El Ministerio de Seguridad sigue la pista de una red local de simpatizantes de grupos islámicos radicalizados. Así lo aseguraron fuentes del ministerio que tiene a cargo la actividad de las fuerzas federales. Fuentes oficiales indicaron que, en rigor, es una investigación que ya tiene dos años. Y que, tras una serie de evidencias digitales y de trabajo de campo, se profundizó hace ocho días con una serie de allanamientos en distintas viviendas particulares en las que se encontraron material gráfico y tecnológico relacionado con la organización y que será peritado en busca de más información para la causa, que aún continúa su curso.
En un informe privado que obtuvo el Ministerio de Seguridad en 2019 se detallaba que en un grupo internacional, con miembros argentinos, que interactuaba a través de la plataforma Telegram, se intercambiaba información sobre cómo armar explosivos. Uno de ellos incluso solicitaba un tutorial. A partir de la judicialización y la colaboración del FBI, se siguieron a esos miembros locales en otras redes, donde se verificó la pertenencia no solo con una organización radical islámica de alguna manera ligada a ISIS, sino que también pudieron confirmar que tenían entre ellos un grupo de comunicación.
Algunos de esos miembros realizaron traducciones de noticias y propaganda a favor de esta organización. Y también se identificaron conversaciones con usuarios partidarios de ese grupo terrorista en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Los operativos se realizaron en viviendas particulares en Lanús, donde se secuestraron celulares, dispositivos para el almacenamiento, computadoras, libros y periódicos de difusión ideológica de grupos fundamentalistas islámicos. En la ciudad de Córdoba, uno de los investigados manifestó voluntariamente tener instructivos para armar artefactos explosivos. Y en Dock Sud, se hallaron libros de grupos radicalizados y recortes periodísticos de atentados en varios países. También hubo otros operativos en Venado Tuerto, Santa Fe.
Por ahora ningún sospechoso quedó detenido y todavía no hay imputaciones. Uno de los sospechosos cuyas viviendas fueron allanados ya había sido procesado en otra causa similar e incluso estuvo detenido preventivamente por unas publicaciones sobre un posible atentado con un camión en una marcha del orgullo LGTB en la Ciudad de Buenos Aires.
“La mayoría de los involucrados tienen entre 20 y 30 años y vive con su familia”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación. “Las células funcionan distinto a lo que uno cree. Son personas aisladas, solas. Algunos nunca salían de su casa; otros ni siquiera sacaban la basura. Es gente extremadamente aislada. Eso contribuye a la radicalización y está estudiado que ese tipo de perfil es el que genera los atentados”, señalaron las mismas fuentes.
La causa que investiga el hecho es la 2272/2021 y se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 10 a cargo de Julián Ercolini. La investigación es llevada adelante por la Policía Federal Argentina, con su Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA); Alejandra Mángano, titular de la Fiscalía Federal 12; el fiscal Horacio Azzolín de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI); y el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que coordinó con el FBI el intercambio de información.
