La navegación fluvial por la hidrovía se encuentra casi totalmente parada por el lockout de los prácticos al decreto presidencial que desreguló la actividad de los profesionales que suben a bordo de los buques para asesorar al capitán del barco durante maniobras complejas o tránsitos por pasos complicados.
En efecto, toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías están detenidas en puertos, paralizando el comercio exterior.
Por decreto, con el objetivo de bajar costos y con apoyo de actores claves en el negocio, como puertos y navieras, el gobierno nacional flexibilizó la normativa que regula la actividades al permitir libre contratación y reconocer idoneidad de capitanes extranjeros para navegar por aguas argentinas.
Es más, para el autor intelectual de la normativa, el ministro de Desregulación, Federico Sturzeneger, la desregulación elimina prácticas corporativas que encarecen el servicio y generaron lo que entiende es una “casta sindicalizada” de prácticos.
Por el contrario, los profesionales aseguran que la flexibilización provocará graves riesgos para la seguridad. En protesta, los prácticos no lo llamaron a un paro nacional -ya que son parte de un servicio esencial- sino que los profesionales están avisando a sus empresas que no están disponibles para tomar servicios a partir del análisis que están haciendo sobre el decreto publicado por el gobierno.
Esa ausencia de prácticos que vayan a trabajar hace que empresas no puedan cumplir con los servicios que se les están solicitando. En la últimas horas, personal de Prefectura estuvo intimado en domicilios particulares y muelles a los prácticos para que se presenten a trabajar, medida que los profesionales denunciaron como amedrentadora, pero igual no surtió resultado y hasta el mediodía de ese lunes la actividad de transporte fluvial por la hidrovía seguía casi paralizada.
Como el comercio exterior esta totalmente paralizado y la situacion se agravara hora tras hora, desde la agroindustria están sosteniendo ahora que es imprescindible el armado de una mesa de dialogo entre el gobierno, los practicos, los usuarios y las agencias maritimas.
Desregulación
Los puntos centrales del decreto que activó el conflicto son:
x) Apertura del registro y eliminación de cupos
x) Inscripción sin límites: la Prefectura Naval Argentina llevará el registro de prácticos habilitados e inscribirá a cualquier profesional que cumpla los requisitos de idoneidad, sin límites numéricos ni cupos de mercado.
x) Simplificación de la titulación: se eliminan exigencias previas (como la duplicación de viajes requeridos como capitán) para facilitar la incorporación de nuevos prestadores de manera más ágil.
x) Contratación libre y fin de la segmentación: profesionales independientes: Los usuarios (armadores y agencias marítimas) pueden contratar libremente a los prácticos como profesionales independientes.
x) Fin de la segmentación geográfica: se elimina la obligación de cambiar de práctico en diferentes tramos de un mismo recorrido, lo que encarecía los costos logísticos creados por la anterior regulación.
x) Transporte libre: se autoriza la libre contratación de cualquier servicio terrestre, acuático o aéreo para el traslado y embarque de los especialistas. Negarse de forma injustificada a subir a una lancha habilitada será falta grave para el práctico
Además, se establecen exenciones y límites de obligatoriedad. Permite que capitanes y patrones (tanto argentinos como extranjeros que dominen el idioma inglés) soliciten un Certificado de Conocimiento de Zona para navegar sin la necesidad de contratar un práctico obligatorio, acreditando experiencia previa.
También se ampliaron las dimensiones de los buques a partir de las cuales es obligatorio contratar este servicio y se definieron áreas enteramente libres de su obligatoriedad. Además hay un capítulo sobre Control de tarifas y transparencia
x) Tarifas máximas : la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fijará las tarifas máximas. Estas deberán incluir de forma integral todas las maniobras (como fondeo o atraque), quedando prohibido el cobro de adicionales no autorizados.
x) Obligación de publicar precios: las empresas prestadoras del servicio tienen que publicar mensualmente sus cuadros tarifarios en internet y reportar trimestralmente sus facturaciones para evitar conductas anticompetitivas.
Finalmente, ante huelgas, medidas de fuerza o situaciones excepcionales que afecten o amenacen el comercio exterior, la Prefectura Naval queda facultada para prestar directamente el servicio de practicaje o solicitar la colaboración de la Armada Argentina.
Además. se dispuso un plazo de 180 días corridos para que la Armada Argentina transfiera a la Prefectura Naval los procesos de titulación de prácticos y baqueano.
El rechazo
Los prácticos, pilotos y baqueanos fluviales rechazan de forma tajante el Decreto 690/2026 bajo el argumento principal de que la desregulación pone en severo peligro la seguridad de la navegación, el medio ambiente y la soberanía de las vías navegables. A través de entidades como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales, los profesionales justifican su medida de fuerza y su ofensiva judicial basándose en los siguientes puntos:
x) Falta de idoneidad local: advierten que permitir que capitanes extranjeros naveguen ríos complejos (como la Hidrovía Paraná-Paraguay) mediante una simple declaración jurada o un trámite automático debilita el control de la navegación. Plantean un peligro de naufragio, ya que el asesoramiento de un práctico no es un mero trámite administrativo, sino una función crítica de seguridad para evitar que naves de gran porte encallen, colisionen o provoquen catástrofes ambientales en zonas críticas de comercio.
x) Flexibilización peligrosa: rechazan la reducción de exigencias y viajes requeridos para habilitar nuevos profesionales. Sostienen que se intenta mercantilizar y acelerar una profesión que demanda entre 12 y 15 años de formación acumulada y alta especialización técnica.
x) Desprecio por el oficio: acusan al Ministerio de Desregulación de dictar una norma de manera "inconsulta" que minimiza su rol estratégico, tratándolo como si fuera burocracia innecesaria en lugar de un servicio público esencial.
Las cámaras del sector presentaron una denuncia penal contra el Poder Ejecutivo por presunta violación al artículo 190 del Código Penal (delito que castiga los actos que ponen en peligro la seguridad de naves o provocan desastres).
También califican al decreto de abusivo e inconstitucional por destruir la regulación de la actividad y temen que ocurra lo mismo que con los serenos de buques, cuya desregulación previa dejó a su gremio al borde de la desaparición.
Finalmente, consideran inviable la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), argumentando que las condiciones de cada maniobra (clima, corrientes, calado) varían de forma impredecible y no pueden enmarcarse en un cuadro rígido sin adicionales
