El domingo la Aduana difundió un comunicado de prensa que investigaba a siete cerealeras por sobre facturar importaciones de poroto de soja, pero la presentación levantó muchas suspicacias en el mercado de granos porque no aclara cuándo se realizaron las supuestas maniobras (que fue en 2022) y además porque ocurre justo ahora cuando la Afip bloquea todo pago de importaciones y lleva a la parálisis de molienda y exportación, condicionando así al próximo gobierno.

Según informó la Aduana, la maniobra consistió en importar la mercadería directamente desde Paraguay, con "refacturaciones" de intermediarios radicados en otros países. La exportación documentada con intermediarios en Suiza, se hacía a u$s473 la tonelada de poroto de soja que salía desde el país vecino, pero se importaba a Argentina para procesarse a u$s625.

"Nada puede explicar la comisión mayor al 30% que cobra el intermediario respecto de la mercadería adquirida en Paraguay:¿Por qué no comprarle directamente al proveedor paraguayo a un valor 25% menor? Se presume que el verdadero objetivo de la maniobra es fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial. En total hay más de 3.000 operaciones bajo análisis", señaló la Aduana.

Para el organismo de control, "la sobrefacturación de las importaciones les permitió a las empresas investigadas deducir casi USD 4 millones más de lo que correspondía", ya que compra el valor declarado total (u$s 16.210.925,41) con el valor real (u$s: 12.312.279,05).

Las empresas que están en la mira son Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata), Viterra Argentina SA. El próximo miércoles se determinará y notificará a cada una la multa, según informó Aduana. 

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) se defendieron a través de redes sociales explicando que todas las operaciones se ajustaron a la normativa de importación temporaria vigente

“El decreto 1330/2004 establece condiciones para la importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países. Este régimen permite a Argentina importar soja en momentos de escasez local, procesarla con empleo industrial argentino y exportar al mundo productos con mayor valor agregado. Una estrategia clave para nuestra economía. Los cuestionamientos de la directora General de Aduanas carecen de base, sin constancia en las empresas exportadoras. Los valores declarados se ajustan a las condiciones normales de mercado en el país de origen y de procesamiento”, indicaron.

“Inventar investigaciones contra empresas que invierten, generan empleos y divisas genuinas solo genera incertidumbre y pone en riesgo puestos de trabajo y flujos de exportación. Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria, pilar del país y parte central de la transformación productiva y exportadora que necesita Argentina”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la entidad. Agregó: “En lugar de sembrar dudas, apoyemos a sectores clave para el desarrollo económico del país”.

Es fundamental, explicar que, para aprovechar ventajas impositivas, las exportadoras no tienen sus oficinas dedicadas al comercio exterior en los mismos países en los que tienen sus plantas de procesamiento. Sus "traders", para decirlo en la jerga a las empresas que compran los productos en países de origen y los venden en los países que lo demandan, están instalados en naciones de baja tributación, como Uruguy y Suiza, para que todos los movimientos comerciales tengan menos costo impositivo. Por eso, una operación entre países limítrofes aparece intermediaria por un broker europeo.

Quejas de acopiadores

El que tiene con Aduana no es el único frente abierto que tienen los exportadores de granos. Es que en el mercado interno, la Federación de Entidades Acopiadoras de la Argentina emitió un duro comunicado porque los acusa de estar ingresando dólares liquidados al nuevo tipo de cambio oficial para la exportación pero pagando el grano en las operaciones fowards a un tipo de cambio más bajo

"El primer día hábil de esta semana (21/11) se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto N: 597/23 que prorroga al N: 549/23 (publicado el 23/10), que contenía el Programa de Incremento Exportador (PIE). Esta normativa fijó un contravalor liquidable a un 50% del precio según el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y con el 50% restante el exportador debe concretar operaciones de compraventa con valores negociables adquiridos en moneda extranjera y vendidos con liquidación en moneda local (Contado Con Liquidación). Tras su implementación, crecieron notablemente las consultas sobre la forma de liquidar los contratos con liquidaciones pendientes hasta el 10 de diciembre", arranca el comunicado.

Ante esa situación, la Federación de Acopiadores informó a sus asociados que la posición de la institución es la misma que hizo pública por estas horas el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, que ratificó que ese tipo de cambio impuesto por la norma es el que debe adoptarse con independencia -en principio- con lo que hubieran contratado literalmente las partes cuando sólo existía el tipo de cambio oficial.

“Esas razones elementales de equidad contractual lo determinan, ya que el comprador que recibe dólares que vende a un tipo de cambio de $650 aproximadamente, no debe otorgar como contraprestación al vendedor interno un valor de $356, con la injusticia asimétrica que ello representa”, señalaron desde la Federación.

En ese sentido, los acopiadores adelantaron que realizarán gestiones para que la Bolsa de Cereales instrumente un sistema de consulta a la Cámara Arbitral que asegure esta definición, pero en lo inmediato aconsejan impugnar toda liquidación realizada por corredor/comprador que no se ajuste a estos parámetros liquidatorios y prevenir, de tal modo, un eventual reclamo individual posterior.ç

Ante esta situación, la semana pasada CRA había recomendado a los productores no entregar el trigo en condición foward hasta que no cambie el gobierno y unifique el tipo de cambio.