Los directivos del club Logaritmo y las autoridades de la comuna de Ibarlucea fueron denunciados penalmente por estafa y asociación ilícita en torno a un polémico desarrollo inmobiliario, un caso que tiene en sus manos el fiscal Julia Milicic.
Los principales apuntados en la denuncia son el ex presidente de Loga, Martín Lucero, y el jefe comunal de Ibarlucea, Jorge Massón. Y un acuerdo alcanzado en pandemia, que derivó en un convenio urbanístico firmado por ambos que buscó mantenerse en secreto, disparó la presentación judicial de un grupo de propietarios de lotes.
En rigor, el desencuentro entre el club de rugby, los vendedores de los terrenos y los compradores lleva años y está en torno a si el loteo (de unas 30 hectáreas y en las que viven unas 300 familias) es cerrado o abierto. Y la batalla se expresa en el (no) pago de las expensas y de las cuotas societarias del club.
Como el desarrollo -que allá por finales de los 90- se empezó a vender como barrio cerrado del club, nunca tuvo la estructura jurídica correspondiente, en la medida que las expensas se fueron encareciendo (y los servicios mal prestándose o dejándose de prestar), los vecinos dejaron de pagar por expensas argumentando que no correspondía porque en la papeles el country no existía y no estaba claro, entonces, el destino de los fondos.
En 2016 el conflicto tuvo un pico de tensión que terminó resolviéndose en la Justicia en favor de los vecinos cuando sendas resoluciones de los jueces Zvala y Beltramone determinaron que el country “no existía”, postura a la que también se sumó la comuna de Ibarlucea. Y como además el loteo estaba surcado por calles públicas (dos locales y una provincial) que se encontraban “cerradas” de manera ilegal, las autoridades las liberaron para su uso público. Fue así que el 65% de los propietarios dejó de pagar las expensas al club y también la cuota societaria (ya que cuando compraron, como se dijo que era un barrio cerrado del club, tuvieron que afiliarse a Loga).
Si bien parecía que la batalla había concluido, la autoridades del club con la Municipalidad y un grupo inversor que desarrolla un loteo lindero (Las Casuarinas SRL) empezaron a tejer un acuerdo para la constitución normativa definitiva del barrio cerrado. Luego de desistir de ir en la vía usual para los countries que es la constitución de un PH especial (porque se necesitaría el ok del 100% de los propietarios), armaron un fideicomiso de administración de los dos predios unidos (que le exime de algunas exigencias que tiene el PH Especial).
Y ese fideicomiso en 2020 firmó un convenio urbanístico con la Municipalidad, que –a cambio de algunas condiciones- les cedía las calles que necesitaba para cerrar el predio y los iba reconocer como barrio cerrado a fines de este 2023. ¿Qué ganaba el Municipio? Que le allanen el camino para el coabro a los vecinos del loteo de una sobre tasa equivalente al 7.5% de la TGI por estar en un barrio cerrado y con el objetivo de financiar actividades culturalesa y artísticas que organiza la comuna.
Fue así que empezó a llegar el aumento de la TGI a los propietarios (se convirtió en una de las más caras del país, según calcularon los vecinos) quienes, aseguran, nunca recibieron la explicación formal y escrita de la Municipalidad sobre la razón y origen de esa sobre tasa. Con la morosidad en alza, la Comuna envió cientos de intimaciones prejudiciales por la TGI y es el club quien inició 60 juicios por cobro de pesos.
Fue en ese momento en el que a los vecinos les llegó la versión sobre el convenio urbanístico que sustentaba la avanzada en su contra, pero recién el año pasado lograron que alguien les filtre una copia autentica (en un escena digna de película de espías y que involucró un fugaz encuentro en la Plaza Pringles para recibir los papeles). Ya con ese documento en la mano presentaron la denuncia penal en Fiscalía de Rosario acusando a los firmantes de “falsedad ideológica, falsedad material, asociación ilícita, usurpación, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y defraudación”.
Con esta batalla, que promete seguir, arrancamos el "run run" de los negocios de esta semana, que trae de todo. Veamos:
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Hablando de estafas……el caso de la agencia de Turismo Felgueras que vendió pasajes inexistentes a Turquía y Egipto -algo que los pasajeros se habrían enterado cuando llegaron a Ezeiza el último fin de semana largo de Semana Santa- estalló mediáticamente en Buenos Aires, pero tiene un capítulo local. Es que entre las 750 familias afectadas, en Santa Fe hay hasta ahora, 49 estafados, de los cuales 14 son de Rosario.
Los afectados santafesinos por el default de la agencia –que cerró sus puertas, cortó vías de comunicación y poco se sabe del paradero de sus directivos- se sumaron a la denuncia que todos los clientes de la firma presentaron en la fiscalía 56 de capital federal a cargo de Edgardo Orfila. Y en paralelo a contactos que están manteniendo con el Ministerio de Turismo de la Nación, los estafados rosarinos este miércoles estarán en la oficina local de Defensa del Consumidor.
Según las primeras pesquisas judiciales, se trataría de un clásico esquema de ponzi, en el que los administradores usaban el dinero de los nuevos clientes para pagar los pasajes que les habían vendido tiempo atrás a otros clientes.
La empresa funcionaba sin problemas (de hecho tuvo alta exposición con viajes a Qatar durante el Mundial), y todo indica que el circuito se cortó cuando no pudieron vender suficientes servicios para hacer frente a los compromisos tomados para Pascuas.
Fue así que en pleno fin de semana largo de Semana Santa un grupo de personas se presentó en los mostradores del aeropuerto y la aerolínea Turkish Airlines les dijo que no los tenían registrados y que no existían esos pasajes que les habían vendido. No solo fueron afectados las 200 personas que pensaban salir en Semana Santa: también quienes contrataron la agencia para futuros viajes ya que la firma cerró.
El caso tiene sus particularidades. Resulta que Turismo Felguras tuvo una gran crecimiento en base a la promoción que hicieron reconocidos jóvenes influencers muy seguidos en redes sociales que (en el Mundial) que tuvieron alta exposición contando que habían viajado por Felgueras en posteos (sobre todo por Instagram) en los que no aclaraban que estaban haciendo un publicidad, algo muy común. Y mucha gente sigue y cree en esos influencers. No en vano se dice que Gerardo Berra, el CEO de Felgueras, es el “Cositorto” del turismo, en alusión al financista preso que también atraía inversores con sus posteos en redes.
Si bien con el diario del lunes el joven Berra tiene un tipo de exposición para la polémica, la verdad es que agencia estaba legalmente formada con oficina comercial en Buenos Aires, y la correspondiente inscripción impositiva con la emisión de facturas legales. ¿Cómo darse cuenta, entonces?
En este caso, lo que llamaba la atención a las empresas turísticas de la competencia era que ofrecía viajes muy baratos frente al resto. Por ejemplo, 16 noches en Egipto y Turquía (con hotel y tours) a u$s2.200. No obstante, al menos los afectados en Rosario aseguran que ninguno pagó tan barato ya que para junio habían contratado a Turquía por u$s3.600 por persona (que es competitivo pero no regalado como los u$s2.200). Eso sí, admiten que los estaba preocupando la demora en informar sobre los servicios de hotelería y transporte que contrataba.
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“Les bajaron el martillo en Buenos Aires”. La frase parte de un funcionario nacional conocedor de los pasillos de los órganos de control fiscal y aduanero del país al hacer referencia a la orden que bajó directo desde la cúpula de la Aduana sobre cómo tratar a Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de los muelles I y II del puerto de Rosario.
Resulta que la Aduana le escanea ahora hasta el último milímetro todos (pero todos) los contenedores que van a subir a un barco (salvo los que vengan de depósitos fiscales previamente escaneada), y ese control tan exhaustivo (que no es moneda corriente en la actividad portuaria) complica, demora y encarece la logística de la terminal.
La Aduana tomó la decisión luego de que se conociera que había puntos ciegos en el sistema de cámaras en el puerto (adonde se “contaminó” con droga un contenedor) pero sobre todo la reacción posterior al descubrimiento de la droga de TPR de sacarse de encima cualquier responsabilidad por el defectuoso control
Resulta que días atrás, el directivo de TPR, Gustavo Nardelli (de Vicentin), empezó a moverse en altas esferas políticas para llevar su malestar por los inconvenientes que les genera la Aduana y obtuvo como respuesta, unos días después, una sorpresiva inspección nocturna de Prefectura y Aduana en el puerto y en la que hasta revisaron los bolsos del personal que estaba trabajando. A buen entendedor…......
¿Y qué pasó con la visita de ejecutivos de TPR al Enapro para mostrar su plan de negocios realizada el lunes pasado y que adelantamos en esta columna? Lo destacable es que contaron que están elaborando un plan de “refuncionalización de la terminal” que en breve presentarán al directorio de TPR para que lo apruebe.
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Vamos por una de real state. Los desarrolladores de Arboria, un proyecto de condominios en Fisherton de 18 hectáreas a levantarse en 7 etapas, acordaron con la Municipalidad un cambio en la forma del pago de las compensaciones que deben afrontar por la habilitación del loteo que despertó el debate en el Concejo.
En rigor, para todo el convenio urbanístico que figura formalmente como Parque Habitacional Ludueña pero comercialmente se lo conoció como “Los Pasos del Jockey”, se dispuso originalmente que las compensaciones se pagaran 50% en aportes efectivos para obras de escala barrial y 50% en aportes al Fondo de Tierra que tiene la Municipalidad.
El proyecto original de gran emprendimiento fracasó y las parcelas se fueron dividiendo. Una gran parte la compró Pilay, mientras que una franja de 180 mil m2 se la quedaron Sancor Seguros, Rosental y Fundar, que armaron Arboria con miras a construir 22 mil m2.
Ahora, la Municipalidad pidió que el 100% del aporte correspondiente a esa franja vaya entero a comprar equipos de juegos plazas. En concreto, son $59M que la Intendencia quiere usar para la adquisición de grandes juegos de última generación para 7 plazas.
El acuerdo debe ser ahora ratificado por el Concejo, y la comisión de Planeamiento del órgano deliberante le dio una primera revisión a principios de la semana. Si bien provocó un ceño fruncido en la oposición que ese dinero no vaya al Fondo de Tierras (se reconoce que el monto es menor para comprar terrenos y surge también que falta un debate sobre si hay voluntad política o posibilidad real de mantener ese fondo), hay otro tema que llamó más la atención. Es que la Municipalidad dispuso que Arboria tenga que destinar los $59M para comprar los equipos a una empresa local: Crucijuegos.
La Municipalidad tiene razones de sobra para defender la direccionalidad de la compra a Crucijuegos que le pide a Arboria tanto de tipo administrativo y como en lo operativo. Y también tiene los argumentos concretos por el lado de que no hay otro fabricante en la zona con la capacidad de fabricar localmente el tipo de juego de última generación, diseño y tamaño que definió la Intendencia.
Como las explicaciones están, lo políticamente llamativo es que en un momento pre-electoral y ante un tema de estas características (que encima tiene antecedentes que involucra a la misma empresa que en tiempos del socialismo también tuvo escaramuzas como estas en licitaciones para la compra de juegos), los concejales del oficialismo no hayan llegado a la reunión de la comisión de Planeamiento con las batería de argumentos listas para explicar en detalle y agotar en ese momento todas las dudas que pudieran presentarse.
Sólo los acuerdos electorales que hacen que ahora el PRO esté en la misma vereda que Javkin evitaron que los ediles de la oposición salieran a batir el parche en los medios con el tema. También el entendimiento con Ciudad Futura contribuyó, pero habrá que ver si desde el justicialismo salen a hacer ruido.
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Hablando de lo importante que es el buen manejo de la comunicación, qué cierto es aquello de que “el dato mata relato”. Y esto viene a cuento por la instalación del Mc Donald en el Parque Independencia, una licitación de la sociedad del Estado que controla el Hipódromo y en la que Arcos Dorados ganó siendo el único oferente.
Puntualmente, que sea una licitación de una sociedad del Estado exime su paso por el Concejo, por más que haya ediles que pataleen en las redes. Pero lo que provocó escozor fue que, con el comienzo, de las obras se pudo ver cómo se talaban y tiraban dos grandes eucaliptus, una dura imagen que dirigentes de la oposición se preocuparon en viralizar mostrando así su oposición al Mc Donalds.
“Los dos eucaliptus que se sacaron estaban secos y estaba previsto que la Municipalidad los retire para la realización de los Juegos de la Juventud, el año pasado, pero no se llegó a plazo. También se trasladó una centenaria palmera, cuyo proceso de reimplantación es por ahora exitoso. Todo ese proceso es guiado y conducido por la Municipalidad de Rosario”, se dijo durante la presentación esta semana del diseño que tendrá el local y que cortaría cintas en agosto, y cuyos detalles podes ver haciendo clic acá.
Pero lo importante es que esta información no la otorgó la empresa sino Adrián D'Alesandro, de la Asociación de Amigos del Parque Independencia, quien asistió al evento para trasmitir el "apoyo y agradecimiento” de la ONG a la iniciativa de Arcos Dorados. También comentó que la compañía implantará 50 árboles, financiará la revitalización del rosedal y que ya donó equipos, insumos, herramientas de trabajo y vestimenta a los integrantes de la ONG.
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Y si la información mata al relato, una reunión a mediados de semana entre concejales y la empresa que desarrolla y gerencia el shopping Fisherton Plaza sirvió para destrabar las dudas a la autorización para ampliar el centro comercial, que ahora apurará su paso burocrático por el Palacio Vasallo.
Como en materia de indicadores no necesita permiso especial, el foco estaba puesto en la infraestructura de servicios, y ante la falta de obras públicas (cloacas, aguas y electricidad), la firma (Rusitano SA) presentó todas las inversiones que a cuenta propia está llevando a cabo, como la instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales.
Y hablando de cómo el uso de ciertos conceptos puede mal predisponer el análisis de temas complejos, no deja de llamar la atención que en el Concejo cuando llega un proyecto inmobiliario que se dispone revalorizar un inmueble de valor patrimonial que está abandonado ingrese al tratamiento legislativo caratulado como de “Transgresión al Reglamento”.
Así y todo, y al menos en este caso, el proyecto inmobiliario de construir un complejo de viviendas de refinado diseño en el inmueble del histórico prostíbulo El Elegante, ubicado en la esquina de Richieri y Jujuy, tiene el visto bueno de los concejales del oficialismo y oposición y en los próximos días obtendrá la aprobación para poder iniciar las obras.
Y el que también, aunque con algo más de debate por la altura extra pedida, tendrá su aprobación del Concejo durante este mes el proyecto de desarrollo inmobiliario de residencias y oficinas que impulsa Aldo Lattuca en la esquina de Santiago y Brown.
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Vamos por el lado de la ciencia, una fija de esta columna cuando se trata de inyectar optimismo a la complicada economía nacional. La startup DETx MOL estrenó este miércoles su nuevo laboratorio en el edificio corporativo de La Segunda Seguros, ubicado en la intersección de las autopistas Rosario-Buenos Aires y A012.
La apuesta es importante para la empresa de base tecnológica ya que, a partir del nuevo espacio, podrán comenzar a producir los kits de detección de enfermedades, como así también aumentar su capacidad de desarrollo tecnológico.
En el nuevo laboratorio trabajan diez colaboradores, entre científicos, técnicos y administrativos, y cuentan con un espacio de 430 m2, donde tienen proyectado los próximos periodos de crecimiento. La empresa proyecta poder abrir toda el área de producción, que estará habilitada en breve, para llevar adelante mayores desarrollos.
Lo importante del caso de Detx Mol es que muestra que hay también más de un modelo de desarrollo para las empresas de base científica. Es que en la actualidad está muy en moda (y altamente publicitado) la hoja de ruta que supone conseguir fondos de inversores de riesgo que inyecten millones de dólares en capital a las start-ups con miras a proyectarlas a una escala mundial hasta con cotizaciones en Wall Street, como el reciente caso de Moolec, firma incubada en Bioceres.
Por el contrario, Detx Mol siguió un camino distinto que fue el de tejer alianzas estratégicas con grandes empresas locales (Wiener Lab y La Segunda Seguros) para avanzar más despacio (las autorizaciones para la planta de producción puede llevar mucho tiempo de trabajo burocrático) y con metas menos ambiciosas, pero asentado sobre bases más seguras y estables y cuyo crecimiento se siente fácticamente en el tejido productivo.
No en vano, mientras que Moolec, que fue noticia cuando empezó a cotizar en Nasdaq, tuvo que llevar su base fiscal y tributaria a un país europeo (ya no es argentina) y su cotización bursátil viene en baja, Detx Mol puede mostrar que ya tiene un nuevo moderno laboratorio y un conjunto de empleos de alta calidad contribuyendo al desarrollo de la región.
No se trata de enfrentar modelos, sino de mostrar que hay más de uno.
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Y finalmente, un anuncio importante. La empresa rosarina de comercio electrónico especializada en agronegocios, AgroFy (que tiene al grupo Cresud como uno de sus principales inversores) inició un proceso de reestructuración de sus operaciones, sobre todo las que tiene asentadas en Brasil.
En efecto, la firma –que tiene como referentes a Maximiliano Landrein y a Alejandro Larosa- decidió concentrarse en el servicio de transacciones y pagos (pay) en vez de focalizarse en seguir haciendo crecer su plataforma propia de comercio (clasificados), como hasta ahora.
Para tener una idea, en Argentina la firma tiene 100 mil productos listados, a los que se suman otros 30 mil en Brasil. “Eso nos otorga un nivel de liquidez que es suficiente para que en vez de buscar crecer de 130 mil a 300 mil productos listados. Así que vamos a dejar que ese crecimiento de clasificados sea orgánico para enfocarnos a transaccionar lo que ya tenemos”, le anunció Landrein a Rosario3.
Para eso reorientan el personal y el equipo con miras en contratar recursos para el negocio de las transacciones y payments. “En algunas categorías en clasificados las estamos enfocando a que todo el proceso de compra sea online y destinar fuerza comercial a vender Agrofy Pay para el que estamos terminando una nuevo soft este mes”, agregó.
“Nuestra fuerza de venta que estaba enfocada a hacer crecer el negocio en clasificados ahora los volcamos a que vendan productos a los productores y al sistema de payment. Como estamos poniendo foco en la demanda, ahora la fuerza comercial se centrará en la venta online o telefónica. Queremos crecer en compradores y como solución de pago”, dijo.
El cambio de orientación llevó a Agrofy a atravesar un cambio importante en su estructura. “Toda la estructura hay que cambiarla para tener quién le venda al productor y quién, por ejemplo, negocie mejores tasas con los bancos, ya que la idea es sumarle soluciones financieras al comprador, y por eso vamos a lanzar en breve créditos prendarios con un banco de primera línea”, destacó finalmente Landrein.