Como anticipó Rosario3, la Legislatura de Santa Fe resolvió suspender por 90 días sin goce de sueldo a la fiscal María Verónica Ballari, con funciones en la Fiscalía Regional 2, luego de que la Comisión de Acuerdos concluyera que existieron demoras e irregularidades en al menos una investigación a su cargo.
La funcionaria, especializada en investigaciones de violencia de género, quedó en la picota tras el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero (32), acribillada en febrero de 2025 en su casa de barrio Belgrano.
Ese caso, cuya investigación no está a cargo de Ballari, continúa impune y sin detenidos. Pero el cuestionamiento a la fiscal surge porque, previo al desenlace fatal, no imputó ni pidió medidas cautelares contra el exnovio de la víctima, Jonathan Oscar Omill (34), quien venía amenazando y hostigando a Ailén. La mujer lo había denunciado. Y esa carpeta judicial, que antes del crimen no tuvo avances, sí estaba a cargo de Ballari.
Es un hecho, sin embargo, que Omill no fue el autor material del femicidio, ya que al momento del ataque se encontraba trabajando.
Como sea, tras el asesinato de la joven enfermera, la fiscal terminó imputando a Omill, quien en marzo de este año acordó una condena de 4 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados con violencia de género, con Ayelén como víctima.
Ballari, ya suspendida, hizo llegar a Rosario3 su descargo. “Esta sanción demuestra una vez más que los fiscales no pueden estar bajo control político. Responsabilizan a una fiscal por un femicidio que no ocurrió. Está demostrado que la expareja de Ailén Oggero no fue quien la mató. Obviamente hay un homicidio, pero a más de un año no hay más que hipótesis vagas. Lo que es seguro es que no fue la expareja”.
El comunicado agrega: “Nada tiene que ver la supuesta «imputación tardía», por la que me sancionan, con la muerte de Ailén, ya que aún no se sabe quién ni por qué la mataron. Por eso es absurdo decir «si lo hubiera imputado y detenido, no habría muerto». No hay relación entre una cosa y otra”.
La investigadora señala que “cambió la Constitución, pero no cambia la ley en Santa Fe y todas/os las fiscales quedamos expuestos a estas sinrazones, que sólo tienen explicación en el plano político”.
En la Legislatura, la Comisión de Acuerdos abordó la sanción tras un pedido de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Leandro Mai. Según El Litoral, la decisión de los legisladores fue adoptada sin disidencias ni debates.
El penalista Gustavo Franceschetti, defensor de la fiscal, adelantó: “Vamos a impugnar la sanción ante la Corte provincial y nacional y llevaremos el caso ante la Corte Interamericana porque este es un supuesto muy claro de responsabilidad objetiva”.
Un caso impune
El 18 de febrero de 2025, Oggero fue atacada por un gatillero en Prusia al 6700. Cinco tiros impactaron en su cuerpo, puntualmente en la cabeza y en los brazos. Los peritos encontraron siete vainas servidas en la escena. Los disparos fueron escuchados por sus hijos, de entonces 4 y 11 años, que estaban dentro de la casa, y por su padre, Enrique, quien luego relató ante El Tres que Ailén era constantemente hostigada y amenazada por su expareja Jonathan Omill (34), con quien buscaba cortar la relación desde hacía por lo menos un año.
A Omill nunca se le atribuyó relación alguna con el femicidio, pese a que todo el entorno de la víctima lo señala como posible organizador del ataque, que ocurrió en un horario en el que él ya estaba trabajando, circunstancia que dificultó vincularlo presencialmente con el hecho.
Por ejemplo, uno de los hechos descritos por la Fiscalía en la audiencia ocurrió el 27 de noviembre de 2024, cuando el imputado se presentó en un domicilio donde se encontraba Ailén Oggero y, al no ser atendido, ingresó por una ventana y tomó las llaves del auto de su expareja, retirándose con el vehículo. Más tarde regresó sin el rodado, tocó timbre y, cuando la víctima abrió la puerta, ingresó sin consentimiento y comenzó a agredirla físicamente en el rostro y la cabeza, además de amenazarla. Luego introdujo a su expareja en su vehículo y la privó de la libertad durante dos horas.
Las amenazas y agresiones continuaron en días posteriores y en distintos lugares, incluso en inmediaciones del hospital donde trabajaba la víctima. Todos hechos enmarcados en un contexto de violencia de género que la mujer expuso en noviembre ante un Centro Territorial de Denuncias. Por ese motivo, el agresor tenía una restricción de acercamiento.
La situación generó lógicos cuestionamientos de la familia de la víctima hacia la fiscal, que desde noviembre de 2024 contaba con información sobre las golpizas y amenazas denunciadas y recién accionó después del femicidio.
Jonathan Oscar Omill finalmente fue condenado el 2 de marzo de este año, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, donde el juez Gustavo Pérez de Urrechu homologó un juicio abreviado acordado entre la fiscal Bárbara Glikman y la defensa técnica. Recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión.
Es por eso que en el legajo por el femicidio de Oggero se barajan, al día de hoy, dos hipótesis, aunque ninguna reunió evidencia suficiente para materializarse en una imputación formal. Una sostiene que Omill habría sido el presunto instigador. La otra apunta a Jésica González, expareja del capo narco Claudio “Morocho” Mansilla, detenida por narcomenudeo, quien habría ordenado el crimen por un vínculo que mantenía con Jonathan.
La causa por el femicidio estuvo en un primer momento a cargo de María de los Ángeles Granato, fiscal que luego concursó y pasó a desempeñarse como jueza de primera instancia. Actualmente interviene Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.
