La provincia de Santa Fe alcanzó las mil unidades policiales fuera de servicio compactadas y superó los 35.000 vehículos secuestrados reducidos a chatarra en el marco de un plan de vaciamiento y ordenamiento de 19 depósitos judiciales y dependencias policiales.
Una nueva etapa de este procedimiento se puso en marcha en el predio que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) posee en Tarragona 750 bis, en la zona noroeste de Rosario.
El objetivo central de la medida es despejar los espacios destinados a la seguridad y evitar problemas logísticos y sanitarios derivados de la acumulación prolongada de vehículos abandonados.
Cómo se define el destino de cada unidad
De acuerdo con el esquema operativo implementado por los ministerios de Justicia y Seguridad y de Gobierno, los rodados incautados no van directamente a destrucción, sino que atraviesan una instancia previa de evaluación técnica para definir su destino final:
- Subasta pública: los vehículos que mantienen un buen estado general y valor de mercado son seleccionados para ser rematados por la Aprad.
- Donación: aquellas unidades que no salen a remate pero conservan componentes útiles pueden ser cedidas a instituciones educativas, como escuelas técnicas, para prácticas de taller.
- Compactación: los rodados y patrulleros que se encuentran totalmente deteriorados o en desuso definitivo son compactados.
Para agilizar este relevamiento, la administración provincial modificó el sistema de registro: cada vehículo secuestrado en distintos puntos del territorio se carga ahora en una plataforma web interna que permite contar con información en tiempo real sobre su ubicación y estado.
Según explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, ese registro digital permite evaluar junto con la Dirección de Compactaciones y el Ministerio de Seguridad "qué bienes deben preservarse", cuáles están en condiciones de rematarse o donarse y cuáles deben ser destruidos.
Por su parte, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, indicó que los mil patrulleros en desuso compactados hasta la fecha "generaban problemas logísticos y de salud pública por la acumulación de chatarra en espacios destinados a la seguridad".
Del inicio de la jornada en Rosario también participó el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.
