El mal clima de este fin de semana invita a leer. Así que va un “run run” con muchos y variados temas. Arranquemos
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- A quienes les interesas la interna de la Bolsa de Comercio de Rosario por la sucesión presidencial, va una novedad: Víctor Cabanellas no se baja de su postulación a presidente de la entidad bursátil.
Pese a que el oficialismo haya reculado con la primera candidata que tenía Mayra Boglich (que ofrecía como puntos flujos que tenía solo dos años de participación en la Bolsa y no pertenecía a ninguno de sus mercados) y haya optado finalmente por Pablo Bortolato (quien además de ser parte del equipo actual y activo promotor de los cambios que atraviesa la entidad, es un reconocido agente de Bolsa con una muy valorada trayectoria profesional en el mercado, reconocido paso por la dirigencia en la entidad y portador de un apellido de los tradicionales de la city), el industrial molinero confirmó ayer sábado a Rosario3 que sigue en carrera.
En los círculos oficialistas esperaban que con la postulación de un candidato muy competitivo como Bortolato, Cabanellas se bajará. Y ese interrogante fue el que este cronista le trasladó ayer al empresario.
-¿Cambia la situación ahora que hay otro candidato y parece que la Bolsa escuchó el reclamo que le hicieron algunos socios sobre la sucesión presidencial?, preguntó Rosario3 a Cabanellas.
- Lo dije de entrada en la Mesa Ejecutiva cuando fui a informar la postulación. Yo terminé aceptando ser candidato por el pedido de numerosos socios que quieren que sea presidente, y no por estar en contra de alguien. Tampoco soy opositor. También les digo a todos los que me postularon que intentaría buscar consensos, y que si no se puede, habrá elecciones.
Es cierto que la confianza que muestra Cabanellas desorienta al oficialismo, pero el presidente de la entidad, Miguel Simioni, ya le dijo a su círculo íntimo: "Vamos a ir a fondo".
Habrá que empezar, entonces, a contar los porotos de uno y otro lado porque se viene la tercera elección en la historia de la Bolsa. Y promete una intensidad tan fuerte como las anteriores.
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- Vuelta de página. Un viejo desaguisado en torno a un loteo en Funes activó ahora un juicio millonario contra la Intendencia, que incluye ribetes penales, ya que los inversores denunciantes pusieron la mira en el papel que a lo largo de las últimas décadas jugó el abogado oficial del municipio, Javier Arregui.
Se trata de Funes Town, el desarrollo de Gilli Inmobiliaria de unas 100 hectáreas ubicado a la altura de la parada 18 que lleva el sello de sus promotores en cuanta localidad hacen negocios inmobiliarios: la irregularidad.
El problema estalló hace más de una década cuando los propietarios de los lotes no podían escriturar por los incumplimientos del desarrollador en materia de obras de infraestructura. El fiduciario del fideicomiso era Grupo Lands SA, de la familia Gilli.
Como el grupo no tenía fondos para hacerse cargo de las obras faltantes (sobre todo en provisión de agua) y los compradores se plantaron con que ellos ya las habían pagado, la fórmula que se acordó hacia 2019 con la Intendencia fue habilitarlos para que puedan escriturar a cambio del compromiso del desarrollador de realizar las obras dejando unos 50 lotes de garantía.
Aparece allí un tema clave: nunca se verificó si esos lotes que Gilli puso como garantía eran de su propiedad o tenían otros dueños.
Como Gilli, para variar, no cumplió con su compromiso, la Municipalidad de Funes le inició juicio al grupo Lands y obtuvo de juzgado civil y comercial número 8 de Rosario una medida de no innovar sobre los bienes dados en garantía.
El tema es que un grupo inversor que tiene unos 19 lotes escriturados cuando, hacia 2021, fue a iniciar trámites municipales como permisos, se encontró con que estaban “bloqueados” por la Municipalidad. Fue ahí que, indagando, se enteran de que esos lotes de su propiedad habían sido puestos dentro de los 50 que estaban como garantía, obvio sin autorización de su parte.
¿Cómo puede ser que nadie de la Municipalidad haya verificado que esos lotes puestos en garantía ya tenían otros dueños? No era uno o dos lotes. Eran 19 de los 50.
Los empresarios reclamaron la liberalización de los terrenos, e incluso en el Juzgado Número 7 de Rosario se llegó a un acuerdo ese mismo año con Lands y La Municipalidad que lo resolvía.
Pero cuando en 2023, los desarrolladores iniciaron los trámites para desbloquear los terrenos, se les reconoce la propiedad cómo precaria y se les avisa que puede cambiar su condición jurídica argumentando que todavía rige la medida de no innovar del juzgado civil y comercial número 8.
Los inversores pidieron una “revocación por inadmisible”, y como no les contestaron, ya le iniciaron un Juicio Contencioso Administrativo, que aún no le notificación a la comuna para darles una oportunidad de desactivar el problema antes de reclamarles daños y perjuicio y costas.
Es que el canal de diálogo con el intendente Roly Santacrocce (quien heredó este problema) está abierto y es muy bueno, pero quien frena el entendimiento es el histórico abogado de la Municipalidad de Funes, Javier Arregui.
El letrado insiste con que deben mantenerse bloqueados los terrenos, cuando los afectados resaltan que esa medida de no innovar no aplica en su caso porque fue sobre bienes que no eran de la propiedad del grupo que los ofreció como garantía.
¿Por qué se opone Arregui? Resulta que el abogado es el único actor municipal que estuvo durante todas las gestiones y fue el responsable de no haber verificado en su momento que lo que les ofrecían en garantía existía. Es por eso que los inversores sospechan que o está incumpliendo deberes de funcionario público o es parte de algún tipo de entendimiento con Gilli, y por eso analizan con un importante estudio jurídico de Rosario la conveniencia de una denuncia penal contra el abogado de la municipalidad.
Continuará…..
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- Siguiendo por estos caminos de normativas y desarrolladores, el Ministerio de Ambiente de Santa Fe concretó un profundo cambio en el procedimiento de autorización ambiental a emprendimientos empresarios reemplazando el certificado ambiental (cuya gestión era un profundo dolor de cabeza que hasta llegó a insumir 12 años de trámite) por una Licencia Ambiental Digital que permitirá resolver en 5 días el trámite reduciendo en un 90% la carga administrativa.
No se trata de una flexibilización de las exigencias, sino que, además de digitalizar el trámite, lo que apura todo, se cambia el esquema: las empresas dejarán de tener que presentar un estudio de impacto ambiental que el gobierno tenía que aprobar para pasar a tener que presentar un plan de gestión ambiental (firmado por perito colegiado) y el gobierno auditará el cumplimiento de los compromisos. Y como habrá menos funcionarios encargados de las tareas burocráticas, esos empleados pasarán a realizar tareas de control.
El cambio solo aplicará para establecimientos industriales que ya están funcionado, quedando afuera los nuevos. No es casual la elección: el problema central está en las empresas instaladas. En Santa Fe hay 100 mil establecimientos industriales, de los cuales 14 mil tienen una actividad crítica con el medio ambiente. De ese total, solo unas 2.000 empresas tienen (o están tramitando) el certificado de aptitud ambiental del gobierno provincial. ¿Y el resto? Funciona solo con habilitaciones municipales.
Ahora viene la pregunta: ¿Y los loteos? Para responder tenes que seguir leyendo.
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- El Ministerio de Ambiente tomó la decisión de no hacer cambios normativos para la habilitación de nuevas urbanizaciones, tanto residenciales como industriales, que deberán seguir presentando un completo estudio de impacto ambiental con todas las factibilidades hídricas y de servicios.
Prometen, eso sí, seguir adelante con la digitalización de trámites, una mayor celeridad de las respuestas y la anunciada ventanilla única para no demorar procesos. Pero cambios normativos no se van a hacer. ¿Por qué? Por un lado, sostienen que la normativa vigente es buena. Pero, sobre todo porque ven que hay muchas presiones encontradas que, al habilitar la reforma, podrían alterar el equilibrio logrado.
De un lado, sostienen, están los desarrolladores que quiere reducir al máximo las regulaciones, mientras que, del otro lado, aparecen entidades, como el Colegio de Arquitectos, que busca aumentar las exigencias. Ante la falta de consensos, sostienen, no es momento para abrir la normativa a discusión.
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- Más allá de todo formalismo, es cierto que hay funcionarios de Ambiente que no disimulan que no tienen la mejor opinión sobre algunos de los desarrolladores inmobiliarios, sobre todo de varios de los que operan en el cordón sur oeste del Gran Rosario, a los que ven pocas ganas y muy remolones a la hora de abrir la billetera para invertir en la infraestructura exigida.
Aparece el caso de la financiación de una Estación Transformadora para dotar del servicio a muchos loteos en torno a Piñero que ya se largaron a vender sin tener la factibilidad de servicio, y ahora quienes compraron se encuentran con el problema de que no tendrán luz.
Había desarrolladores que confiaban en qué la Provincia la iba a financiar en el marco de la ampliación de la cárcel de Piñero, pero con la factibilidad que ya les otorgó la EPE no necesitarán por buen tiempo potencia extra.
En Ambiente están los que piensan en que el costo prorrateado de ese servicio debería computarse en el precio de venta, pero que los loteadores no lo hacen para poder atraer más compradores apostando a que, luego el Estado, pague la cuenta y les lleve los servicios a su puerta.
Distinta, y ya lo hemos contado en esta columna es la postura de las empresas que responsabilizan al Estado por la falta de inversión en infraestructura y de la escasa voluntad de las empresas públicas, como la EPE, que le delega a los privados no solo el financiamiento de la obras extra-tendenciales sin hasta del armado de la estructura legal para juntar los fondos.
¿Y cómo ven en ese Ministerio las soluciones alternativas que vienen de la mano de nuevas tecnologías, como la energía solar, para autoabastecimiento de cada barrio? En Ambiente las ven con ceño fruncido. Y piden que primero les certifiquen por organismos competentes de que podrán abastecer a pleno la demanda total cuando las urbanizaciones estén pobladas.
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- En el área en la que sí se está trabajando activamente en un cambio normativo importante para los urbanizadores es en la Secretaría de Recursos Hídricos. Y el plazo de concreción de la reforma es ambicioso: que estén listos el mes que viene.
El objetivo central es que el urbanizador que ingresa un nuevo expediente a Hídrica, ese trámite empiece a analizarse en un máximo de 15 días, cuando hasta ahora en promedio la nueva carpeta duerme unos 5 meses hasta que empieza a analizarse.
Y si el proyecto de loteo (tanto residencial como urbano) está en una zona sin riesgo hídrico, en 90 días tenga todo aprobado.
Es más, la idea es que si el loteador tiene el certificado 1 (no es terreno inundable) pueda empezar las gestiones de aprobación ambiental en el Ministerio de Ambiente sin necesidad de que, como pasa ahora, tener que tener el certificado 2 (que es el que define un plan de drenaje y obras) que puede demorar mínimo 6 meses. Al poder hacer el trámite en paralelo, se calcula que en 6 meses pueden tener ambas aprobaciones (hídrica y ambiente) completas.
Para eso, cuentan en la Secretaría, estuvieron eliminando grises de la normativa, que daba lugar a interpretaciones varias, y también simplificando y digitalizando procesos.
Además, se pondrán plazos para las contestaciones (tanto del lado público y privado) y la comunicación dejará de ser exclusiva entre el profesional que inicia el trámite y la Secretaría, ya que desde el gobierno notificará en paralelo al desarrollador de la marcha de las gestiones. Y es que en el gobierno detectaron que no pocas veces el profesional contratado era el que estaba en falta en el tramiterío pero a su cliente le decía que Hídrica tenía la culpa de las demoras.
Esta semana, los funcionarios del área se reunieron con colegios profesionales y cámaras empresarias para ponerlos al día y escuchar opciones, respuestas que ahora están procesando mientras terminar de acomodar la nueva normativa que saldría al ruedo en septiembre.
Ahora “la comidilla” en Hídrica que está en boca de todos viene por otro lado. ¿Cuál? Vas a tener que leer el próximo punto
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- Como parte del objetivo de poner la casa en orden, en la Secretaría de Recursos Hídricos también estuvieron ordenando las cuestiones del personal y se concretó un cambio en una importante subsecretaría: la de Planificación y Proyectos, la oficina que aprueba o rechaza las factibilidades hídricas de las urbanizaciones, un tema siempre delicado.
Ricardo Ruiz, quien tenía la titularidad, terminó presentando su renuncia al cargo luego de muchas conversaciones en las que el gobierno lo fue llevando a que tome una decisión entre seguir como funcionario provincial o volcarse al sector privado.
Resulta que Ruiz, de larga y reconocida trayectoria en cuestiones hídricas en la Municipalidad de Santa Fe y con paso en el área provincial durante la gestión de Miguel Lifschitz, también tenía su propia consultora en la que asesoraba a empresas privadas con trámites en el Estado.
Al asumir el cargo de subsecretario en la gestión de Pullaro, Ruiz había renunciado a la gerencia de la misma y nadie habla o sospecha de irregularidades, pero en la Provincia sostenían que se debía emprolijar la situación teniendo que elegir entre seguir con consultora o la función pública, y el funcionario terminó renunciando al cargo.
Es cierto que como la función de Ruiz tenían mucha exposición en el territorio, y Recursos Hídricos fue el estandarte que tuvo la Provincia para clausurar loteos en falta, se fue ganando muchos “amigos” entre algunos urbanizadores que lo pusieron en la mira observando el tema de que su consultora seguía trabajando activamente prestando servicios a loteos que nunca tenína problemas en Hídrica.
Más allá de este caso puntual, hay un tema central. En Santa Fe hay unos 40 profesionales especializados en cuestiones hídricas en toda la provincia y es muy difícil encontrar alguno que no tenga contactos con el sector privado. Se necesitan para los cargos gente con experiencia y eso la otorga el trabajo privado, sin contar que los profesionales tienen que trabajar cuando no son funcionarios.
Así que esa cuestión de conflicto de intereses late generalmente en esta área. Pero para este caso puntual, el gobierno entendió que la definición sobre de qué lado del mostrador se quiere estar debía ser muy clara.
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- Para cerrar con los loteos, hay clientes en desarrollos de Ibarlucea que están tomando temperatura por las promesas incumplidas en materia de entregas y toma de posesión.
Ojo que no son los únicos: en el negocio de la construcción de edificios en Rosario hay varios jugadores en plena renegociación (con dientes apretados) por el incumplimiento de entregas.
Abogados, a prepararse que hay trabajo por ahí.
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- En el próximo punto ya nos vamos a meter en fango de los abogados, que esta semana celebraron su día, pero dejamos una última perlita sobre cuestiones de ciencia y la administración provincial, un tema que siempre tocamos por lo fundamental que es la investigación científica para el desarrollo económico de la provincia.
Resulta que el ministro de Educación, Javier Goity, realizó esta semana la experiencia de diferenciar la célula de un ser vivo vegetal de uno humano, a partir de una muestra de su propia saliva en el marco de una recorrida por el Xlab Rosario, que incluyó nota en Rosario3.
¿Qué es el XLAb Rosario? Se trata del primer nodo internacional del laboratorio experimental XLab en Göttingen (Alemania), que replica su método de divulgación y educación de las ciencias biológicas, naturales, y de la salud. Funciona en el barrio República de la Sexta, el primer piso del instituto “Max Planck” de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular, una sociedad científica muy reconocida de aquella ciudad alemana.
Hasta ahí todo bien. Pero habría que ver qué se dice en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia cuando se entere de la recorrida del ministro por el laboratorio del Max Planck. ¿Por qué? Es que muchos de sus funcionarios en el pasado se quejaban de que el gobierno provincial de Omar Perotti, teniendo universidades y centros del Conicet preparados para esa tarea, firmó un acuerdo con ese instituto para asistir con escuelas técnicas cuyo director tenía 15 denuncias por acoso laboral.
Por el contrario, en el entorno del científico aludido sostienen que las denuncias fueron producto del rechazo que generó su intención de poner a trabajar la burocracia pública, siempre de paso cancino cuando le piden productividad, y de los celos que genera el desarrollo del Max Planck en muchos científicos más vinculados al progresismo socialista.
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- Vamos ahora a profundizar los que está sucediendo con los “sospechosos de siempre”, que tiene esta columna. Y arrancamos con un peso pesado: Luis Herrera.
La opinión de los Síndicos de la quiebra de Herrera ha generado mucho malestar entre los acreedores que se presentaron en la quiebra. Resulta que de 63.879.532 dólares, 133.368 euros y 408.598.356 pesos que se presentaron a verificar en la quiebra, los contadores Giandomenico, Clausen Bossio y Cortes solo aconsejaron al juez Villanueva, quien lleva el concurso, que se verifiquen $26.992.555.967. Esto es: menos de la mitad de la que los acreedores pidieron en la justicia.
Para los síndicos, no hay elementos que puedan comprobar que, Herrera haya invertido los fondos de los ahorristas, sino que las inversiones las hizo a título personal. Por la falta de registros contables y de operaciones individualizadas, resulta imposible atribuir rendimientos reales, sostuvieron.
Para los síndicos “no correspondía reconocer rendimientos sobre operaciones sobre las cuales no solo no se tiene certeza alguna de haberse realizado (no olvidemos que el fallido no tiene registros contables y por tanto resulta vano cualquier esfuerzo para intentar la trazabilidad de un activo tan fungible como el dinero recibido), sino que además tampoco se cuenta con un elemento objetivo de atribución de los rendimientos, al no haberse realizado operaciones de inversión en cabeza de cada comitente resulta impracticable, si no imposible, determinar que rendimiento hubiera podido corresponder de manera cierta. La realidad terminó indicando que los rendimientos solo fueron una promesa incumplida".
La intención de la Sindicatura habría sido evitar el reconocimiento de rendimientos ficticios, ya que ello generaría, al menos, dos injusticias: por un lado, beneficiaría a quienes mantuvieron sus fondos depositados por más tiempo otorgándoles supuestas ganancias ficticias, y por otro, desviaría los fondos existentes o recuperables hacia créditos artificialmente inflados, en detrimento de los verdaderos damnificados, quienes ni siquiera podrían recuperar su capital.
La solución cayó como una bomba para muchos acreedores de una de las presuntas estafas más importantes en la historia de la ciudad. Sobre todo, porque los Síndicos además de ignorar los rendimientos que el propio Herrera no desconoció, le aplicaron solamente un 1% de Tasa Anual al dinero que los clientes le entregaron al fallido financista.
Un acreedor que tuvo más de 10 años el dinero con de Herrera se quejó: “Al final la Sindicatura jugó para Herrera, le licuó la deuda y nos metió una tasa de interés menor a la que paga la inversión más conservadora en dólares como son los bonos del tesoro de Estados Unidos. Le financiamos la joda a Herrera todos estos años. Si no fuera porque está preso, que barato la habría sacado.”
Lo cierto es que la Sindicatura pasó la motosierra sobre los créditos de todos los ahorristas de Herrera, quienes ya vienen golpeados y con escasas expectativas de recuperar el dinero invertido.
Las defensas de Arcamone, Casanovas, Lux y Esquef ya tomaron nota y quien dice que no usen estos argumentos también en el futuro….
Ante todo esto, más de uno recuerda lo que pasó con el caso Maddof, en Estados Unidos. Hubo inversores que le terminaron debiendo al financista. De locos.
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- Hablando de agentes de Bolsa complicados en Tribunales, ¿Daniel Casanvoas, quien quedó preso por múltiples estafas y colusiones en la convocatoria de acreedores de una de sus empresas, es ciudadano paraguayo?
Ya vamos a llegar a esa respuesta. Pero arranquemos por el principio. Esta semana estuvo muy activo el capítulo de “los sospechosos de siempre” con las imputaciones y detenciones de los agentes de Bolsa, Pablo Arcamone y Casanovas, cuyos detalles pudiste leer en las crónicas que vino publicando Rosario3.
Pero ahora vamos a transitar otro camino. El de los argumentos de las defensas. Hace 15 días, en el cocktail por el 141 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, reconocidos abogados penalistas seguían criticando lo que sostienen ya es una línea de trabajo firme en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de asimilar las convocatorias de acreedores de empresas en crisis financieras al tramo final o de conclusión de una presunta estafa económica.
Y el comentario que se escuchaba entre abogados en el piki piki de la Bolsa, uno de ellos era Jorge Hillarescondo, es que se convirtió la denuncia penal en una estrategia para apurar el acuerdo económico del deudor con un acreedor cuando las soluciones deberían ser para todos los acreedores (no solo los que se presentaron en sede penal) en el marco de una convocatoria de acreedores.
Se trata de un tema que está en debate en la Justicia. Por caso, esta semana en Radiópolis, por Radio2, se entrevistó al flamante Fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, y su respuesta es para analizar:
“Hay que analizar cada caso viendo si las cuestiones de concursos y quiebras tienen una consecuencia penal. Se analizará siempre que haya delito, pero no queremos meternos en temas civiles cuando la solución es civil y luego se dejan las causas penales abiertas y sin resolver”, dijo el alto funcionario.
Ocurre que a diferencia de los Estados Unidos, una vez que arrancan las denuncias penales el proceso no se puede abortar luego por un acuerdo entre partes, mientras que en el país se logran los "abreviados", permitiendo así desactivar la avanzada penal logrado el acuerdo económico.
Ya que estamos, en lo referente al capítulo de los delitos económicos, el fiscal regional aclaró en Radio2 que los casos como los que seguimos en esta columna seguirán en la mira central del MPA.
“Vamos a priorizar los casos vinculados a circulación de dinero en hechos de violencia grave, las estafas con múltiples víctimas en diferentes estafas –como ocurrió con agentes de bolsa– y aquellos que generen un fuerte daño o conflictividad social”, resaltó.
Y de cara a los próximos meses, anticipó la creación de un área específica para abordar delitos cibernéticos. Y es que crecen las denuncias de estafados por supuestos brokers globales que recomiendan y asesoran inversiones a través de internet.
Pero no nos desviemos del tema central planteado. Sigamos:
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- Veamos ahora los argumentos puntuales de los financistas que esta semana desfilaron por el Centro de Justicia Penal. En el caso de Arcamone, la defensa estuvo en cabeza del abogado Renzo Biga.
¿Cómo argumenta que su caída no debe tratarse en el fuero penal? El letrado mostró que todas las denuncias presentadas, incluso las últimas radicadas luego de su detención, son por incumplimientos de 2022 y 2023, y en ningún caso Arcamone desconoce que está en falta.
Es más, una de las novedades que se presentó en la audiencia, era que el Grupo América se había presentado en convocatoria de acreedores (al convertir en concurso un segundo pedido de quiebra en su contra en diciembre de 2024 por Angélica Nuñez).
Para la teoría de la defensa, como se venía el momento de la verificación de créditos, los querellantes apuraron las detenciones para ver si podían apurar los cobros particulares.
Biga le pasó la lupa a las imputaciones de Fiscalía por u$s1.3M y encontró que al menos u$s670.000 ya estaban con convenios de pagos alcanzados que el MPA no registró en su expediente.
Por ejemplo, dijo, una de las imputaciones fue la denuncia presentada por Transporte Bissio por una deuda de unos 200 mil dólares, cuyo pago en cuota ya había sido pactado (levantado así el primer pedido de quiebra que esa empresa le había presentado a Arcamone).
Similar fue el caso de Cechini, con el que el agente de Bolsa y mutualista tenía una acreencia por 140 mil dólares y que dice haber logrado un acuerdo rubricado en sede judicial.
Para la defensa, el proceso de solución al problema de los algo más de 80 acreedores que tiene el Grupo América (en la presentación a convocatoria, dijo Biga, figuraban todas las acreencias de quienes hicieron denuncias penales) sigue siendo el concurso.
¿Por qué la caída del grupo? Según dijo Arcamone, enfrentó un estrés financiero producto de la disparada inflacionaria de 2022 y 2023. Pero la crisis se le disparó cuando una industria de Esperanza, que tenía colocado unos 40 millones de dólares a largo plazo en la mutual (que renovaba cada 30/60 días) le pidió para seguir una tasa muy alta (para cubrirse de la inflación) que él no podía pagar, y por eso se le retiró generándole un descalce que le llevó puesto todo el negocio.
¿Y Casanovas? Va en el próximo punto
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- El abogado defensor de Casanovas fue Emiliano Díaz, quien habló de la búsqueda por parte de la querella de una suerte de “concurso preventivo penal” en el que el foro civil se traslada al fuero penal por parte de denunciantes que no se presentan a verificar acreencias en la convocatoria y buscan acuerdo penal agitando denuncias de colusión en el concurso de acreedores. Fue así que relató casos de acreedores que no lo quieren hacer porque depositaron pesos (y recibirían pesos) o porque eran fondos no declarados al fisco.
“Si Casanovas sigue preso es muy probable que el concurso homologado no se pueda cumplir. Lo que va a conducir a la quiebra de Cereales del Sur y a que los acreedores no cobren. Ni los que verificaron, ni los que no verificaron porque no pueden demostrar sus acreencias y fueron a presionar con las denuncias penales. Lo que hicieron es como el abrazo del oso, porque los créditos se venían honrando”, aseguró Martínez.
¿Por qué cayó? Así como Arcaome culpó a la corrida del final del mandato de Alberto Fernández, Casanovas responsabilizó a la corrida de finales del gobierno de Mauricio Macri. “Por la caída del precio de los granos, perdieron valor los warrants que garantizaban muchas colocaciones. No es que los granos no estaban, sino que valían mucho menos”, insistió Martínez en su defensa.
Este lunes seguirá la audiencia imputativa contra Casanovas, que entró en cuarto intermedio el jueves. Ya le sumaron 26 nuevas imputaciones por estafa y otras 21 por colusión en la convocatoria de una de sus empresas (CDS). En audiencia del lunes le sumarán otras 20 imputaciones. Fiscalía pedirá que quede en prisión preventiva.
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- Como vemos, desde una mirada argumental ambas defensas tienen sus puntos fuertes. Pero hay varias aristas claves que no pueden soslayarse. Veamos:
1) Lo real y concreto es que el dinero de los clientes no está. Se calculan que son unos 6 millones de dólares en el caso de Arcamone y unos 15 millones de dólares en la caída de Casanovas. Ambos financistas no pueden tener semejante patinada y querer salir caminando como si nada hubiese pasado.
2) En ambos casos, ellos se presentan como exentos de toda culpa y responsabilidad de la crisis. No tienen la culpa de nada. Siempre el problema está en la macro-economía y no en que venían haciendo negocios financieros arriesgados a mil por hora sin mucha espalda y con dudoso know how. Es más, hasta llegan culpan a algunos clientes que por codiciosos les retiraron colocaciones.
3) Lo gomoso, enjabonado, enrevesado y poco claro de sus propuestas de pago y de sus actitudes con acreedores. Si bien suelen dar la cara, las respuestas son propias de profesionales en el arte de encantar víboras no dejando de contar que estaba generando nuevos y estrafalarios negocios y socios. Fue así que Arcamone revoleaba como parte de pago lotes de un fideicomiso que no estaba bien de papeles o Casanovas incumplía convenios de pago a poco de ser firmados.
4) El ejemplo de Luis Herrera asoma como el cénit de lo intrincado y confuso de las explicaciones, pero el caso del “Casanvoas paraguayo” lo dice todo. ¿Qué pasó? Resulta que una de las primeras audiencias penales, Casanova se presentó como radicado en Paraguay. Fue así que en la audiencia imputativa de esta semana, el juez Gustavo Pérez de Urrechu, que se acordaba del tema, le preguntó si, como extranjero, comprendía las imputaciones, a lo que Casanovas respondió que no era ciudadano paraguayo, lo que particularmente molestó al juez, quien hasta amagó con traer las grabaciones en las que el así se presentaba. Todo raro y confuso.
5) Cabe el interrogante sobre si los clientes que van al fuero penal lo hacen porque las convocatorias, que para las defensas son las instancias de resolución, llegan muy tarde y bien manoseadas. En el caso de Arcome, recién este 2025 fue abierta a casi 3 años de la caída y no por una presentación espontánea sino para levantar una quiebra. El caso Vicentín aparece como el punto máximo de una opaca presentación concursal.
6) Finalmente, asoma ahí un modelo distinto. Y lo vamos a nombrar a riesgo de que más de uno se enoje porque muchos productores perdieron cientos de miles de dólares: el de BLD. La agrofinanciera protagonizó en 2019 el mayor default de la historia del mercado de granos hasta la implosión de Vicentín. Pero a diferencia del resto, tras tumbar, entregó las llaves de la empresa, puso a disposición el patrimonio y armó un prolijo concurso de acreedores que le diseñó el estudio Robiolo y Asociados. Como corolario, no hubo proceso penal, buena parte de los acreedores se convirtieron en accionistas y hoy nadie anda por la calle tranquilo con una gorrita que diga BLD+ (como se llama ahora), pero la firma se recuperó y hasta anunció nuevas inversiones productivas en su granja de cerdos, tema que ampliaremos más adelante.
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- Y como todo tiene que ver con todo. Hablar de Casanovas nos vuelve a traer a la interna de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Por qué?
Ocurre que en el oficialismo insisten con que detrás de Cabanellas, de sólida trayectoria profesional, se esconden personajes que fueron parte de la gestión de Alberto Padoán y Raúl Meroi que quieren volver luego de ser corridos tras el escándalo Vicentín por el nuevo proceso de reconstrucción institucional.
Y por eso referentes de oficialismo recordaban que Casanvoas fue parte del directorio que tuvo a Meroi como presidente.
Por el contrario, Cabanellas se corre de todas esas versiones. Recuerda que él estuvo en la gestión de la Bolsa hasta la presidencia de Cristián Amuchástegui y sostiene que “hay mucha gente valiosa que la hacen responsables de cosas de las que no tuvieron nada que ver”
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- Dijimos Vicentin. Un repaso por los “sospechosos de siempre” de esta columna no puede no tener alguna referencia, sobre todo porque esta semanas hubo noticias. Sobre todo, porque estamos entrando, por fin, a la recta final.
Por un lado, se cumplió el deseo del acreedor Mariano Grassi. "No quiero saber nada más de Bougain", repetía en la última audiencia pública, cansado de las promesas incumplidas del directivo de Vicentín. ¿Qué paso? El posteo en x te lo explica.
El valor de liquidación bruto estimado de liquidación de Vicentin SAIC se ubica entre 290,90 y 320,20 millones de dólares con un promedio probable de 320,60 millones.
Así lo determinó José López Forastier, contador socio gerente de Marinozzi-Mazzitelli & Asociados y valuador designado en el proceso de “cram down” de la compañía agroindustrial concursada.
La cuestión es que, considerando los pasivos postconcursales de 22,70 millones de dólares, además de los honorarios del proceso concursal e impuestos, el valor neto de liquidación fue estimado en casi 252,0 millones de dólares.
El dato es que el pasivo concursal es de 1130 millones de dólares, lo que implica que el resultante de la liquidación de la compañía –en caso de ser viable la cifra estimada– serviría para cubrir apenas el 22% del pasivo concursal.
El siguiente paso del proceso es que un plazo de diez días el juez concursal, Fabián Lorenzini, determine el valor de las acciones representativas del capital social de la empresa. Luego, los inscriptos habilitados para presentar propuestas de salvataje tendrán 30 días para hacerlo.
Recta final
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- La que está pidiendo pista para entrar “en la lista de los sospechosos de siempre” parece ser Celulosa. El silencio de radio sobre su inmiente llamado a convocatoria es atroz. Casi fantasmal.
Por ejemplo, hay una empresa transportista a la que le deben $150M que los empapeló de cartas documentos reclamando por los pagos, pero ni respuesta obtuvieron.
El tema es que sumando la falta de respuesta a acreedores, los cambios de accionistas en Bolsa, el endeudamiento previo con los bancos, el último incendio en la planta, y hasta el posible desprendimiento de los terrenos en el norte, va configurando un escenario para que la denuncia por estafa esté al caer.
¿Vamos preparando el cartel de “bienvenido” a los sospechosos…?
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- No nos olvidamos de que, al fin de cuentas, se trata esta de una columna de negocios. Y lo importante es que pese a las altas tasas de interés, que enfría aún la economía, hay empresas que siguen tirando para adelante. Y esa confianza en que lo que viene será mejor es un activo que el gobierno nacional aún mantiene, aún en momentos difíciles en términos políticos. Por ejemplo:
1) BLD+ anunció que proyecta crecer un 50% en su granja de cerdos que tiene en Noetinger con nuevas inversiones El sistema asociativo de producción porcina de BLD+ crece para alcanzar las 8.500 madres frente a las 5.800 actuales. Este salto, exige no sólo más espacio, sino también un incremento en la productividad.
Actualmente, se iniciaron las obras para construir nuevos galpones y adaptar las instalaciones ya existentes. Esto incluye cinco galpones de engorde adicionales provenientes de productores asociados en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, hasta alcanzar un total de veinte. La financiación de este proyecto, valuado en 15 millones de dólares, proviene de un préstamo otorgado por Bancor, el crecimiento de productores asociados al sistema y fondos propios de la empresa.
2) El viernes 22 de agosto Agritec Global inauguró oficialmente, en el marco de un evento acorde a la ocasión, su nueva planta productiva de fertilizantes líquidos balanceados, ubicada en el Parque Industrial La Victoria de Venado Tuerto.
La nueva planta tiene una superficie de 2.000 m² y está equipada con tecnología de última generación. El diseño fue pensado siguiendo los más altos estándares de eficiencia y cuidado ambiental.
En esta primera instancia tiene la capacidad de abastecer hasta 35 mil toneladas de producción de fertilizante líquido, alcanzando luego las 75 mil toneladas anuales. Su puesta en marcha permitirá incrementar el volumen de producción, optimizar los tiempos logísticos, brindar mayor flexibilidad para el desarrollo de nuevos productos y potenciar la capacidad de innovación de la empresa.
3) Pero hay más. También está el caso de las empresas que apuestan por la innovación como estrategia de reducción de costos. Está el caso de la constructora y desarrolladora Edilizia, que días atrás celebró un hito para la industria de la construcción y en la historia de la empresa: se convirtió en la primera empresa de Argentina en certificar la norma ISO IRAM 19650-2 sobre metodología BIM en el rubro.
La certificación reconoce la implementación de un estándar internacional que optimiza la colaboración entre arquitectura, ingeniería y construcción, mejorando la eficiencia, la calidad y la innovación en proyectos públicos y privados.
4) La Asociación de Empresarios de la Vivienda de la Provincia de Santa Fe (AEV) continúa dando pasos firmes hacia la concreción de su Nueva Sede en calle Rioja 2472, un edificio contemporáneo que se convertirá en un punto de referencia para la vivienda y la construcción privada en Rosario y la región.
Tras la firma del convenio con el grupo desarrollador Hotham–Bonsembiante, la institución inició la elaboración de los pliegos licitatorios y comenzó a mantener encuentros con proveedores de distintos rubros, con la intención de sumarlos al proyecto y fortalecer la cadena de valor que hará posible esta obra.
En este sentido, la AEV lanzó esta semana una invitación a todas aquellas instituciones proveedoras de la construcción y a contratistas que estén interesados en sumarse a este proyecto que es referente en el mundo de la vivienda y busca posicionarse como el punto de encuentro del sector de la construcción.
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- Sigamos con las inversiones. Agricultores Federados Argentinos (AFA), la principal cooperativa agrícola del país, anunció esta semana que tuvo que poner en stand by su proyecto de “industrialización del maíz” hasta que no se bajen las barreras de entrada a nuevos jugadores que pone la actual ley de biocombustibles.
Pero su plan de inversiones por el centenario de la entidad sigue firme, pese a todo la coyuntura cambiaria y de tasas de interés. Por caso, ahora están importando equipos chinos para instalar sus propias estaciones meteorológicas.
Pero hay más. “Estuvimos visitando Emiratos Árabes. Siempre está la posibilidad de hacer algo en conjunto con empresas de allá. Hay alguna inversión que puede venir de allá para hacer algo en conjunto”, tiró la pista el gerente general de la cooperativa, Gonzalo del Piano.
Es que AFA, que acostumbra financiar sus proyectos con capital propio, está construyendo puentes para proyectos de gran escala, como puede ser puerto. Pero también mira hacia adentro. “También tenemos en carpeta la posibilidad de que si surge un proyecto interesante poder abrirlo a nuestros asociados para que sean parte, como accionistas de nuevas iniciativas. El management lo llevaría adelante la cooperativa, pero le abrimos la puerta al que el productor sea parte de un proyecto grande que en soledad a AFA le sería difícil hacerlo solo”, completó el ejecutivo.
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- Y, precisamente, con AFA vamos a cerrar, pero no por una cuestión productiva sino más bien institucional. Siempre sostenemos en esta columna dominguera que el tejido institucional (en nuestro caso, empresario) que tiene la región son un activo clave para superar todos los desafíos que enfrentar la región. Pero para que sirvan, a esos activos hay que mantenerlos vitales, tarea nada fácil.
Una de las llaves para que una entidad se mantenga vigente es lograr el compromiso de los más jóvenes, quienes empujan cambios y nuevas visiones. Una entidad con recambio generacional es una organización con futuro. Y en esa línea se inscribe la realización esta semana del Cuarto Congreso Nacional Productores AFA 4.0, que reunió a unos mil jóvenes en el City Center.
“Lo que buscamos es motivar a las nuevas generaciones a acercarse a la cooperativa. Muchos ya son socios y otros tienen a sus padres y abuelos asociados, pero en el corto plazo o mediano plazo van a tener que hacerse cargo de la empresa familiar”, comentaba el titular de la entidad, Darío Marinozzi.
“Tratamos de incentivar la participación, de que se sientan identificados, de generarles un espacio específico para que, además de capacitarse, conozcan y valoren la cooperativa; y sobre todo que puedan participar”, agregó en diálogo con Rosario3.
Fue así que durante el encuentro se habló de nuevas tecnologías, traspaso generacional de empresas, y hasta de perspectivas económicas. Pero más allá de tener un buen semillero de socios y dirigentes, hay otra razón por la que AFA manijea tanto el tema de motivar a los jóvenes. No en vano es el cuarto congreso de este estilo que organiza. ¿Cuál es?
“Ante la falta de políticas públicas, de este y de los gobiernos anteriores, nosotros tratamos, con nuestras herramientas, aportar a generar arraigo en los pueblos. Queremos más producción con productores. Los pooles de siembra, que nos corren convalidando precios muy altos de arrendamientos, no dejan nada en las pequeñas ciudades y pueblos en los que estamos. Como buscamos que los chicos no se queden en las ciudades grandes porque no hay alternativas de trabajo en los pueblos, es que buscamos generar inversiones y emprendimientos que agreguen valor en origen”, dijo y se despidió con una frase que repite un amigo suyo: “Si los jóvenes se van, los pueblos se convierten en geriátricos de grandes dimensiones”.
Buen domingo.