Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez (45), recientemente imputado como uno de los presuntos sicarios que en noviembre de 2024 mató a Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Raúl “Rana” Attardo –número 1 y 2 de la barra brava de Rosario Central, respectivamente–, fue procesado con prisión preventiva por la Justicia federal por una causa por narcotráfico. Es porque tenía un pedido de captura desde hace ocho años por una investigación en la que está sindicado de proveer cocaína a una estructura vinculada a Los Monos.
La resolución pertenece al juez Carlos Vera Barros y fue informada este lunes. Como la causa data de 2018 y es del viejo sistema procesal, la acusación fue encabezada por el juzgado que actuó en sintonía con lo requerido por la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari.
Vera Barros consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba una posición de conducción dentro de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de almacenamiento, distribución y comercialización. También justificó la prisión preventiva por el riesgo de fuga evidenciado por los ocho años en los que se mantuvo prófugo por este legajo federal.
Vázquez cayó el 16 de junio pasado en un operativo llevado adelante por la Tropa de Operaciones Especiales en una casa de Libertad al 200 de Villa Gobernador Gálvez. El 1º de julio fue imputado por los fiscales provinciales Patricio Saldutti, Agustina Eiris e Ignacio Hueso por haber sido uno de los dos presuntos sicarios que asesinaron a Bracamonte y Attardo en Avellaneda y Reconquista tras un partido en el que perdió Central por 1 a 0 ante San Lorenzo.
La causa federal por la que ahora fue procesado “Narigón” se inició, en parte, por la muerte de dos jóvenes que consumieron drogas de diseño en una fiesta electrónica realizada el 1º de enero de 2017 en el predio Punta Stage de Arroyo Seco.
Según los datos publicados por el sitio web Fiscales, un tal Jerónimo S. fue señalado como el responsable de entrar drogas a Punta Stage. Esa persona, a su vez, estaba sindicada por tener puntos de venta de estupefacientes en el macrocentro de Rosario y por tener una “cocina” para estirar las sustancias en Oroño y Saavedra.
Varias de las medidas por las que la Justicia federal avanzó contra Vázquez fueron solicitadas por el titular de la entonces Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, quien dispuso tareas a la División Antidrogas local de la Policía Federal.
Fue a partir del resultado de las vigilancias de los policías federales, intervenciones telefónicas que se pudo reconstruir una red de comercialización de estupefacientes y vincular a distintos vendedores minoristas con una estructura mayorista de provisión de cocaína operada por “Narigón” Vázquez.
Según la investigación, la organización operaba a través de dos células principales: una encabezada por Cristian Mario “Negro” González, con actividad en la zona de Villa Moreno y vinculado a Los Monos, y otro liderado por Vázquez, cuya función era abastecer como proveedor mayorista de cocaína a la banda de González.
De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización.
Entre los elementos valorados figura un episodio ocurrido el 9 de junio de 2018, cuando las fuerzas de seguridad observaron una transacción de estupefacientes en la vía pública. Según la investigación, un proveedor entregó a Vázquez dos kilogramos de cocaína compactada en inmediaciones de las calles Ferreyra y Juan B. Justo, en Arroyito. A cambio, Vázquez abonó 120.000 pesos en efectivo. Al advertir la presencia de la PFA, el ahora procesado logró escapar, mientras que su pareja y el proveedor fueron detenidos.
Otras evidencias incorporadas a la investigación motivaron medidas inmediatas que derivaron en la detención de varias personas. En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a doce miembros de la estructura, entre ellos a González, quien recibió una pena de 18 años de prisión, en un fallo confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en marzo de 2023.
