Cuatro personas fueron imputadas, tres con prisión preventiva y una con medidas de conducta, durante una audiencia desarrollada este jueves en el Centro de Justicia Penal en el marco de una investigación calificada como “extorsión” y que combina microtráfico de drogas y episodios de violencia. La investigación gira en torno a la desaparición de Alicia Isabel Godoy, de 30 años, vista por última vez el 4 de abril, y por cuyo paradero aún no hay novedades. En la misma resolución, la jueza del caso dejó a dos personas en libertad, sin imputación.
La fiscal Paula Barros atribuyó a un grupo de seis personas haber actuado de manera coordinada para privar de la libertad a la mujer y exigir dinero a su entorno, en un contexto vinculado a una presunta deuda por consumo de estupefacientes. Según la acusación, la víctima fue retirada de su casa en Flammarion al 4900 y trasladada a otra vivienda en Vuelta de Obligado al 4900, donde habría permanecido retenida. Desde entonces no se registraron contactos ni pruebas de vida.
En paralelo, familiares de la mujer denunciaron que fueron amenazados con armas y obligados a realizar pagos para “recuperarla”. Hubo entregas de bienes y transferencias de dinero a cuentas vinculadas a dos de las imputadas, en una maniobra que incluyó incluso la participación de una menor de edad.
Durante la audiencia, la jueza de primera instancia Luciana Vallarella rechazó el planteo de la defensa que cuestionaba la competencia de la Justicia provincial.
La magistrada además desestimó la calificación de secuestro extorsivo agravado en algunos casos y la redujo a extorsión —según explicó— en función de la evidencia disponible hasta el momento.
Además, la magistrada ordenó la prisión preventiva para tres de los acusados —dos mujeres de nombre Ana y María y un hombre llamado Gastón— hasta el 13 de agosto, mientras que otro imputado (identificado como Yonatan) quedó en libertad con restricciones, como fijar domicilio, no acercarse a las víctimas y presentarse semanalmente ante la Justicia. En tanto, dos personas de nombres Kevin y Ludmila fueron liberadas al rechazarse la imputación en su contra.
La investigación de Fiscalía incluyó la existencia de una estructura de microtráfico de drogas que operaba desde al menos marzo en la zona sur de la ciudad. A partir de peritajes telefónicos y denuncias al 911, los investigadores sostienen que existía una organización con roles definidos para la compra, fraccionamiento y venta de cocaína, con varios puntos de expendio.
De acuerdo al reporte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la investigación incluyó múltiples conversaciones de WhatsApp que permitieron obtener información acerca de una forma organizada del comercio de estupefacientes, siempre en modalidad de microtráfico, con división de roles entre los acusados.
