- Una cortita y al pie antes de empezar. A tomar nota de que empiezan a aparecer luces amarillas en muchas empresas del interior productivo de Santa Fe, y de sector pujantes.
Sudamericana de Lácteos, ubicada en la localidad de Díaz, acumula tres meses de deuda en pago a los proveedores tamberos y los ánimos se empiezan a calentar. En tanto, Matadero Frigorífico Don Rául, de Vera y con 130 empleados, entró en convocatoria de acreedores con un pasivo sólo en cheques rebotados de casi $3 mil millones de pesos.
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- Ahora sí. Vamos a unos de los temas centrales. ¿Por qué en Rosario saltan tantos casos de importantes financistas investigados por estafa y no así en Córdoba o Mendoza? No estamos hablando de outsiders random, como el caso de Cositorto (y su grupo Zoe), sino de tradicionales agentes de Bolsa o corredores de granos. ¿Cómo puede ser que haya en Rosario muchos más casos de reconocidos hombres de las finanzas que terminan recorriendo Tribunales o durmiendo tras las rejas que en la city porteña, un mercado mucho más grande? Es más, el único caso de resonancia en la ciudad de Buenos Aires, que es el de Wenance, tiene también un capítulo rosarino.
El debate es amplio y amerita un repaso a fondo de muchos y diversos factores económicos, políticos, sociales, judiciales y hasta históricos. Pero en ese gran lote de causales, hay una que prendió en el establishment. Y es la que sostiene la existencia de una tendencia en el aparato judicial provincial (sobre todo entre abogados penalistas y fiscales) en buscar asimilar las convocatorias de acreedores de las empresas (un proceso civil y comercial) al tramo final de una presunta estafa económica (fuero penal).
Incluso, el banco de inversiones Goldman Sachs lo apuntó como una desventaja a la hora de recomendar radicaciones de inversiones en la provincia, ya que -según esta lectura- no deja de ser un riesgo tener que desfilar por el Centro de Justicia Penal si al negocio emprendido en la provincia le va mal comercialmente.
Por ejemplo, los ejecutivos de la exportadora Vicentín, los dueños de la agrofinanciera Guardati Torti, el corredor de granos Sebastián Grimaldi y los agentes de Bolsa Luis Herrera, Daniel Casanovas y Pablo Arcamone -quienes estuvieron o están (según el caso) investigados en la Justicia por distintos delitos como estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita- siempre sostuvieron que la imposibilidad de cumplir con sus compromisos (de pagos de granos, de devolución de ahorros, etc.) fue producto de un estrés financiero propio de la convulsionada economía argentina.
Pero vayamos a los números para ver el sustento de la hipótesis de la existencia de una tendencia en asimilar convocatorias de acreedores y estafas financieras.
El Mercado Argentino de Valores (MAV), con base en Rosario, tiene unos 240 operadores asociados, de los cuales menos de un tercio son rosarinos. Por su parte, en el Centro de Corredores de Cereales de Rosario hay 75 operadores de granos asociados. Otro jugador clave -que siempre aparece como instrumento para vehiculizar de dinero en negro- son las mutuales, habiendo unas 750 en Santa Fe, la mayoría en Rosario.
A primera vista surge que los financistas corruptos son un puñado de un mar de operadores financieros. Ahora: ¿todas las convocatorias de empresas son asimiladas a una estafa en la Justicia provincial? Un abogado penalista al que le pone los pelos de punta ese cuestionamiento se tomó el trabajo de contabilizar los procesos iniciados desde el 2019, cuando empezó la tanda de defaults de operadores financieros y cerealeros, hasta la fecha, tanto a nivel de concursos como de quiebras. ¿Y a qué número llegó? Hubo en ese período 272 concursos y 879 quiebras.
Al comparar esa cantidad de procesos civiles con el puñado de casos que derivaron en investigaciones penales por estafa que (sumando hasta los casos de brókers más informales como Andrés Lux y Mauro Esqueff, el fugado Roberto Mondaini, el mutualista Carlos Ponce, y más recientemente el contador de Cañada de Gómez, Abel Macchi) llega a la docena, asoma como difícil sostener la hipótesis de la existencia de una tendencia generalizada en el sistema judicial penal de asimilar todas las convocatorias de acreedores a la fase final de una estafa.
Es más, como contraataque hay abogados penalistas que, por el contrario, sostienen que quienes hacen correr esa hipótesis son sus pares “comercialistas” molestos porque las investigaciones penales dificultan la resolución de los concursos y el cobro de honorarios. Ya volveremos sobre el tema porque hay mucha tela para cortar.
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- Hablando de los “Sospechosos de Siempre” de esta columna, esta semana la Cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva del financista Pablo Arcamone y su ladero Martín Fernández. También confirmó la inhibición e inmovilización de todos los activos financieros del Grupo América (como la mutual Pedro de Mendoza).
Pero hay más: el fiscal Sebastián Narvaja no solo tiene en cartera más delitos pronto a imputar, sino que además empezó a sobrevolar la idea de que también podrían ser alcanzados por el delito federal de “intermediación financiera sin autorización” porque no están habilitados para la compra venta de dólares que hacían en su “cueva”.
La defensa, por su parte, siguió sosteniendo que lo que para los denunciantes es una estafa, para ellos un incumplimiento contractual, insistiendo con que el proceso los imputados lo deberían transitar en libertad con restricciones y pagando una buena fianza. Para la defensa, el camarista Ivaldi Artacho, no dio demasiados argumentos sobre cuál era el riesgo y porqué no correspondía una alternativa a la prisión preventiva y por eso hasta último momento de la lectura del veredicto pensaron que le iban a imponer sólo un buena fianza a Arcamone. Pero no pasó.
También hay novedades en el caso del contador de Cañada de Gómez, Abel Macchi, cuyo millonario default todavía sacude a esa zona.Y las noticias son de las que más duelen. Resulta que producto de su crisis, la fábrica textil (nave insigna del grupo económico que llegó a consolidar en Cañada) de 180 empleados que tenía, se redujo a 60; y ya hay una abogada preparando el pedido de quiebra por parte de un acreedor.
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- Y si de “Sospechosos de Siempre” se trata, el viernes vaya que hubo novedades en la resolución de la crisis de Vicentín, el default más grande en la historia del mercado de granos. El grupo Grassi fue el único que consiguió las dos mayorías que exige el cram down, mientas que el tandem Dreyfus/Molinos Agro sólo logró uno de ellos.
Sobre un capital verificado de $100.412.824.176, la oferta de Grassi obtuvo conformidades que alcanzan los $85.148.741.947 lo que representa el 84,90%, superando de manera contundente el 66,66% requerido.
En cuanto a las cápitas, sobre un universo de 1722 acreedores verificados, obtuvo 1128 votos, el 65,5% sobre un exigible del 50% + 1 en esta categoría. Por su parte, Dreyfus/Molinos Agro alcanzó la mayoría en las cápitas (1.180), pero no llegó a completar el nivel de capital adherido.
No obstante, en un comunicado en el que no reconocía la derrota insistió con que había alcanzado los dos tercios del capital. ¿Cómo se entiende? Tal como anticipamos en esta columna el domingo pasado, su estrategia pasa por excluir del monto total las acreencias de un grupo de acreedores verificados que no les votaron la oferta (como Cima, Oleaginosa Moreno, y Grassi, entre otros) y sobre lo que queda tras ese recorte (al que llaman “acreedores legítimos”) calculan los dos tercios. Y eso es así porque, si se toma el total del pasivo exigible concursado y ya habilitado, no llegan al mínimo.
Esa postura es un anticipo del planteo de exclusiones de acreedores que harán en la Justicia. Pero la Sindicatura de concurso ya tomó distancia de ese argumento, y el grupo Grassi descuenta que sobran los argumentos técnicos, formales y procesales para que el juez Fabián Lorenzini lo rechace y todo quede, al final, en un mero “pataleo judicial” de un grupo que, dicen los más críticos, lo que buscó siempre fue hacer caer el cramdown (y por eso hacía ofertas muy agresivas) para quedarse en la quiebra solo con los activos que le interesaba.
Como sea, el punto fuerte de la estrategia de Grassi fue la de, pese a tener desde hace varios días los dos tercios del capital adheridos, demorar la presentación (un tema no menor porque el cramdown lo gana quien antes presenta las mayorías exigidas) hasta alcanzar una nivel de aval tan contundente -como el 84.9% al que llegaron- que muestre que pese a que les bajen acreedores (algo que, repetimos, no le ven asidero) igual mantienen los dos tercios exigidos.
Como si faltar algo, y aun dando por válido la jugada de Molinos Agro de presentar "mayorías ficticias", como definió el abogado Gustavo Feldman, el juzgado de Reconquista informó ayer que, por sistema (dato objetivo), fue el grupo Grassi "el primero que manifestó obtención de las mayorías". Y en cramdown el que llega primero gana.
Tanta fue la distancia y la contundencia, que en el Grupos Grassi ya dieron vuelta de página con el cramdown y -mientras esperan la homologación judicial y el cambio de acciones- emitieron el sábado un comunicado en el que dicen que “el resultado es muy positivo para el mercado agroexportador en general".
Es más, sostuvieron que “trabajamos desde el día 1 en pos de encontrar una solución que fuera capaz de restituir de la manera más justa sus acreencias y diseñar a su vez un plan a futuro para que pudiera mantener todas sus unidades de negocio operativas, devolviéndole el vigor y la competitividad que supo tener". Y agregaron: "Sin dudas, será beneficioso para todo el segmento, propiciando en un mercado ya de por sí competitivo, una mayor variedad de ofertas, alternativas y opciones comerciales", concluyeron.
El grupo Grassi se mostró confiado en una "pronta y consistente recuperación de la economía del país, que tenga nuevamente al agro y a sus empresas como motor y protagonista del desarrollo de la Argentina".
Y, precisamente, para cerrar este capítulo hay que destacar que los grandes ganadores de este proceso son los acreedores, que en su gran mayoría pensaba que nunca iban a recuperar los perdido, y los trabajadores de Vicentín, que muchas veces temieron por la continuidad de sus empleos, sobre todo si la empresa quebraba.
Es más, también quedó claro que no era, como planteaban los dueños de Vicentín, que la única salida era la oferta de pago concursal que ellos realizaban (que significaba una quita de hasta el 80% de los medianos y grandes acreedores y el desguace del holding, ya que los activos del norte quedaban huérfanos) porque no habría nadie interesado en presentarse a competir por la compañía.
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- Vamos ahora a la interna por la sucesión presidencial de la Bolsa de Comercio de Rosario porque sigue concentrando el interés de todo el establishment, que -con pochoclo en mano- devora cuanta nota aparece en la prensa sobre el tema, toda una invitación a que los periodistas estemos todo el día sobre la cuestión. Es por eso que los socios se deberán -pasada las elecciones- replantear lo que provocaron por su incapacidad de consensuar ya que convirtieron a la principal entidad empresaria del interior del país en la comidilla de cuánta reunión empresaria. Lavada la culpa de la prensa (o mejor dicho tras cargar la responsabilidad en la institución, je) contemos al golpe a golpe de esta semana ya que hubo varios rounds que tuvieron como eje el escudriño crítico de las listas presentadas :
La oposición, que tiene al molinero Víctor Cabanellas, como candidato a presidente mostraba que, pese a todos los señalamientos que se le hicieron de que detrás suyo querían volver todos los socios vinculados a la gestión de Alberto Padoán (Vicentín), al final la lista que presentó el oficialismo tiene más postulantes que participaron en los mandatos del aceitero que ellos; dato que -sostienen- deja sin efecto ese mote.
Desde el oficialismo, que tiene como candidato al agente bursátil Pablo Bortolato, al insistir con que la oposición representa una vieja Bolsa, llaman a revisar la lista no de candidatos sino la de los “socios patrocinadores" de los opositores ya que allí figuran quienes sostuvieron a Padoán.
Mientras que el oficialismo resalta que en la lista opositora no hay representación del sector de la exportación, que es un sector clave del mercado, desde la oposición marcan que hay mucho apoyo al oficialismo del sector de las cooperativas, que dicen le compite deslealmente (con ventajas tributarias ya que no pagan ganancias) a los acopios y corredores.
Desde el oficialismo destacan que su lista tiene las representaciones institucionales (Mercado de Valores, Centro de Corredores y Gremial de Acopiadores) cuando la opositora sólo referentes del corretaje y el acopio a título personal, desde la oposición siguen cargando de que no hay renovación en la lista presentada ya que siguen los que están, y le apuntan sobre todo a la permanencia como vocal del actual presidente Miguel Simioni, continuidad de un expresidente que destacan es inédita en la historia de la entidad.
Entramos ahí en un tema áspero. Desde la oposición insisten con que no hubo intención del diálogo, y hasta hubo destrato (sobre todo con expresidentes) porque luego de la presentación que hizo Cabanellas en la Mesa de su intención de postularse buscando consensuar el resto de la lista, nunca recibieron un solo llamado. Y es verdad que nunca los llamaron para sentarse a dialogar, siendo el único encuentro entre Cabanellas y Bortolato gestionado por el propio candidato opositor.
Pero desde el oficialismo no solo se quejan de que buscar consenso no es exigir la presidencia, sino que dicen que no es querer dialogar, poner como condición para el armado de una lista de consenso -como cuentan que hizo Cabanellas- que no sigan dos actuales miembros que ocuparon lugares claves, uno de ellos Simioni, y el otro el tesorero Sebastián Botallo, destacado ejecutivos del Grupo Los Lazos, presidido por Federico Boglione.
No en vano, Boglione, quien fue uno de los impulsores de la llegada de Simioni a la Bolsa, se puso ahora al hombro la campaña oficialista.
A todo esto, el domingo pasado se planteó en esta columna que la oposición debe mostrar a los socios cuál es su crítica a la gestión y orientación que proponen. El propio Cabanellas se juntó luego con este periodista y, tras rechazar los motes a su grupo de “conservador” y “padoanista” que le atribuye el oficialismo, mostró sus cartas.
Fue así que tras deslizar alguna crítica al “excesivo personalismo” de la gestión, aseguró que validan y mantendrían la nueva agenda más abierta y social de la entidad, y que lo que buscan es hacer foco en un tema crucial que dicen la actual conducción desalentó: que la Bolsa, ante todo es un centro de negocios para sus socios, y que de la generación de esos negocios, sobre todo en el mercado de granos, salen los fondos para financiar el resto de las actividades institucionales. Es más, advierten que los números de los balances muestran fuertes caídas en los ingresos por las muestras que se analizan en los laboratorios y en la recaudación por operaciones registradas.
Si bien reconoce que las razones de fondo para la pérdida de gravitación del tradicional mercado de cerealero que son estructurales y que exceden a las Bolsas, para Cabanellas la actual conducción no se concentró en el desarrollo de herramientas que generen nuevas oportunidades y activen nuevos mercados para el conglomerado cerealista. Y asegura que armaron un grupo de profesionales de primer nivel (muchos de ellos jóvenes), y cuyos nombre se mantienen en reserva para que no se politicen, con los que saldrán a desarrollar nuevos espacios de negocios para los operadores.
Obviamente, el oficialismo rechaza el cuestionamiento, contrapone los números de crecimiento de los mercados Rosgan, MAV y A3, y ante el cuestionamiento sobre la marcha del mercado físico de granos, sale a hacer notar que la industria molinera, de la que Cabanellas es referente, es precisamente, la que menos registra operaciones y envía muestras a analizar en los laboratorios de la Bolsa. También aseguran que el objetivo de Bortolato es convocar a los nuevos profesionales.
El golpe a golpe seguirá hasta el 27 de noviembre en la que, en asamblea, los algo más de mil socios de la Bolsa habilitados para votar decidirán. Y tras las elecciones, gane quien gane, seguro habrá reacomodamientos internos. Y fuertes.
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¿Las autoridades de la UIF y ARCA tienen registro del origen y destino del dinero que movió este fin de semana el festival evangélico Palau en Monumento a la Bandera? Como que fue una puesta en escena muy grande para que ningún funcionario nacional se lo pregunte.
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- Vamos al Aeropuerto de Rosario, pero a ponerse el casco y mirar el piso que parece que hay muchas baldosas flojas. Las obras de remodelación de la pista avanzan a paso firme y no pasa una semana sin que un funcionario provincial o municipal las recorra. Un paseo que les sirve tanto como promoción en redes sociales, pero también muestra que están encima de la marcha de las tareas para que se terminen en tiempo y forma.
Lo cierto es que la ampliación de la pista no terminó y ya arrima nuevos negocios, como la aerolínea paraguaya Paranair que anunció su intención de desembarcar con una conexión directa Rosario-Asunción, ideal para el segmento corporativo. Eso sí, está pidiendo al gobierno provincial un “empujoncito” oficial para que le cierren los números.
Ahora, no se trata de ser una aguafiestas, pero sí de mostrar la película completa. Y es que el último informe, fechado en septiembre, del Comité de Higiene y Seguridad Laboral del Aeropuerto, al que tuvo acceso Rosario3, deja muchas señales de alerta sobre la marcha de las obras y concluye que hay “un panorama de alto riesgo derivado de fallas sistémicas en el control de seguridad y la documentación de contratistas”.
La conclusión a la que llega es, por lo menos polémica, ya que si bien admite que van 144 días sin accidentes laborales para el personal del AIR, lo que considera el único indicador positivo, señalan que eso “se ve eclipsado por la cantidad y gravedad de los riesgos latentes detectados”. Por eso, y sobre todo en un escenario de muchas tensiones sindicales y de internas políticas, dejemos de lado las conclusiones (que seguro entrarán en el terreno de la controversia) para sentarnos en los hechos que detectan y registraron ya que ahí no dejan margen para la duda de que hay problemas.
Veamos: en lo que hace fallas en la “protección del personal” y “la realización de actos no seguros” cuentan que “se registraron múltiples casos de personal trabajando sin el Equipo de Protección Personal básico y obligatorio, tales como:, maquinistas caminando sin casco, personal aserrando sin anteojos de seguridad; y hasta se detectó a una persona fumando mientras realizaba tareas de peinado de hormigón en cabecera 02, lo que implica un riesgo de incendio en un sector de obra”.
En lo que hace a “riesgos eléctricos y de altura críticos” se detectó en la obra “un generador en uso sin tablero, sin Puesta a Tierra y sin extintor, combinando riesgos eléctricos y de incendio de máxima gravedad”, y en los trabajos en altura “encontraron personal en plataforma elevadora sin uso de arnés y personal realizando tareas en altura sujetándose a un punto fijo no aprobado, lo que llevó a la suspensión de las tareas. Además, había andamios con faltante de barandas”.
También se detectó “el uso de hidrogrúas sin certificación, con el gancho sin traba de seguridad y atado de forma precaria con alambre. También se detectaron “múltiples equipos trabajando sin la documentación obligatoria o sin estar habilitados en sistema, lo que obligó a detener tareas” y hasta “se reportó a un operador sin certificación habilitante para la manipulación de la Hidrogrúa”.
El informe concluye que “la cantidad de actos y condiciones Inseguras detectadas, particularmente el uso de maquinaria sin certificación, las fallas en la seguridad de izajes, la falta de EPP y los riesgos eléctricos críticos, demuestran que el control preventivo ha colapsado. La principal causante de esta situación es la negligencia en el cumplimiento y el control de la documentación y los procedimientos de seguridad de los contratistas, y por eso la administración del aeropuerto debe tomar medidas drásticas e inmediatas para imponer una tolerancia cero al incumplimiento documental y de procedimientos, ya que la actual falsa calma de cero accidentes es insostenible”.
El informe completo lo podes ver en el archivo adjuntado.
Más allá de que haya o no quienes estén queriendo meter ruido contra el gobierno provincial, las contratistas o las autoridades del aeropuerto, lo que no amerita dilaciones son mejorar los controles para que no haya riesgos para el personal.
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- Sigamos por el lado de la infraestructura. Como siempre sostenemos, su histórico déficit (en obras y gestión) es el principal problema que tiene la economía de Santa Fe, cuyas cuentas están en orden y sus producción es competitiva. Y vamos a concentrarnos hoy en la cuestión hídrica porque la aparición esta semana de tres noticias expone la gravedad del retraso.
Por un lado, la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo de la Cámara de Rosario y restableció el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. por la descarga de efluentes cloacales e industriales en el Río Paraná, a través del Emisario Sur, ubicado en Ayolas y colectora de Circunvalación.
Según la investigación que validó el Ministerio Público Fiscal, entre 2018 y 2021 la planta de Emisario Sur, ubicada en Ayolas y colectora de circunvalación, habría volcado al Paraná más de 350 millones de litros diarios de efluentes con residuos cloacales e industriales. Las pericias realizadas por la Policía Federal Argentina (PFA) confirmaron la presencia de coliformes fecales, Escherichia coli, plomo y níquel, con contaminación extendida a más de 350 metros del punto de vuelco.
Más allá de las particularidades judiciales del caso, lo que emerge (y nunca mejor dicho) es que en Rosario, por la falta de plantas de tratamiento, se tiran los residuos cloacales al río como en 1800. Directo del inodoro al Paraná. Sin escalas.
La segunda noticia fue los 1.500 registros en localidades que se encontró agua con arsénico. El mapa elaborado por el Instituto ITBA, que publicó ayer Rosario3 en una nota firmada por el periodista Ricardo Robins, muestra que el oeste de Santa Fe está entre las zonas con niveles altos de ese tóxico natural y que si bien Assa y los acueductos garantizan la calidad en las principales ciudades, hay unas 300 localidades deben recurrir a otras alternativas.
Y llegamos así a la tercera noticia que fue el debate que se activó tras la presentación en la Legislatura del libro “Gobernanza del Agua y Saneamiento en Santa Fe, desafíos y propuestas para su gestión”, escrito por Juan Carlos Venesia, director del Instituto de Desarrollo Regional Rosario (IDR), acto al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el senador Ciro Seisas.
“Cualquier plan de desarrollo tiene como prioridad la provisión de agua potable, la seguridad hídrica y el saneamiento como temas centrales”, dijo el especialista Juan Carlos Bertoni, quien fue el encargado de comentar el libro. Clarísimo, sin esa infraestructura no hay desarrollo social.
Fue ahí que Venesia explicó que tras la reestatización de Aguas durante el gobierno de Jorge Obeid se anunció que tres años después para 2008 debía estar el marco regulatorio que aborde con integralidad el manejo del recurso hídrico, pero el cuerpo normativo nunca se presentó.
“Nunca lo hicimos. Tornamos lo transitorio en permanente. Nos regimos en la precariedad y en la transitoriedad. No se trata de un marco para la empresa, hoy pública, sino de una planificación integral de un recurso que permita dejar atrás un régimen como el actual en el que el 60% de la población de Santa Fe está atendido por Assa mientras que 1 millón de personas lo son a través de prestadores municipales y cooperativos sin integralidad en el abordaje de la problemática. Si buscamos desarrollo sostenible, es necesario una gestión integral del recurso hídrico”, señaló.
“No hay forma de saldar pasivos ambientales y sociales sin un manejo integral del agua. No se trata de una planta de ósmosis inversa, o de ampliar una planta potable, sino una gobernanza desde la integralidad del recurso hídrico, sobre todo ante un cambio climático que nos condiciona. Lo ocurrido en Porto Alegre o Bahía Blanca son advertencias. Son balas que pican cerca”, concluyó Venesia.
En el encuentro se concluyó que es necesario avanzar con un nuevo marco regulatorio que permita sacar a Santa Fe de la emergencia sanitaria dictada en 2024 y que prorrogó hasta diciembre de este año la presentación de un nuevo esquema normativo.
¿Llegará el gobierno a tenerlo listo para enviarlo a la Legislatura a fin de año? Según comentó el ministro Enrico, no se enviará un texto ya completo sino que se presentarán una serie de principales lineamientos para que diputados y senadores hagan sus aportes.
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- A todo esto y volviendo a la falta de una planta de tratamientos de residuos cloacales en Rosario, ¿con qué cara la Provincia (en esta y en las anteriores gestiones) le exige a los urbanizadores todo tipo de obras cuando su propia empresa de aguas carece del Certificado de Aptitud Ambiental vigente por lo que violaba la normativa nacional y provincial (leyes 24.051, 27.279 y 11.220 de Santa Fe)? ¿El carácter estatal o de servicio público de la empresa no la exime de responsabilidad penal? Debate abierto
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- Salgamos de las cloacas y vamos al aroma al de los verdes billetes. Esta semana se conoció que el Banco Central inició acciones judiciales contra el club Rosario Central al que le reclama u$s3,5 M y 3M de euros por divisas no ingresadas en la venta de jugadores hasta 2022. Si bien los apuntados por el presunto ilícito son ex directivos, el que debe la plata es el club canalla.
No se trataría de una maniobra demasiado compleja o inédita la que le achacan a Central. De hecho, en los tiempos del cepo y control cambiario del gobierno anterior era de uso recurrente por quienes generaban dólares en el exterior (por exportaciones o servicios) no liquidar las divisas como dice la normativa, vía bancos, porque al cobrarlos se llevarían pesos al tipo de cambio oficial, que era mucho más bajo que el libre.
Lo que se hacía, entonces, era comprar bonos argentinos en el exterior que se vendían luego en el mercado local, llevándose un mejor tipo de cambio, el famoso “Contado con Liqui” o “CCL” zafando así de tener que venderles barato los billetes verdes al Banco Central. Es más, hasta hubo empresas que compraban agencias de Bolsa para hacer de manera masiva y sin levantar sospechas estas operaciones.
Ahora bien: ¿impactan estas investigaciones en el Banco Municipal de Rosario que le presta al club el servicio de comercio exterior en las transferencias de jugadores? En principio, hay que aclarar que el ingreso de las divisas es responsabilidad del cliente, no del banco con el que opera. Sobre todo, porque en este caso el banco es puenteado.
“Central operó algunas transferencias de jugadores con nosotros, al igual que Newells. Hace tiempo tuvimos consulta del Banco Central por la operatoria y nos dijeron que estaban mirando todos los clubes. Nosotros adjuntamos todo lo requerido y se cerró la inspección sin problemas. Nosotros sobre estos casos no tenemos ningún reclamo del Banco Central”, le dijo a Rosario3 el presidente del Banco Municipal, Claudio Forneris.
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- Apoyar siempre a los dos grandes clubes de fútbol rosarino es todo un tema para los bancos, y no en vano -cuando las cuentas urgen- terminan gestionando desde la política el respaldo del Banco Municipal por el compromiso con la ciudad.
Pero hablando de “balas que pican cerca”, para ponerlo en términos de locutor de partidos de futbol, el Municipal por estas horas estás preparando la apelación al fallo de primera instancia que hizo también responsable a la fiduciaria del grupo, BMR Mandatos y Negocios, de los incumplimientos de obras y la disposición indebida de lotes que estaban en garantías por parte del Grupo Lands en el desarrollo de loteos en el Funes
“El fallo tiene incongruencias insalvables. Tenemos 20 días hábiles para apelar. Recién fuimos notificados”, anticipó Forneris sobre el papel de BMR Mandatos y Negocios en la administración del fideicomiso.
Estos temas, igual, no desvelan al Banco Municipal que se enfoca en el armado de nuevos productos y días atrás presentó su nueva plataforma de subastas online, herramienta digital diseñada para modernizar, agilizar y darle transparencia a los procesos de subasta de vehículos, maquinaria, inmuebles, oro, joyas, etc.
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- En tiempo de cerrar el run run, y para hacerlo -como siempre- vamos a destacar las acciones del tejido empresario local que muestran que, contra todo, los emprendedores -de todos los tamaños y sectores- están dando pelea y no bajan los brazos, un sello de la región. La novedad es que Rosario se prepara para recibir a más de 400 empresarios, profesionales y emprendedores en Activa Pymes 2025, el nuevo encuentro que se propone convertirse en un punto de referencia para el ecosistema productivo regional.
Organizado por la Municipalidad de Rosario y Ecos365, el portal de negocios de Rosario3, junto a aliados estratégicos del sector público y privado, el evento tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con una jornada que combinará charlas, paneles, casos de éxito y espacios de networking pensados para abordar los principales desafíos de las pequeñas y medianas empresas.
Una agenda centrada en los temas que definen el futuro pyme. El programa incluirá temáticas clave como transformación digital, inteligencia artificial aplicada al negocio, financiamiento, gestión y liderazgo, siempre con una mirada práctica sobre la realidad de las pymes de la región. La participación será gratuita con cupos limitados. Más información en activapymes.com.ar