Un militar retirado de Rosario fue indagado este lunes por grabar y difundir un video con insultos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde además incita a la violencia conforme a artículos del Código Penal.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones rosarino, Claudio Marcelo Palacin, y el fiscal federal Nº 2 de Rosario, Claudio Kishimoto, formularon requerimiento de instrucción contra el teniente coronel retirado Alberto Aquilino Ortega por diversos delitos de acción pública.
Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), el militar fue denunciado por el Ejército Argentino a raíz de sus expresiones realizadas en un video grabado y difundido por el imputado, que comenzó a circular el 1 de abril de este año y fue ampliamente difundido.
Se trata de un video que el militar retirado grabó y difundió vía Whatsapp donde llamó “miserable" e “inútil” al presidente Alberto Fernández, por sus elogios al gremialista Hugo Moyano, a quien también trató de “delincuente”.
En las imágenes, el militar que se identifica con nombre, apellido y DNI sostiene, entre otras cosas: “No le tengo miedo al coronavirus. Prefiero morir de coronavirus antes de seguir subyugado bajo su histeria consolidada de ser un estatista, un totalitario, un comunista, maoísta, subversivos de mil remil p...”.
La imputación
Los fiscales Palacín y Kishimoto iniciaron el expediente y el militar retirado fue convocado por el Juzgado Federal Nº3 de Rosario a prestar declaración indagatoria este lunes, pero Ortega se negó a hacerlo.
Los fiscales federales le imputaron la posible comisión de una instigación a cometer delitos, con relación a las figuras del delito contra la salud pública, desobediencia y atentado al orden constitucional y a la vida democrática.
Además, consideraron que incurrió en intimidación pública e incitación a la violencia, según artículos del Código Penal.
Destacaron que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Ortega llamó a sus camaradas a salir y los arengó a incitar, junto con él, a la población a liberarse de un supuesto régimen “totalitario, subversivo”, que tendría “esclavizado” al pueblo argentino.
Los representantes del MPF puntualizaron que hay estado de sospecha de delitos, independientemente de la responsabilidad disciplinaria en la que habría incurrido Ortega, y que el derecho a la libertad de opinión o expresión no es absoluto; que los agravios personales –si bien autónomamente podrían constituir delito de acción privada– no pueden desligarse del contexto en el que fueron efectuados y difundidos a través de su envío, lo cual otorga seriedad e idoneidad a la incitación.
Además, agregaron que no se puede soslayar que los delitos que se estiman cometidos, deben ser valorados en el marco de la situación de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, en un escenario en el cual las autoridades competentes están adoptando todas las medidas necesarias para impedir la propagación del virus.
Los fiscales federales Palacin y Kishimoto entendieron que al ser un miembro de las Fuerzas Armadas, Ortega pretendió formalizar un movimiento organizado de personas que disponen de armas, para alcanzar algunos de los graves objetivos que el tipo penal agrupa como elementos subjetivos de la figura. En ese sentido, le imputaron la posible comisión de los delitos arriba mencionados.
