El Senado logró darle media sanción al proyecto de ley del oficialismo para reformar el Consejo de la Magistratura, con 37 votos a favor y 33 en contra. Se trata del estratégico organismo encargado de elegir y sancionar a los jueces y fiscales. La sesión comenzó a las 15 y fue presidida por Cristina Kirchner.
A pesar de que se esperaban algunos discursos encendidos por parte de la oposición, en el kirchnerismo sabían que contaban con el número para lograr la media sanción, ya que la semana pasada logró avanzar con un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia tras negociar con el senador rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y su par misionera, Magdalena Solari Quintana (Frente para la Concordia de Misiones), que prestaron sus votos para acompañar el proyecto de Casa Rosada. El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, aceptó los pedidos de Weretilneck de federalizar el Consejo y logró de esa manera destrabar la discusión.
El punto principal de la discusión entre el oficialismo y la oposición tiene que ver con el rol que debería jugar la Corte Suprema de Justicia en el Consejo. Mientras que el kirchnerismo busca correr a los magistrados del Máximo Tribunal del organismo, desde Juntos por el Cambio buscan que tengan un rol central, reservándole al presidente de la Corte la silla de presidente del Consejo.
Pero, a pesar de hoy tener un pasaje sin sobresaltos, el problema con el que se enfrenta el Frente de Todos son los plazos. El fallo de la Corte Suprema que llevó a que se busque una nueva ley del Consejo estableció que la misma debería estar aprobada y reglamentada para el próximo 15 de abril. Si eso no sucede, se debería retrotraer a la ley de los noventa que ya fue derogada por el Congreso y deberían asumir siete nuevos consejeros.
La expectativa es que en siete días los diputados no logren conformar las comisiones, obtener dictamen y aprobarlo en el recinto, por los que esos nuevos consejeros –cinco de la Justicia y de las asociaciones de abogados, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado– deberían asumir todos juntos el próximo 15 de abril para que el Consejo siga funcionando.
Las entidades de abogados y la Justicia ya hicieron las elecciones para definir a sus representantes, pero en el Congreso aún hay muchas dudas sobre cómo se va a conformar y elegir a sus representantes.
El problema surge con los representantes del Congreso: la ley de los 90 señala que los mismos tienen que surgir del bloque de la segunda minoría y no hace referencia a la existencia de los interbloques -en esa época no existían-, por lo que desde Juntos por el Cambio entienden que el representante de Diputados debería surgir del bloque del PRO mientras que el de Senadores saldría de la UCR.
Si esto sucediera, el oficialismo quedaría en franca minoría en el organismo encargado de nombrar y enjuiciar a jueces y fiscales.
En el Frente de Todos hacen una lectura diferente y toman a los interbloques, por lo que señalan que les corresponde proponer al representante de la Cámara Alta, donde el nombre elegido sería Oscar Parrilli; y en la Cámara Baja ese lugar le corresponde al bloque de la izquierda, por lo que piensan en Myriam Bregman.
