¿Por qué decimos que Argentina es un país económicamente impredecible si sobran las certezas? Por ejemplo, sabemos muy de antemano que en diciembre siempre se corta la electricidad. Sin importar quién esté al mando en el gobierno provincial, cuando llega el fuerte calor la EPE hace aguas en Rosario. El récord histórico de demanda de energía, que fue real por los picos de temperatura de la semana, no es argumento válido para justificar los cortes, porque la falta de suministro se empezó a registrar ya en noviembre antes de la ola de calor de esta semana. Y que sólo haya sufrido cortes el 5% de los usuarios del Gran Rosario es un dato real para la estadística, pero que no le sirve a quienes se pasaron días sin luz.
A ver, cualquier comerciante de Rosario (tanto del centro como de los barrios) sabe que en diciembre -un mes en el que, justo, se juega buena parte de sus ventas anuales- pasará muchas horas sin poder trabajar por los cortes de electricidad y hasta con riesgo de perder stock si es perecedero. ¿Dónde está el imprevisto? Imprevisto sería que la luz no se cortara en diciembre. Ironía aparte, sufrir cortes como los de esta semana en Rosario es un verdadero calvario. Por eso el análisis obliga a no quedar enredado en el juego partidario de oficialismo y oposición.
No se equivoca el socialismo cuando pone el dedo en la llaga y, con los propios números oficiales del gobierno provincial, advierte que a septiembre la EPE tenía ejecutado el 49% de la inversión proyectada para todo el 2022. Para peor, mientras que el presupuesto 2022 planteaba una recaudación de $86.400 millones, hacia el 30 de septiembre le habían ingresado $82.200 millones por el aumento de tarifas. “A este ritmo, un tercio de los fondos presupuestados no se va a invertir”, advirtió la diputada Clara García cabalgando sobre una de las marcas del gobierno provincial: invertir menos de lo presupuestado pese a que ofrece prestaciones muy deficitarias, por ejemplo en seguridad.
Pero revisando los números de la EPE surge que la ejecución presupuestaria en la empresa provincial de energía durante el socialismo no superó el 70% de lo presupuestado, sobre todo en 2018/2019 que orilló el 65%. Y en materia de suba de tarifas, entre 2015 y 2019 (gobernación del socialismo), la tarifa de la EPE subió promedio (comercial, industrial y residencial, excluido grandes usuarios) un 480%, cuando en los tres años de la gestión actual el aumento fue del 260%.
Fuerte tarifazo el socialista, y eso que la inflación actual es mucho mayor, y para colmo el Covid y la guerra en Ucrania encarecieron insumos. Y la causa de la fuerte suba entre 2015 y 2019 hay que buscarla por el aumento de costos en la provisión mayorista que habilitó el gobierno de Cambiemos al eliminar los subsidios nacionales. Pese a eso, los referentes provinciales del PRO critican sin despeinarse a la actual gestión.
Acá no hay buenos, ni malos. Claramente, hay una situación estructural deficitaria en materia de infraestructura energética que excede lo que ocurrió en los tres años de Omar Perotti o en los 4 años de gestión de Miguel Lifschtiz. Tiene que ver con una ya crónica desconexión entre los niveles de inversión efectuada en infraestructura y las necesidades de la creciente demanda.
Según la Cepal, para que no haya una brecha creciente entre oferta y demanda se necesita por lo menos un nivel de inversión en infraestructura de entre el 15 y el 20% de los presupuestos públicos anuales de las provincias. Pero en Santa Fe en los últimos 20 años se alcanzó ese porcentaje solo en dos años: en el 2006 y en el 2013. Sólo dos años en 20. Eso lo dice todo. ¿Ya nivel nacional? Según la Cepal, la inversión anual en infraestructura (nueva y mantenimiento) en los países debe ser de entre el 5% y el 6% del PBI, pero en la Argentina en los últimos 20años nunca superó el 2% del PBI. Con esa baja inversión nacional y provincial en décadas, ¿cómo no se va a cortar la luz en verano, el gas en invierno y las conversaciones telefónicas todos los días? Es previsible al 100%.
1)
Ya que arrancamos con el tema de la infraestructura, sigamos por ese costado porque “algo huele mal en Fisherton”. Resulta que ya en noviembre en toda esa zona del noroeste rosarino hubo cortes de luz y agua, y también bajas en tensión y presión.
Pero además entre las coquetas residencias del barrio Aldea las cloacas se están desbordando con todo el riesgo sanitario y lo poco grato del olor. Y no es un tema de fácil resolución por parte de Aguas, pese a que sume bombas de potencia. El problema está en el diámetro de la cañería ya que la sección de los caños fue hecha pensada para una cantidad menor de habitantes de la actual. Cambiar caños para colocar nuevos con un diámetro más grande es sustancialmente más costoso y además insume un tiempo de obra mucho mayor. ¿La situación se va a agravar cuando se sumen a la precaria infraestructura las nuevas conexiones de los grandes condominios ya en construcción y los proyectados ahora que se aprobó la nueva normativa para las nuevas urbanizaciones en la zona?
2)
La infraestructura cruje y la inversión en infraestructura es urgente. Pero, si hay un caso que hoy está generando ruidos sobre urbanizaciones e infraestructura es la urbanización de 70 hectáreas que un grupo inmobiliario proyecta frente al Kentucky (Funes) integrado al complejo deportivo Estancia Damfield.
El desarrollo tiene el ok de la Municipalidad (siempre que antes sea aprobado por la Provincia y deberá pagar un millón y medio de dólares para obra pública), pero el debate que se armó es por la localización del proyecto: la zona que hoy ocupa la laguna derivada de la presa retardataria del Arroyo Ludueña.
Es más, un informe del Centro Universitario Rosario de Investigación Hidroambientales y Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que viene trabajando en tema de la represa desde 1983, rechazó la posibilidad de que se realicen allí asentamientos urbanísticos.
“En nuestro criterio el territorio con afectación de embalse no debe ser ocupado por asentamientos humanos permanentes”, dice. “No se trata solo de una zona con amenaza de inundación, sino que se trata de un territorio afectado a un embalse destinado al almacenamiento temporario y lento drenaje para atención de crecidas”, agrega y fundamentan su rechazo por “la peligrosidad de sobreelevación por acción del viento, elevadas permanencias de los niveles dentro del embalse, degradación hidro ambiental de la zona del embalse y aumento de amenazas de hipótesis de riesgo de rotura de presa”.
En este tema, claramente, la interna política de Funes metió la cuña (porque la oposición le quiere pegar a la Municipalidad) y también emergen diferencias entre los modelos de negocios entre los desarrolladores empresarios que operan en la zona. Pero más allá de eso, la pregunta es: ¿Hidráulica de la Provincia autorizó ese emprendimiento? Y sin esa autorización, hay que recordar, no se pueden escriturar los lotes que allí se compren.
Consultamos a la dirección del gobierno provincial, y la respuesta (por escrito) fue la siguiente: “La Provincia extendió lo que se llama Certificado N°1, que autoriza a hacer el proyecto de un emprendimiento en el lugar. Dicho Certificado solo autoriza a hacer el proyecto. No está autorizada ninguna acción de ningún tipo. Es decir, no pueden intervenir en el lugar, no pueden vender, no pueden hacer movimientos de suelo. Lo único que pueden hacer es el proyecto y presentarlo, y a partir de ahí ver si se autoriza o no”. Es más, desde la Provincia informaron que “se intimó a la empresa dos veces para que dejen de intervenir en el lugar, acción que fue acatada por la compañía. Y, según verificaciones, ahora ya no se está haciendo nada”.
3)
El desarrollador inmobiliario hace cuentas, pero el resultado que arrojan no le cierra. Tiene una opción de compra por 20 hectáreas en Nuevo Alberdi, pero no vislumbra el negocio. Y no es al único empresario al que le ocurre: a un año de la sanción de un nuevo marco normativo que ordenó los usos del suelo de esas 500 hectáreas del noroeste de la ciudad, el área que fue designada para recibir desarrollos privados no atrajo inversión alguna.
Y no lo hizo porque el mercado inmobiliario esté frenado. Todo lo contrario. En ese lapso salieron al mercado muchos emprendimientos en todo el Gran Rosario. Ni el cepo de 300 días para la habilitación de nuevas urbanizaciones en Fisherton, Aldea, Hostal y San Eduardo activó proyecto alguno en Nuevo Alberdi. No es que falten empresarios que merodean la zona (Pilay, por caso, tiene una gran cantidad de hectáreas allí compradas), sino que aseguran que las exigencias para construir complican el negocio. A ver....
La cuenta que hace el desarrollador, con obras en Fisherton y el macrocentro de la ciudad, es la siguiente: de las 20 hectáreas que compraría si ejerce la opción, le quedarían limpias para lotear 6 hectáreas, luego de cumplir con las donaciones de tierra para el Municipio, para las obras de infraestructura y para las áreas públicas. El valor del m2 es de 60 dólares y al sumarlo los algo más de 30 dólares por el costo de infraestructura (hay que llevar todos los servicios a una zona en la que no hay nada), le da que para que sea negocio armar un desarrollo inmobiliario el m2 lo debería vender a unos 120 dólares. “Es el mismo precio al que podés comprar hoy un m2 en uno de los nuevos barrios privados de Funes. Imposible competir. El que tiene esa plata se va para Funes, que además tiene barrios cerrados y mayor seguridad”, compara el empresario.
Pero el intendente Pablo Javkin -promotor entusiasta del plan de integración socio urbana de Nuevo Alberdi- no se desespera ante la falta de radicaciones inmobiliarias en esa zona. Reconoce que la escasez de infraestructura encarece los desarrollos, pero apuesta a que el año que viene (con el avance de obras públicas en marcha y otras proyectadas), empiecen a madurar proyectos en danza. “Las primeras urbanizaciones no serán de 20 hectáreas, van a ser más grandes, de 80 hectáreas”, le dice a este cronista confiado en que esa zona se poblará.
4)
Javkin no sólo confía en que en 2023 madure Nuevo Alberdi. También estima que este jueves, en su última sesión del año, el Concejo apruebe su proyecto de crear una desarrolladora propia (en forma de sociedad estatal) para apurar las gestiones en las urbanizaciones de barrios populares, una exclusiva de este medio hace 15 días.
Todo indica que tiene los votos, pero hay temas no menores para debatir. Por ejemplo, la naturaleza del "fondo de asignación específica “que fondeará a la nueva sociedad. ¿Por qué no mejor crear un Fondo Fiduciario y que la desarrolladora estatal sea la administradora logrando así que su presupuesto quede fuera de cualquier intento posterior de cambiarlo de destino? Otra alternativa en danza es que ese fondo fiduciario capte dinero proveniente de otras compensaciones, por ejemplo, las que provienen de las transgresiones al reglamento de edificación. En definitiva, que toda compensación que un privado pague al Municipio vinculada a la vivienda vaya directamente ahí y no tenga como destino otras áreas.
Con todo, más allá de debatir sobre la burocracia necesaria para combatir la burocracia, los desarrolladores inmobiliarios deben prestar atención a un proyecto de decreto que acaba de ingresar al Concejo de la mano del edil Martín Rosúa. ¿Qué dice? Que el Concejo sólo disponga de 4 sesiones ordinarias para aprobar o rechazar los convenios urbanísticos que la Municipalidad acuerda con empresarios para grandes desarrollos. De esa forma se evitaría que se repitan casos como el del complejo de viviendas que Aldo Lattuca proyectó para Corrientes y Córdoba y que estuvo esperando meses para su aprobación, pero cuando los ediles le dieron el visto bueno la situación económica ya no era la óptima y el centro de Rosario se perdió la inversión. Acelerar la burocracia, de eso se trata. Y a los concejales, que luego lloran porque el "centro se queda vacío".
La “perlita” del Concejo la dejamos para el final: todo indica que el jueves se aprobará el acuerdo entre la Municipalidad y Sancor Seguros/Obring para levantar el primer rascacielos de Rosario, la segunda torre más alta del país que se proyecta en Puerto Norte y que activará una millonaria inversión privada para la ciudad. Y este sería el primero de los dos desembarcos en Puerto Norte del que hicimos referencia en el título.
Ya que estamos con los ladrillos, ¿y la licitación para las refacciones del Monumento a la Bandera? Formalmente, el proceso figura como “suspendido” luego de que la oferta más baja presentada (luego de varios llamados sin interesados) sea, por la alta inflación, bastante superior al monto presupuestado. Pero ni la constructora rosarina que realizó esa mejor oferta ni la Municipalidad de Rosario recibieron hasta ahora llamado alguno del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, quien licita las obras, para contarles si el proceso se cae o si sigue para adelante. Rosario, parece que no siempre está cerca.
Para terminar el repaso por este sector, la Delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción homenajeó el viernes la memoria del ingeniero Gustavo Gardebled, quien fuera presidente de la entidad por 12 años.
Con la presencia de familiares de Gardebled, la comisión directiva en pleno de la entidad procedió a nombrar al Salón Auditorio de la Delegación con su nombre. Precisamente, su esposa, Alicia Gardebled, junto al Federico Lufft (presidente de la Comisión que sucedió a Gustavo) descubrieron una placa que sella la nueva identidad de dicho salón.
5)
Vuelta de página. Vamos al puerto de Rosario que la situación está que arde. Juan Manuel Ondarcuhu (Servicios Portuarios) y Javier Cervio (Bolsa de Comercio de Rosario), los dos flamantes directivos que sumó el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), no tendrán tiempo de acomodarse en la entidad ya que el titular del ente de control, Guillermo Miguel, convocó a una reunión de urgencia el lunes para analizar el conflicto en Terminal Puerto Rosario (TPR)
El paro es total en la concesionaria de los muelles I y II por un conflicto paritario con el gremio de los estibadores (Supa) que salió sin éxito de la conciliación obligatoria, pero esa es sólo la punta del iceberg.
El tema central, como venímos contando en esta columna, es la puja por quién financia las urgentes inversiones en infraestructura que necesita el puerto. Y el futuro de la concesión a la empresa TPR, a la que le quedan 10 años, está en juego. Según supo Rosario3, el sindicato va a pedir formalmente la salida de TPR (formada por la santafesina Vicentin y la chilena Ultramar) argumentando que sobran los fundamentos legales por reiterados incumplimientos al contrato de concesión. La tensión sigue escalando.
6)
Ya que hablamos de Vicentin, el sábado publicamos que el directorio que estaba al frente de la aceitera al momento de su millonario default volverá a sentarse en el banquillo de los acusados del Centro de Justicia Penal el próximo 21 de diciembre.
Esa es la fecha para la audiencia en la que el fiscal a cargo de la unidad de Delito Económicos Complejos, Miguel Moreno, ampliará la imputación a los ejecutivos al acusarlos también de integrar una asociación ilícita. Los directivos ya están imputados por estafa, defraudación, presentación de balances falsos. Y la complicación del frente penal tiene un impacto directo en el concurso de acreedores, ya que La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le recomendó al juez de la convocatoria, Fabián Lorenzini, que no se desentienda de lo que ocurre en el fuero penal.
El datito que queremos aportar ahora es que Bunge, una de las tres interesadas en quedarse con VIcentin (en alianza con Viterra y ACA), cerró contratos de fazón (en dos turnos) con la empresa del grupo llamada Renopack, que -constituida- en 2018 hace fraccionado y envasado de aceites. Según se comenta, los términos comerciales acordados serían muy beneficiosos para Bunge. Y a diferencia de ACA, que tiene contratos de fazón muy baratos con Vicentin en la planta de San Lorenzo porque es su principal acreedora comercial, Bunge los consiguió sin haber quedado enganchado entre los acreedores. Pura ganancia para la multinacional.
7)
Fueron muy comentados en el Centro de Justicia Penal los disturbios que protagonizaron esta semana allegados al financista Patricio Carey durante la audiencia imputativa que tuvo como saldo el dictado de su prisión preventiva por 90 días. Hubo insultos y presiones al personal judicial, sobre todo a mujeres, que obligaron a la jueza Melania Carrara a que en el segundo día de reunión se les prohíba la entrada. Un papelón. De cuarta.
El personal judicial comparó las apretadas recibidas con el comportamiento respetuoso de allegados a los financistas Luis Herrera, Ángel Torti, Juan Carlos Guardatti (e inclusive de todo el directorio de Vicentin), que también sufrieron al ver a sus familiares presos.
Y ya que hablamos de Guardati Torti, hay novedades. La empresa ya tiene casi cerrada la venta de sus oficinas en el piso 13 de la torre Nordlink (Puerto Norte) a Sidersa. Así se lo informó el abogado de la malograda agrofinanciera, Sebastián Capucci, al juez del concurso. “La oferta de compra de los inmuebles es por la suma de u$s 1.100.000 pagadero en pesos al tipo de cambio que tengan en el mercado al día del efectivo pago el dólar MEP”, informó el letrado sobre el acuerdo alcanzado. Y el de Sidersa es el segundo desembarco en Puerto Norte del que hacemos referencia en el título de la nota
El precio será abonado en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas y la oferente propone escriturar en forma inmediata una vez obtenida la autorización judicial y en dicha fecha abonar la primera cuota y tomar posesión con el 40% del precio pagado, concediendo a la concursada un préstamo de uso gratuito por cuatro meses.
Capucci también solicitó al juez del concurso la autorización para vender en próxima fecha las acciones del mercado de futuros MAtba-Rofex que tiene la empresa en su patrimonio. El producido de ambas ventas irá para pagar a los acreedores.
Y ya que nos metímos en el capítulo judicial, vamos a embarrarnos hasa el cuello. Esta semana fue noticia la desarticulación que hizo la Justicia Federal (la Fiscalía Federal 2, a cargo de Claudio Kishimoto, y la Procuraduría de Narcocriminalidad, a través de su titular Diego Iglesias el auxiliar fiscal Matías Scilabra) de la banda de cuatro "chicos bien" que vendían drogas sintéticas y que quedaron detenidos luego de que en los allanamientos en Puerto Norte y en viviendas céntricas les encontraran 4 mil pastillas de éxtasis, entre otras drogas para consumos en fiestas.
El dato es que se aprestaban a abrir un bar en plena costanera. Se trataba de Nativo River and Food, en Pedriel y Carrasco. Si bien como luce en la foto (tomada el viernes), el bar todavía no estaba para abrir, en sus redes sociales hablaban de inminente apertura.
Además de convertirse en un nuevo caso de narcos invirtiendo en bares de la ciudad, una realidad que mancha injustamente a los empresarios gastronómicos de buena ley y honra que tiene Rosario, surge una pregunta: ¿la tan mentada agencia anti-lavado que armaron la Municipalidad y el Concejo no vio lo que estaba pasando? ¿Su función no es, precisamente, advertir a las autoridades (como la UIF) cuando hay sospechas de los fondos que están invirtiendo en la ciudad cuando van a pedir habilitaciones? ¿Qué pasó?
A no rasgarse las vestiduras, que todo tiene su explicación. Primero, la agencia todavía está en fase de preparación del personal de todas las áreas del municipio involucradas (el plazo es de 180 días). Pero lo más importante es que Gustavo Zignago, secretario de gobierno municipal, vino estando en comunicación con la fiscalía federal en la cocina de los procedimientos.
Al parecer, la habilitación para el bar habría sido pedida antes de la vigencia de la nueva norma anti-lavado. Pero además, las autoridades municipales habían acordado con las autoridades judiciales bloquear cualquier avance administrativo para evitar la apertura del bar; todo esto conversado en la previa a los allanamientos.
8)
Ahora vamos por una linda historia que mezcla mercado de granos con el avance de la tecnología. Resulta que el mercado de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario fue hasta la pandemia el último recinto de operaciones presencial (cara a cara) que había en el sistema bursátil argentino, y uno de los pocos de América latina. La existencia de ese “piso”, como se le dice en la jerga, siempre fue un elemento distintivo de Rosario como plaza concentradora de la industrialización, la logística y el comercio de granos.
Y si bien por el avance de la tecnología en comunicaciones, el grueso de los negocios ya se venía haciendo en forma online (whatsapp, plataformas, teléfono), hasta la cuarentena estricta el recinto conservaba cierto nivel de actividad. Pero luego de la pandemia quedó totalmente desierto.
Pero este lunes 12 de diciembre a las 13,30 el Centro de Corredores de Rosario pone en marcha un plan que viene tejiendo desde hace meses para que “los negocios vuelvan al piso” considerando que la presencia física de operadores le aporta un plus a la comercialización. La idea del Centro es la siguiente: que todos los días a partir de las 13,30 los operadores asistan al piso para hacer negocios por un plazo, en principio, de una hora.
Pero para que los corredores concurran debe haber clima de negocios. Y las “vedettes” que pueden motivar a los operadores a dejar las oficinas para ir al edificio de la Bolsa en Paraguay y Córdoba son los grandes compradores de granos.
Fue así que las autoridades del Centro, encabezados por Daniel Boglione, vinieron realizando en los últimos meses reuniones privadas con los principales exportadores y aceiteros (Cofco, Cargill, Dreyfus, Viterra, Molinos, etc) para interesarlos en la idea de volver al piso. Y aseguran haber recibido el visto bueno de las empresas, al menos para el arranque de la iniciativa. Y por eso comprometieron la presencia este lunes.
Para el Centro de Corredores, la negociación cara a cara entre compradores y vendedores permite un mejor conocimiento del real estado del mercado (en ambas puntas) que redunda en mejoras para la comercialización tanto para la oferta como para la demanda.
¿Estamos frente a una patriada nostálgica cuyo resultado negativo está cantando? ¿Es un acto reflejo de operadores que no quieren perder lo que en el pasado fue su lugar de trabajo; lo que les daba identidad? ¿Se puede correr contra el avance tecnológico? ¿O existe margen de convivencia y potencialización en los mercados entre la operación digital y el contacto presencial?
Los corredores aseguran que no los inspira la nostalgia sino que están convencidos de que vale la pena el intento de dinamizar el recinto porque eso le genera ventajas comerciales diferenciales a la plaza Rosario.
En líneas generales, los grandes exportadores de granos coinciden con ese diagnóstico y por eso se sumaron a la iniciativa, pero también tienen sus reparos. Y no lo ocultan. Es que la productividad de sus operadores en las oficinas es mayor y además, en muchos casos, sus operadores prefieren el home office y no les hace gracia alguna tener que ir al centro. Con todo, esta semana asistirán. ¿Y las próximas? Eso dependerá del resultado de la movida.
La pérdida de gravitación y desaparición de los recintos en las Bolsas como lugar de encuentro es un proceso que viene desde la década de los noventa. Y el reemplazo del “voceo” por el comercio electrónico fue sólo el puntapié inicial de una tendencia ya asentada de operaciones bursátiles que directamente realizan algoritmos. No en vano se dice que el corazón de Wall Street ya no está en el reciento de operaciones de la Bolsa de Nueva York sino en los modernos procesadores que tiene en depósitos en Nueva Yersey.
Como sea, la iniciativa rosarina no es cosa de románticos. En otros mercados, como la Bolsa de Metales en Londres, que fue la última en tener un piso de operaciones a viva voz en Europa, también se discute la cuestión. Esa plaza bursátil, que sólo había estado cerrada en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que cerrar en 2020 por el Covid. Al principio, todo parecía correr sobre ruedas, sobre todo porque vía plataformas electrónicas se empezaron a hacer mayor cantidad de operaciones. Pero ahora se debate su reapertura ya que aparecieron dificultades en la operación electrónica para acordar cuestiones no estandarizadas y eso le está quitando fluidez al comercio real de los metales
Y es que cuando se trata de acuerdos que “hay que armar en el mostrador” (por ejemplo, en materia logística, como en metales y granos) a diferencia de valores totalmente estandarizados (como puede ser la compra de una acción o un bono), la negociación cara a cara siempre es necesaria.
9)
Vamos por el lado de la industria. El viernes se realizó un coctail fin de año conjunto de la Federación de Industriales de Santa Fe, la Federación Gremial del Comercio y la Industria, la Asociación Empresaria de Rosario, la Unión Industrial de Rosario y la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Fue en La Fluvial y asistieron el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, entre otros funcionarios.
A la hora de los discursos, los industriales respaldaron el rumbo productivo del gobierno nacional. Y también las políticas de apoyo locales y provinciales. El dato a destacar es que que con perfiles productivos similares, la dirigencia industria santafesina sostiene los trazos grueso del modelo nacional mientras que unos días antes el bautizado “Grupo de los Seis” de Córdoba (que reúne a la principales entidades empresarias de la docta) se despachó en un evento similar con furiosas críticas al gobierno nacional y pronósticos agoreros.
Víctor Sarmiento, titular de Fisfe, no desconoció que en el último bimestre la industria aminoró su ritmo de crecimiento y que se incrementaron los problemas de abastecimiento de insumos importados, pero no sólo que les quitó dramatismo sino que priorizó las políticas de apoyo a la industria que llegan desde la Casa Rosada para el sector fabril. Y además resalto que en 2022 muchos sectores superaron los niveles de la crisis que se inició en 2018 y pronostico un 2023 de crecimiento, más moderado, pero crecimiento industrial al fin.
La postura de la dirigencia santafesina (el “menos oficialista” fue el titular de Federación Gremial, Edgardo Moschita, pero que tampoco desentonó) no está desconectada de lo que piensan los industriales, pero cuando más bajas a “las bases” (para usar un término político), los que están en las trincheras diarias del trabajo no dejan de advertir que los inconvenientes con los insumos importados son cada vez más urgentes. También revisando planillas de ventas advierten que la demanda aminora.
Un caso emblemático es el de la maquinaria agrícola, que tiene su centro productivo en la zona de Armstrong y Las Parejas. Luego de un 2022 a puro récord de actividad y ventas, la cámara de fabricantes está advirtiendo una caída del 70% en las ventas para el año que viene. Eso sin contar los problemas de abastecimiento de insumos.
¿La razón? El impacto de la sequía. Un terrible problema que tendrá nuestra economía el año que viene y que en las ciudades no se termina de entender la gravedad. Ahora: ¿Qué pasará en la economía cuando faltan 10,6 millones de toneladas de trigo como ocurrirá en esta campaña por la crisis hídrica? El economista Adrián Gutiérrez Cabello, de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, le puso cifras: implicaría una baja de 0,6% del PBI y se dejarían de percibir divisas por 6.000 millones de dólares.
Para bajarlo más a tierra: esa cantidad de toneladas perdidas equivalen a 53.333 viajes en camión (ida y vuelta) que no se realizarán por lo que bajará la facturación de las empresas de transportes, de quienes prestan servicios logísticos, de quienes venden combustible, de los talleres mecánicos, de los vendedores de repuestos, etc.
Y como si la ola de calor fuera poco, la tormenta del fin de semana pudo haber traído algo de alivio a los suelos por el agua caída, pero dejó destrozos como estos que mostramos en las fotos registradas por el productor agropecuario Patricio Quinos en El Trébol (Santa Fe) y en Río Primero (Córdoba).
Atención que para distribuir la “renta del agro”, primero tiene que haber “renta”. A tomar nota.
10)
Llegamos al final. Y lo vamos a hacer, como nos gusta, con buena onda. Es que días atrás celebró sus veinte años Rosario Fiduciaria (Rosfid), la empresa del Mercado de Valores MAV y el mercado de futuros Matba-Rofex, con un coctail en la terraza del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio, bautizado Armonía. Y vaya que tenían mucho para festejar porque en la actualidad ya son el tercer fiduciario a nivel nacional en cuanto a cantidad de emisiones y principal fiduciario no bancario del interior del país.
Sus números son interesantes: contribuyeron al financiamiento de más de 80 empresas en el mercado de capitales, a través de 266 emisiones, por un valor nominal de 30.700 millones de pesos y 120 millones de emisiones en dólares de las cuales el 32% se vinculan directa o indirectamente con el segmento agro y a otras ramas de la producción. Y hay más: hoy tienen 18 programas individuales vigentes por más de 464 millones de dólares y más de 40 operaciones privadas abiertas por un monto de 2.600 millones de pesos y 25 millones de dólares.
Pero hay dos datos que nos gusta resaltar. A uno hizo referencia el titular del MAV, Alberto Curado, en su discurso.
Resulta que el MAV siempre tuvo la mayoría accionaria ya que fue el promotor del Rosfid. Pero cuando el Matba-Rofex, con una mayor espalda financiera y una ADN expansivo en todo el ecosistema bursátil, quiso pasar a ser el accionista mayoritario, se tejió un entendimiento institucional que resultó a la luz de los acontecimientos exitoso. Es que el MAV conservó la mayoría accionaria (atento que es una empresa cuyo servicio es a pedir de sus agentes bursátiles), pero le cedió la conducción del management al Matba-Rofex, que colocó en la presidencia a uno de sus destacados ejecutivos como lo es Gustavo Rodríguez. Un tipo de integración en la que todos ganaron, y que además permitió seguir avanzando en la profesionalizacion del management.
Y el otro dato a destacar, que nos entusiasma resaltar y que quedó muy claro en el coctail se puede ver con claridad en la foto. Y es que una imagen vale más que mil palabras.
El caso de Rosfid sirve para resaltar lo saludable de la creciente participación de mujeres profesionales en el staff de las empresas financieras. Una mayor injerencia femenina que se está registrando a pasos agigantados en el sector.
En Rosfid, por ejemplo, hay 15 personas trabajando y 10 son mujeres. Ocupan dos de las tres gerencias y dos de los tres cargos de la Sindicatura, por nombrar algunos de los puestos de relevancia ejecutiva que ocupan. Y lo saludable de todo es que son mujeres profesionales que llegan por mérito y no por cupos o apellido. Todas haciéndose un lugar en las empresas a fuerza de talento y trabajo en un ámbito que hasta no hace mucho era casi exclusivo de los hombres.
