La decisión de la Municipalidad de Rosario de dejar de exigir aportes a la Caja de Previsión Social de Ingeniería de Santa Fe a los profesionales que soliciten permisos de inicio y de final de obra provocó un profunda conmoción en las autoridades de la entidad, quienes a la par de activar un canal de diálogo con funcionarios municipales ya encargaron la preparación de medidas cautelares para presentar en la Justicia para frenar la aplicación de la medida.
Al dejar de tener garantizado el cobro como lo tenían por esa exigencia, hay mucha preocupación por estas horas en la entidad, y ya anticipan dificultades para hacer frente a 2.000 jubilaciones con 10.000 activos, si se relajan los tiempos de pago. Además, advierten que corre peligro el financiamiento a la obra social, con unos 8 mil afiliados, que debería subir el valor de las cuotas.
Los directivos de la Caja, que es la misma para arquitectos e ingenieros, se enteraron del decreto el viernes al mediodía mientras mantenían una reunión. La resolución tomó a todos por sorpresa, incluso a directores que tienen empresas constructoras de trato regular con la Intendencia.
Los ejecutivos de la entidad no solo están diciendo que nunca fueron convocados para tratar el tema, sino que recordaban que el último contacto con las autoridades fue a finales del año pasado cuando presentaron un proyecto para que aumenten los controles a contratistas de obra pública porque habían detectado alto nivel de evasión en aportes a las Caja. De ese encuentro, aseguran, salieron con la promesa de implementar controles, pero nunca supieron más del tema.
En concreto, lo que decretó la Municipalidad es dejar de exigir que los profesionales que firmen pedidos de permisos y final de obras tengan aportes al día, entendiendo que eso se trata de una cuestión particular entre los profesionales y su colegio.
En la Intendencia entienden que los requisitos y exigencias para otorgar el permiso y el final de obras tienen que estar circunscriptos a cuestiones propias de la construcción, higiene y seguridad.
La Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), las dos principales entidades empresarias del sector, se pronunciaron a favor de la medida.
Según la lectura de La Caja, por el contrario, las leyes que las regulan establecen que los organismo públicos tiene la obligación de exigir e pago de los aportes, como pasa con los abogados y los trámites que realizan en sede judicial.
Según averiguó Rosario3, las autoridades se comunicaron con funcionarios de la Secretaría de Planeamiento, para pedir una marcha atrás, pero como divisan que el decreto es tan contundente (ni establece período de transición) suponen que la Intendencia no tiene margen político para retroceder en la decisión.
Es por eso que, en paralelo, preparan una medida cautelar para frenar su aplicación, reclamo en la Justicia que en el Palacio de los Leones descuentan ya que tenían previsto la judicialización. Es más, en la Intendencia están convencidos de que la normativa está de su lado para que la decisión sea validada en Tribunales.