La rosca política no se toma vacaciones en enero. Es que el gobierno nacional quiere tener aprobada en febrero la reforma laboral y en pos de buscar los apoyos legislativos necesarios el ministro del Interior, Diego Santilli, empieza este miércoles una ronda de diálogo con gobernadores. El primero al que visitará es al de Chubut, Ignacio Torres.
Torres es integrante de Provincias Unidas, una bancada que en diciembre apoyó el presupuesto en el Senado y en Diputados tuvo una posición más ambigua: habilitó el quórum para que la sesión fuera posible, pero en la votación en general se abstuvo y se pronunció en contra del capítulo 11, que incluía las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.
En principio, entre los nombres de gobernadores que según distintas fuentes visitará Santilli no aparece Maximiliano Pullaro. El santafesino fue uno de los pocos que no estuvo en la ronda previa al tratamiento del presupuesto. Había puesto una condición para sacarse la foto con el ministro del Interior: un compromiso nacional para solucionar el problema de la deuda por fondos previsionales que tiene Nación con la Provincia y obras de infraestructura.
La postura actual es la misma. Está dispuesto a recibir a Santilli, pero sostiene los planteos ya mencionados y, en el caso de la reforma laboral –que el pullarismo entiende necesaria–, suma el pedido de que se contemple las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
A la par, el del gobierno nacional no es el único lobby. También la CGT activa contactos políticos, entre ellos con los gobernadores y también con sectores del gobierno como el de Santiago Caputo, con una certeza: no hay margen para evitar la sanción de una reforma laboral, sí para modificar un proyecto oficial que ataca desde la fuente de financiamiento de los sindicatos hasta el derecho a huelga, pasando por una brutal transferencia de recursos del trabajo y la seguridad social al capital, el nudo de la iniciativa.
Las eventuales modificaciones las negociará, del lado del gobierno, el mismo tridente que piloteó la aprobación del presupuesto: Martín Menem en Diputados, Patricia Bullrich en el Senado y el ministro del Interior, Diego Santilli, con las provincias. Para tener mayoría propia en ambas cámaras, el oficialismo necesita sí o sí el respaldo de una parte importante de la oposición dialoguista.
Se espera que en la reunión de este miércoles Torres vuelva a plantear el reclamo por una deuda de más de 51.000 millones de pesos que la Ansés mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia desde 2017.
Pero desde la Casa Rosada sostienen que el tema a hablar es otro: la reforma laboral. El mensaje es claro: no hay respuestas para reclamos como los que tienen Santa Fe y Chubut. En el caso del presupuesto, la moneda de pago a las provincias que garantizaron su aprobación, entre ellas algunas con gobernadores peronistas como Catamarca, Salta y Tucumán, fueron millonarios envíos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En cuanto a quiénes serían los próximos interlocutores de Santilli, en la lista aparecen aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además de los peronistas que ya apoyaron el presupuesto.
Mientras fuentes de la Casa Rosada hacen saber que están dispuestos a introducir cambios que puedan solicitar los aliados, también la CGT tiende puentes con los gobernadores.
La central obrera tiene una lista de cuestionamientos al proyecto oficial, entre ellos la eliminación de la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación y la limitación de las cuotas sindicales y la ultraactividad.
