La Asamblea General de Naciones Unidas comienza esta semana en un momento incómodo: la organización que nació para ordenar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial debe elegir quién la conducirá cuando las reglas que sostuvieron ese orden parecen cada vez más difíciles de hacer cumplir. El portugués António Guterres termina su segundo mandato el 31 de diciembre y el organismo busca a su sucesor. La elección es, en sí misma, una radiografía de la crisis que atraviesa el sistema multilateral.
Por primera vez en más de ocho décadas, dos mujeres latinoamericanas aparecen al frente de la carrera. La costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de su país y actual secretaria general de la UNCTAD, obtuvo nueve votos de apoyo en el último sondeo informal del Consejo de Seguridad. Mientras que la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Relaciones Exteriores y actual embajadora ante Naciones Unidas, consiguió ocho. Ninguna logró todavía romper el equilibrio.
Entre los candidatos también se encuentra el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Su experiencia en las crisis nucleares y su interlocución con Irán y las grandes potencias le dieron una visibilidad internacional singular.
En el tercer sondeo, Grossi obtuvo cinco votos de apoyo, ocho en contra y dos sin opinión. El resultado lo dejó por detrás de Grynspan y Rodrigues-Birkett, pero la carrera sigue abierta. El punto decisivo será el Consejo de Seguridad: cualquiera de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— puede bloquear una candidatura. La definición debería llegar en los próximos meses, antes de que el actual secretario deje el cargo.
La elección no es simplemente una competencia entre nombres. También expresa una discusión más amplia sobre el papel que deberá desempeñar Naciones Unidas frente a un escenario marcado por guerras, rivalidades entre grandes potencias, dificultades financieras y una creciente disputa por las reglas del sistema internacional. En su última Asamblea al frente de la organización, Guterres llega con una advertencia: el mundo atraviesa una “era de profunda incertidumbre”, marcada por conflictos como los de Gaza y Ucrania y por desafíos que van desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático y la desigualdad.
A esa crisis política se suma una dificultad más concreta: Naciones Unidas atraviesa una severa crisis de liquidez que ya afecta su capacidad operativa. El problema está, en parte, en el retraso de los Estados miembros en pagar sus contribuciones obligatorias, pero también en la caída de los aportes voluntarios que sostienen buena parte de la asistencia humanitaria y de las agencias del sistema. La consecuencia es una organización que debe restringir gastos y ajustar operaciones mientras recibe cada vez más demandas para intervenir en conflictos y crisis.
La situación en Gaza expondrá nuevamente esta contradicción. Por segundo año consecutivo, Estados Unidos denegó la visa al presidente palestino Mahmoud Abbas, alegando incumplimiento de compromisos de paz y “glorificar el terrorismo”. La Asamblea General autorizó entonces su intervención por videoconferencia. En contraste, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sí podrá ocupar la tribuna de forma presencial. Washington también autorizó el ingreso del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y de su canciller, pese al conflicto abierto entre ambos países.
Estos episodios muestran un problema de fondo: Naciones Unidas pretende ser un espacio universal de deliberación, pero funciona dentro del territorio de un Estado que conserva la capacidad de decidir quién puede ingresar. La Asamblea puede expresar una mayoría, pero no siempre puede convertirla en una decisión capaz de modificar la conducta de las potencias.
En tanto, Ucrania llegará a Nueva York con una guerra que lleva más de cuatro años y continúa sin una salida política. Zelensky participará de la Asamblea, mientras Rusia estará representada por su canciller, Sergei Lavrov. Desde 2015 Vladimir Putin no asiste personalmente a este foro. Los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar un acuerdo no lograron todavía un avance decisivo: Moscú mantiene exigencias territoriales que el gobierno ucraniano rechaza y los combates continúan, con nuevos ataques rusos con drones y misiles y operaciones ucranianas dentro de territorio ruso.
La guerra también muestra el límite estructural de Naciones Unidas. Rusia conserva el veto en el Consejo de Seguridad y ninguna resolución de ese órgano puede imponerse sobre Moscú. La Asamblea puede construir legitimidad y expresar mayorías, pero no puede sustituir la negociación entre las grandes potencias.
El giro en Venezuela también llegará a Nueva York. Donald Trump se reunirá con la presidenta interina Delcy Rodríguez, meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y lo trasladaran al país, donde enfrenta un proceso judicial. Será el primer encuentro presencial entre ambos y se produce tras el acuerdo energético que otorgó a empresas estadounidenses un control mayoritario sobre parte de las reservas petroleras venezolanas. La reunión condensa así el pasaje de la confrontación abierta a una relación atravesada por intereses económicos y estratégicos.
La reconfiguración de las alianzas también se hace visible en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso esta semana abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea. La figura todavía no existe jurídicamente, pero apunta a profundizar la cooperación en defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y tecnología. El primer ministro canadiense, Mark Carney, recibió favorablemente la propuesta y planteó una alianza estratégica con Europa.
La iniciativa refleja una búsqueda de mayor autonomía estratégica en un momento de fuertes tensiones comerciales y de incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con sus aliados. Canadá y la Unión Europea, dos socios tradicionales de Washington, buscan profundizar sus vínculos en áreas estratégicas sin que eso implique una incorporación al bloque. Trump ya respondió con amenazas de nuevos aranceles.
El Reino Unido ofrece otra expresión de este reordenamiento. Escocia y Gales firmaron el Acuerdo de Cardiff para profundizar su cooperación, incluida su relación con la Unión Europea. Al mismo tiempo, los líderes de ambos países e Irlanda del Norte reclamaron el derecho de sus naciones a decidir su futuro constitucional y plantearon cambios en la relación con Westminster. Además, Trump volvió a pronunciarse a favor de una eventual reunificación de Irlanda, lo que llevó a Londres y Dublín a reafirmar su compromiso con el Acuerdo de Viernes Santo, el pacto de paz de 1998 que puso fin a décadas de conflicto en Irlanda del Norte y estableció el principio de consentimiento sobre su futuro constitucional.
La política doméstica durante los próximos meses también agrega otra capa de incertidumbre. Brasil elegirá presidente, congreso y gobernadores el 4 de octubre. En tanto Israel renovará a los 120 miembros de la Knéset el 27 de octubre, en una elección que definirá la composición del próximo gobierno y el futuro político de Benjamin Netanyahu. Y Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre sus elecciones legislativas de mitad de mandato, que marcarán el equilibrio de poder en el Congreso durante la segunda mitad de la presidencia de Trump.
En ese tablero también llega Argentina. La cuestión Malvinas vuelve a adquirir dimensión internacional mientras avanza el proyecto petrolero Sea Lion y Buenos Aires intenta elevar el costo para las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones, mientras Londres reafirmó su posición sobre la soberanía y el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales.
El petróleo introduce así una dimensión material a una disputa que durante años estuvo dominada por la diplomacia y la memoria de la guerra de 1982. Para Argentina, la Asamblea será una oportunidad para volver a instalar la cuestión en un escenario internacional que está discutiendo, precisamente, cuánto pesan todavía las reglas frente a los intereses de los Estados.
Pero la agenda de Naciones Unidas no se agota en los conflictos territoriales. La inteligencia artificial ocupa también un lugar cada vez más relevante, por su impacto sobre las economías, la seguridad y las relaciones de poder. El Consejo de Seguridad debatirá sus efectos sobre la seguridad internacional y está previsto que Sam Altman, CEO de OpenAI, participe de esa discusión.
Desde las guerras hasta los desafíos tecnológicos, la Asamblea General de 2026 pondrá en escena un sistema internacional atravesado por disputas que Naciones Unidas no puede resolver por sí sola. Su importancia estará, precisamente, en medir qué capacidad conserva el multilateralismo para generar acuerdos en un escenario donde los intereses de las grandes potencias pesan cada vez más sobre las instituciones. El problema ya no es solo cómo responder a las crisis, sino qué margen de acción tienen las reglas internacionales para ordenar un escenario en transformación.
