Luego de una semana de fuertes cruces de documentos entre las dos dragadoras internacionales que compiten por quedarse con la concesión de la hidrovía, los exportadores de granos le pidieron al gobierno nacional que concrete la adjudicación.
Según supo Rosario3, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) le solicitó por escrito al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que adopte las medidas necesarias para concluir “de manera prioritaria y definitiva” los procesos de adjudicación de la vía navegable troncal, actualmente en etapa final de pre adjudicación.
Las entidades empresarios enumeraron una serie de fundamentos jurídicos sobre la necesidad de concluir la adjudicación advirtiendo que el marco normativo vigente establece con claridad la obligación del Estado Nacional de avanzar hacia un esquema concesionado definitivo.
Según argumentaron los exportadores agroindustriales, la prolongación indefinida del esquema transitorio contradice el espíritu de los decretos mencionados y genera incertidumbre regulatoria incompatible con un servicio público esencial.
Pero además de pedir que se concrete la adjudicación -en la carrera terminó primera la belga Jan de Nul, junto con la argentina Servimagnus-, CIARA y CEC piden la resolución de un tema crucial que se venía conversando por lo bajo pero que el cruce de la semana pasada entre las dragadoras expuso de manera pública: el cobro del IVA a las empresas dragadoras y su impacto negativo en el costo del peaje.
La situación es la siguiente. El peaje internacional está exento de IVA, pero el problema es que la dragadora cuando compra, por ejemplo, máquinas o combustibles paga el IVA que luego no puede descargar. En la licitación de los 90, el problema era que por esta situación el dragador acumulaba grandes sumas de crédito fiscal, que nunca le devolvieron. En 2008, el gobierno nacional decidió que la dragadora no facture sus compras como IVA exento sino que los pase directamente a costo. Esa decisión le significó un alivio al gobierno nacional, pero no a los usuarios de la hidrovía que siguen sufriendo el incremento del costo del peaje.
Es por eso que en la carta de CIARA-CEC a Caputo, los empresarios insisten con la necesidad de formalizar la exención del IVA en los servicios de dragado y balizamiento. Para los exportadores, resulta tan prioritario como avanzar en la adjudicación que el Poder Ejecutivo avance en los procedimientos internos para formalizar la no aplicación del IVA a los servicios de dragado y balizamiento prestados por el futuro concesionario.
Esta definición es indispensable para asegurar un marco contractual claro y evitar distorsiones económicas, sostiene la misiva que lleva la firma del titular de ambas entidades, Gustavo Idígoras.
Para argumentar técnicamente el reclamo, los agroindustriales enumeraron una serie de antecedentes administrativos y jurisprudenciales, como una resolución de la Afip que reconoció servicios logísticos esenciales para la exportación pueden encuadrar en exenciones cuando resultan indispensables para la operatoria. Según sostienen, el Poder Ejecutivo tiene plena competencia para emitir una norma (resolución conjunta, dictamen vinculante o decreto aclaratorio) que confirme la no aplicación del IVA al concesionario de la vía navegable troncal.
Para los exportadores, la pronta resolución de ambos aspectos —adjudicación y definición tributaria— permitirá otorgar certeza regulatoria a los operadores y usuarios del sistema, asegurar la continuidad operativa sin riesgos para el comercio exterior, evitar costos fiscales y administrativos innecesarios y consolidar un marco contractual estable, alineado con estándares internacionales de concesiones de infraestructura crítica.
Es por eso que, finalmente, CIARA y CEC solicitaron que el gobierno Nacional priorice la finalización del proceso de adjudicación de la hidrovía y disponga la no aplicación del IVA al futuro concesionario en los servicios.
