogó en esas condiciones.
El origen del conflicto
El edificio cambió de propietario en 2018 y terminó en poder de la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una inmobiliaria dedicada a la compra y gestión de activos, que reclamó que el contrato no podía volver a subrogarse.
La empresa le exigió un aumento del 275% por el que pasaría a pagar un alquiler de 1.650 euros mensuales, más del triple de los cerca de 500 que pagaba. Esta cifra resulta impagable para la mujer, que cobra una pensión de 1.350 euros.
Sin embargo, la mujer continuó desembolsando 500 euros al mes y nunca dejó de pagar sus alquileres. Incluso hubo un donante que le ofreció colaborar para que pudiera pagar lo que le exigían, pero la inmobiliaria no aceptó la propuesta, según sostuvo la abogada de Maricarmen.
Los intentos de desalojo
La primera vez que intentaron sacarla de su hogar fue en octubre de 2025, cuando sus vecinos se movilizaron y lograron impedirlo. Un segundo intento se fijó para el 3 de junio de 2026 y también se aplazó, al igual que un tercero programado para el 24 de ese mismo mes.
Durante todo este proceso, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió suspender el procedimiento hasta que las administraciones garantizaran una alternativa de vivienda para Maricarmen, una petición que, según el Sindicato de Inquilinas, un juzgado de Madrid terminó desatendiendo.
Finalmente, el desalojo quedó fijado para el 23 de septiembre. Desde las 7:30 de ese día, las autoridades acordonaron la zona y sobre las 10:45 de la mañana los agentes llegaron a la puerta del edificio de Maricarmen, entrando y sacando por la fuerza, incluso usando gas pimienta, a las personas que trataban de evitar que llegaran al apartamento de la mujer.
A la 1:05 de la tarde, Maricarmen salió en una camilla y se la llevaron en una ambulancia hasta el hospital Gregorio Marañón, en el que, hasta este miércoles, permanecía internada por su delicada situación de salud.
Respaldo masivo para Maricarmen
El caso de Maricarmen atrajo el apoyo de artistas y figuras públicas españolas como Rozalén, Ismael Serrano, Juan Diego Botto, Facu Díaz y Alberto San Juan, que participaron en manifestaciones y concentraciones organizadas por el Sindicato de Inquilinas frente a su vivienda. Activistas de esa organización llegaron incluso a interrumpir un acto de la ministra de Vivienda para exigir una solución a su caso.
Primeras palabras de Maricarmen desde el Hospital Gregorio Marañón, tras ser desahuciada: "No he logrado defender mi casa, pero he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya"
La anciana ha agradecido el apoyo de todos los que han estado a su lado tras dejar la casa… pic.twitter.com/TlB4PvcNVr— EL MUNDO (@elmundoes) September 25, 2026
Maricarmen había rechazado las alternativas que le ofrecieron los servicios sociales, como un lugar en una residencia pública o un piso tutelado –vivienda compartida donde residen personas que necesitan apoyo o supervisión profesional–, los cuales han sido ofrecidos por los servicios sociales. La mujer insistió hasta último momento con que la única alternativa aceptable era seguir en la casa en la que vivió toda su vida.
El acuerdo
Este lunes, tras más de cinco horas de reunión entre los dueños, la abogada y familiares de Maricarmen y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que actuó como mediadora, la compañía aceptó que la inquilina de ese departamento durante siete décadas regrese con un nuevo alquiler.
“El acuerdo permitirá a Maricarmen volver al inmueble de la calle del Alcalde Sainz de Baranda como arrendataria. Permitirá a la señora Abascal regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos. El cálculo se hará en función de la declaración que aporte la parte”, detalló Ana de Miguel, consejera delegada de EMVS Madrid, al término de la reunión.
La abogada de Maricarmen señaló que el contrato tendrá una vigencia de ocho años y que el precio del alquiler será una cantidad similar a la que venía pagando, en torno a los 500 euros entre renta, gastos y comunidad.
Para la abogada, el acuerdo “llega tarde”, días después del desahucio y tras una situación que “ninguna persona debería vivir nunca”. “La imagen de ella saliendo en camilla de su piso ha recorrido el mundo”, lamentó, y concluyó: “Esto es, sin duda, el fruto de la presión y el movimiento social. Se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos”.
Prohibición de desalojos
Toda esta situación impulsó una discusión que tuvo impacto a nivel político. Este martes, el PSOE y Sumar cerraron un acuerdo para aprobar un paquete de medidas sobre vivienda que conllevará dos decretos distintos: uno amplio con la prohibición de los desalojos hasta 2030 o la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, y otro separado que abarque únicamente los alquileres indefinidos. El gobierno solicitó la celebración de una sesión plenaria extraordinario en el Congreso este viernes para intentar convalidar ambos textos, que necesitan del apoyo tanto de Junts como de Podemos para salir adelante.
Todavía no se conocía el texto completo de ambos decretos, y la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez reconoció en una rueda de prensa que los apoyos para dicho texto no están atados: “Ciertamente no hemos podido trabajar con los grupos con la dedicación del otro decreto”, dijo.
De la misma manera, se aprueba la prohibición a los fondos buitre de comprar vivienda hasta el año 2028 y la posibilidad para los inquilinos de solicitar la prórroga por dos años de su contrato de alquiler si esta finaliza antes del 31 de diciembre de 2028.
A estas medidas se sumará la financiación al 0% de interés de la entrada para la compra de la primera vivienda. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, esta ayuda se dará independientemente de la edad del potencial comprador. En cuanto a las bonificaciones fiscales, el Gobierno permitirá desgravarse el alquiler a los inquilinos con ingresos de menos de 33.000 euros anuales, una medida que, según ha afirmado la ministra Rodríguez, puede ayudar a 1,6 millones de personas.
