El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio a conocer una alarmante estimación tras los fuertes sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron a Venezuela. Según los datos del organismo, un total aproximado de 3.900.000 niños, niñas y adolescentes residen en las áreas directamente afectadas por el desastre natural, una situación que expone a miles de familias a un peligro inmediato debido al colapso de decenas de edificaciones y a la interrupción de suministros esenciales. 

Las zonas con mayores niveles de afectación comprenden a la ciudad de Caracas, así como también a los estados de Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda. Mientras los equipos oficiales avanzan con las tareas de relevamiento para medir el alcance real de los destrozos en viviendas e infraestructura pública, los reportes iniciales confirmaron la existencia de menores de edad entre las víctimas fatales y los heridos de la catástrofe, bajo la constante amenaza de que ocurran nuevas réplicas. 

Frente a este panorama, la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, expresó la profunda preocupación de la entidad internacional ante los reportes recibidos desde el lugar de los hechos. "Las imágenes que estamos viendo desde Venezuela y los testimonios que escuchamos de nuestros colegas sobre el terreno son desgarradores", manifestó la funcionaria. En esa misma línea, remarcó la prioridad absoluta de la organización en esta etapa de la emergencia: "A medida que se comprenda mejor la magnitud de los daños, la seguridad, protección y bienestar de los niños y niñas deben mantenerse en el centro de la respuesta". 

El comunicado técnico detalla que la población infantil sufre con mayor fuerza los impactos de estas crisis, ya que se encuentra expuesta a sufrir lesiones corporales, la separación de sus núcleos familiares, desplazamientos forzosos y cuadros severos de angustia. 

Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.
Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.

A este escenario se le añade la suspensión temporal de derechos y servicios básicos como el sistema de salud, el acceso a agua segura, la continuidad de la escolaridad y los dispositivos de protección comunitaria.Para paliar la situación, UNICEF inició tareas de coordinación con el gobierno venezolano y con sus socios estratégicos en la región con el propósito de brindar asistencia sanitaria, soporte psicosocial y distribución de agua potable.

Por último, la entidad recordó que el despliegue humanitario se da en un contexto complejo, puesto que el plan de Acción Humanitaria para la Infancia 2026 destinado a Venezuela requería un presupuesto de 137.600.000 dólares, una meta de financiamiento de la cual solo se había recaudado el 35 % antes del desastre.