Los jueces de la Cámara Federal de Rosario Aníbal Pineda y Elida Vidal ordenaron que las tres investigaciones que se siguen contra el ex juez federal Marcelo Bailaque, su esposa y el escribano Santiago Busaniche se juzguen en un solo juicio oral, en los próximos meses.
Los camaristas dispusieron, además, la prórroga por seis meses –o hasta la apertura del juicio oral– de la prisión preventiva de Bailaque, bajo la modalidad de arresto domiciliario que viene cumpliendo.
La decisión fue adoptada a pedido de los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, Diego Iglesias, Matías Scilabra y Sergio Rodríguez.
Las defensas de Bailaque y Busaniche se opusieron tanto a la unificación de los juicios como a la prórroga de la prisión preventiva.
Por su parte, la defensa de la esposa de Bailaque, Graciela Martínez Maulion, indicó que no se oponía a la realización de un único juicio y que su defendida pretende que se concrete a la brevedad para que se esclarezca su situación.
Respecto de la unificación de los procesos, los camaristas sostuvieron que las formalizaciones de las acusaciones se realizaron conjuntamente y que los tres legajos fueron declarados conexos el 19 de noviembre de 2024.
Los jueces señalaron que existe conexidad objetiva y subjetiva, con un denominador común vinculado a conductas ilícitas presuntamente cometidas por Bailaque en su condición de juez federal. También consideraron que la realización de juicios por separado podría afectar la celeridad del proceso y generar sentencias contradictorias.
Por lo tanto, en los próximos días se sortearán tres jueces para llevar adelante el juicio oral por la totalidad de las causas que se siguen contra Bailaque, su esposa y Busaniche, según informó la Cámara Federal en un comunicado.
Las causas penales
Según una de las acusaciones, a partir de una investigación impulsada por la Procelac se reunieron elementos para atribuirle al exmagistrado tres hechos principales, en los que también quedaron involucrados el escribano Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Afip (hoy Arca), Carlos Vaudagna.
Según la acusación, desde mediados de 2019 y hasta el 22 de noviembre de 2024, Bailaque coordinó con el empresario Whpei, el escribano Busaniche y el entonces funcionario Vaudagna una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y fiscales contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Onetto. El objetivo era dañar la reputación de Iglesias y perturbar su carrera profesional en empresas del Grupo San Cristóbal. Para evitar que se lo perjudicara en una causa penal, a Iglesias le exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima entregó 160.000 entre octubre de 2019 y marzo de 2022.
El segundo hecho atribuido a Bailaque abarca el período comprendido entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario. En ese contexto, se lo acusa de haber recibido pagos mensuales efectuados por Whpei a través de la mutual Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos. Según los fiscales, esos pagos estuvieron motivados por su condición de juez federal y fueron encubiertos mediante un contrato de locación de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Los ingresos fueron declarados como lícitos ante el fisco y el Consejo de la Magistratura.
En un tercer hecho, también dentro de esa trama, quedó vinculada la esposa de Bailaque, Martínez Maulion. Según los fiscales, en agosto de 2020, ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones que una empresa constructora tenía sobre un lote ubicado en el complejo Vida Barrio Cerrado, de Funes. Para la adquisición se pagaron 70.000 dólares en efectivo, un monto que –según la acusación– resultaba inferior al valor real de mercado. Desde entonces, el matrimonio tomó posesión del terreno y lo administró.
Por esta saga, a Bailaque le atribuyeron los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público; extorsión y concusión, en concurso ideal; recepción de dádivas, y lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario público.
En el marco de la investigación relacionada con la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, Bailaque fue acusado como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, en concurso real. Se le atribuyó que, en su carácter de juez, tomó decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho y ocultó deliberadamente su relación con Whpei, con el fin de favorecerlo.
La restante acusación está relacionada con el accionar de Bailaque como juez en investigaciones sobre la organización criminal liderada por el condenado jefe narcocriminal Alvarado. Fue presentada en noviembre de 2025 y también comprende al contador Gabriel Mizzau, quien recientemente se acogió a un acuerdo de partes.
En ese expediente se le atribuye a Bailaque haber dictado resoluciones contrarias a las pruebas y a los impulsos fiscales entre 2014 y 2015, lo que provocó la paralización de las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal del exjuez y contador de empresas utilizadas por la organización criminal.
Los delitos atribuidos en este caso son incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato, en concurso ideal, en carácter de autor. La acusación describe una actuación jurisdiccional direccionada que se apartó deliberadamente de los deberes de imparcialidad, legalidad y persecución penal que le correspondían como magistrado federal.
