Logroño, una pequeña comuna de mil habitantes ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, atraviesa una situación límite luego de que quedara paralizada la instalación de una planta de desmotado de algodón que aparecía como la principal oportunidad de desarrollo para la zona. Sin la obra, los vecinos advierten que el pueblo corre el riesgo de vaciarse.
El conflicto se originó cuando la empresa que impulsaba el proyecto avanzó con tareas de desmonte en un área protegida, en violación a la Ley de Bosques. Tras la intervención del ministerio de Ambiente, el emprendimiento fue clausurado por orden judicial y el daño ambiental quedó reconocido. Desde entonces, el expediente sigue su curso en tribunales lo que hace crecer aún más la incertidumbre entre los habitantes del pueblo.
Frente a ese escenario, la respuesta fue colectiva. Más de 300 vecinos, junto a clubes, escuelas, cooperadoras, comercios y organizaciones sociales, impulsaron una “pueblada pacífica” que incluyó la firma de un petitorio formal dirigido al Gobierno provincial. A la iniciativa se sumaron también once jefes comunales del departamento 9 de Julio y la propia intendenta, Mariana Cardozo.
“El daño ambiental existe y no lo negamos, pero también existe un daño social que nadie está atendiendo”, planteó la jefa comunal. Según explicó, la planta podía generar unos 50 puestos de trabajo directos, un número determinante para una localidad con altos niveles de vulnerabilidad. “Hoy nos están quitando la posibilidad de crear trabajo y eso empuja a la gente a irse”, advirtió.
En el petitorio, los vecinos aclaran que no cuestionan la ley ni el fallo judicial, pero reclaman que se habilite una mesa de diálogo para pensar una salida que contemple el impacto social del conflicto. Apelan, incluso, a los lineamientos del Decreto 15/2025, que promueve el desarrollo productivo y la radicación de inversiones en el norte santafesino.
“El pueblo no pide impunidad ni pasar por arriba de nadie. Pide ser escuchado”, sintetizan.
Desde la empresa reconocieron el error cometido y manifestaron su disposición a acompañar un camino institucional que permita encontrar una alternativa legal y sustentable. Pero, por ahora, no hubo respuestas oficiales al reclamo.
Sin protestas ni cortes, pero con una urgencia creciente, la comunidad insiste en que el problema ya no es solo una planta clausurada. Es la supervivencia de un pueblo entero, que teme quedar atrapado entre el cumplimiento de la ley y la falta de un horizonte que le permita seguir existiendo.
