La detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo llevado adelante por Estados Unidos reactivó una ofensiva judicial en la Argentina. Querellantes en la causa que investiga delitos de lesa humanidad solicitaron al juez federal Sebastián Ramos que se inicien los trámites de extradición para que el exmandatario venezolano sea juzgado en territorio argentino.
Según trascendió, la presentación fue realizada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación de víctimas directas y organizaciones civiles, y se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a los tribunales argentinos a juzgar crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto, aun cuando hayan sido cometidos fuera del país.
El pedido se conoció luego de la captura de Maduro y apunta a que el imputado sea trasladado de manera inmediata a la Argentina para responder por denuncias vinculadas a torturas, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos de forma sistemática contra la población civil venezolana, bajo el principio de jurisdicción universal.
La causa tiene antecedentes concretos: en septiembre de 2024, la Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición. El expediente investiga un presunto plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, que incluye desapariciones, torturas, abusos y ejecuciones.
El planteo judicial se da en un contexto de alta complejidad diplomática, ya que Maduro permanece actualmente bajo custodia del distrito sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.
“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuentas por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, expresaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería argentina.
Para que el proceso avance, el juez interviniente deberá formalizar el pedido de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, el Gobierno nacional deberá entablar gestiones con la administración estadounidense para definir el orden de prioridad de los procesos judiciales, dado que Estados Unidos tiene actualmente la custodia del detenido.
El objetivo de los denunciantes es que las causas por delitos de lesa humanidad no queden relegadas frente a los expedientes por narcotráfico y que el eje del proceso judicial sea el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas venezolanas.
