El Gobierno nacional defendió este martes en la Cámara de Diputados las partidas destinadas a las universidades públicas en el proyecto de Presupuesto 2027 y cuestionó los reclamos de mayores recursos formulados por los rectores y los gremios del sector. Durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron los argumentos oficiales en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Uno de los principales puntos de discusión fue la diferencia entre los recursos previstos por el Poder Ejecutivo y los solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras el proyecto oficial contempla transferencias por $7,7 billones para las universidades nacionales, los rectores reclaman $11 billones para 2027.
Torrendell sostuvo que las transferencias al sistema universitario representarán el 3,88% del gasto total de la Administración Pública Nacional durante el próximo año, frente al 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% en las últimas dos décadas. “Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”, afirmó.
El funcionario también cuestionó la administración de los recursos y los resultados académicos de las instituciones. Según los datos que presentó, el costo fiscal promedio por graduado universitario ronda los $80 millones, mientras que el gasto anual por estudiante equivalente a tiempo completo alcanza los $12,4 millones.
Además, señaló que el 44,5% de los ingresantes a universidades estatales abandona sus estudios durante el primer año y que el 18,7% completa la carrera en el tiempo previsto. También puso en discusión las cifras de matrícula informadas por las instituciones y las diferencias presupuestarias entre universidades.
“La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, expresó Torrendell. Al finalizar su exposición, cuestionó a las autoridades universitarias por concentrar sus planteos en el financiamiento: “Una dirigencia aislada solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores y al personal administrativo. Es un acuerdo corporativo. Es un acuerdo de casta”.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, también rechazó los pedidos del CIN y sostuvo que los recursos adicionales reclamados están destinados principalmente a incrementos salariales.
“Piden más salario, todavía más por encima de lo que el Estado ya ha asignado”, afirmó el funcionario, quien consideró que las remuneraciones de docentes y no docentes universitarios se encuentran por encima del promedio de la administración nacional.
Álvarez cuestionó además las medidas de fuerza convocadas por los sindicatos y responsabilizó a rectores y gremios por las interrupciones de actividades. “La cantidad de veces que Milei cerró las universidades fue cero”, sostuvo, y aseguró que no existen facultades cerradas ni carreras desfinanciadas.
Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación se encuentra judicializada, defendió la posición del Ejecutivo. “Esa ley, al modo de ver del Poder Ejecutivo, incumple la Ley de Administración Financiera y la Ley de Ejecución Presupuestaria. El Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, manifestó.
El funcionario hizo referencia a una reciente resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que admitió recursos de queja presentados por el Estado y habilitó la revisión de decisiones del juez Martín Cormick relacionadas con la actualización de salarios y becas universitarias. La medida no resolvió la cuestión de fondo.
La oposición reclamó mayores partidas
Durante el debate, distintos bloques opositores cuestionaron las previsiones presupuestarias y reclamaron que el Gobierno cumpla con la legislación aprobada por el Congreso.
El diputado Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, sostuvo que el financiamiento de la educación superior debe mantenerse como una política de Estado. “El Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas”, afirmó.
En tanto, el socialista Esteban Paulón insistió en la obligación del Ejecutivo de aplicar la norma, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que el proyecto para 2027 no permitiría recuperar la pérdida presupuestaria registrada durante 2026. También cuestionó el nivel de ejecución de los recursos asignados este año.
Por su parte, el diputado misionero Alberto Arrúa, de Argentina Federal, presentó un proyecto de resolución para exigir que el Presupuesto 2027 incluya las partidas necesarias para el funcionamiento universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el sostenimiento de las becas estudiantiles.
La diputada radical Mariela Coletta leyó una presentación del interbloque Unidos en la que se reclamó el cumplimiento de la ley. A su vez, Unión por la Patria solicitó que representantes del CIN, sindicatos docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles fueran convocados a exponer ante la comisión.
