Este viernes se conocerán los detalles de la investigación de los fiscales federales Juan Argibay y Matías Scilabra por presuntas maniobras de lavado en torno al Puerto de Rosario que esta semana activaron las detenciones de la pareja, la hija y el hijo del ex presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR), Gustavo Shanahan, quien cumple condena por narcotráfico, y por la cual, a través de Interpol, se libró una orden de detención internacional contra el empresario catalán Jordi Pujol por presuntos sobornos y lavado de activos vinculados a la concesión de los muelles rosarinos.
Formalmente, los fiscales realizarán la declaración indagatoria en la que ante el juez Carlos Vera Barros presentarán por escrito los detalles de la investigación y los cargos que pesan sobre los involucrados, quienes podrán seguir o no detenidos dependiendo lo que acuerden fiscales y defensores.
¿Por qué ahora?
Que todo se realice en los términos del viejo sistema (de tipo inquisitivo) en el cual los jueces federales alternan la tarea de investigar los delitos con la de juzgar (y todo por escrito), muestra, de movida, que no se trata de una nueva investigación de Argibay y Scilabra, sino que están reactivando una causa ya iniciada, en este caso de maniobras realizadas presuntamente entre 2004 y 2012.
¿Por qué salta ahora con un caso de hace 12 años cuando los actores involucrados ya no están más en el puerto de Rosario, empresa que finalmente pudo dar vuelta de página a un pasado bastante tormentoso y con, al fin, horizontes de crecimiento para la terminal y desarrollo para la región?
Es que precisamente, estos nuevos fiscales federales, vienen insistiendo con que los jueces federales de Rosario, aprovechando el viejo sistema, hicieron por décadas un suerte de culto del “cajoneo” de expedientes y por eso están reactivando causas “dormidas” que les parecen importantes y a las que le ven mucho impacto mediático y revuelo social, como pasó con la causa contra el ahora ex juez Marcelo Bailaque.
Y esta causa de lavado en el puerto que despertaron ahora estaba en el juzgado federal número tres de Vera Barros, quien este viernes presidirá la audiencia y, como es del viejo sistema, también deberá encabezar. Lindo momento.
Un catalán que no es Serrat
La presencia del Shanhan, un financista de la city, y el empresario catalán Jordi Pujol en el Puerto de Rosario se asientan sobre un problema fundacional de la empresa que tiene la concesión de las terminales I y II del puerto desde 2002: su opacidad accionaria y gaseosa institucionalidad.
Terminal Puerto Rosario (TPR), que ganó la concesión durante el gobierno de Carlos Reutemann, estaba formado mayoritariamente por un diverso conglomerado de empresarios del establishment rosarino que se había formado a finales de los ochenta y crecido fuerte en los noventa en negocios de la construcción, las finanzas y los servicios jurídicos; acompañados por un grupo de empresas catalanas que operaban en el puerto de Tarragona con una participación accionaria minoritaria.
La cabeza visible de ese particular conglomerado (cuyas figuras siempre permanecieron fuera del radar público haciendo todo tipo de negocios no portuarios) y presidente de TPR era Guillermo Salazar Boero, titular de un grupo de acciones que -según el contrato de concesión- eran intransferibles por 10 años.
Primera aclaración: el puerto de Tarragona, a contramano de lo que se decía por aquellos años, nunca tuvo participación accionaria o compromiso económico con el puerto, pero sí ofició de puente institucional con empresas españolas a las que logró interesar para que vengan a explorar el desarrollo de rutas de comercio exportador e importador entre Rosario y Tarragona.
Para 2004, TPR realizó una asamblea de accionistas que levantó mucha polémica. Por aquel entonces, la empresa necesitaba una capitalización urgente para cumplir con las exigencia contractual de inversión en infraestructura, pero la ampliación concretada -que fue aportada por los socios locales- terminó siendo objetada por los accionistas de Tarragona que vieron licuada su participación.
Y como al mismo tiempo la exploración de negocios fue un fracaso, las empresas de Tarragona iniciaron una batalla judicial contra TPR. Fue hacía 2006 cuando aparece el empresario catalán Jordi Pujol (h) comprando las acciones de los catalanes, casi como una puerta de salida al fallido negocio que él y su gente (el puerto de Tarragona) les habían propuesto. Entonces, a través de la empresa Inter Rosario Port Service, fue que Jordi Pujol se quedó con un 30% de las acciones.
Entre 2007 y 2008 ocurrió un proceso que nunca quedó claro: el puerto pasó de tener ganancia contables a millonarias pérdidas, lo que agitó las versiones de un posible vaciamiento. Fue así que hacia 2009 TPR estaba otra vez contra las cuerdas, pero esta vez de manera terminal por la combinación de la caída de la actividad y la falta de capital propio. Y allí es cuando aparece Shanahan quien, desde la empresa Pro Puerto, se queda con el 50% de la empresa y corre a Salazar de la titularidad.
Ese proceso de cambio jugó, por lo menos, al fleje con las normativa de sociedades y de concesiones en lo referente al cambio de acciones en concesionarias.
Shanahan siempre dijo que para financiar esa compra tocó muchos timbres, pero nunca señaló que una canilla de ese fondeo fue el propio Jordi Pujol (h). Al menos hasta que, ya corrido de TPR, y en el marco de una audiencia con el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional (Madrid), española que investigaba a Jordi Pujol (h) por evasión y lavado, admitió que el puerto recibía dinero negro y no declarado del catalán para blanquearlo como inversión en el puerto de Rosario.
Acá aparece un tema inquietante: la Justicia española le imputó en ese momento a Jordi Pujol (h) "haber administrado y puesto en circulación fondos provenientes del comercio de estupefacientes juzgado en la causa Manzo”, que investigaba las actividades de una red presuntamente liderada por miembros de la familia Manzo dedicada a la introducción masiva de cocaína en España y Europa mediante rutas marítimas desde Sudamérica. Shanhan, en 2021 ya en retirada tras la caída de todos su negocios, fue detenido por realizar operaciones cambiarias para narcotraficantes, razón por la que fue condenado por narco y por la que hoy está preso.
¿La compra de acciones de TPR por parte de Shanahan estuvo financiando por dinero que venía el catalán para blanquear, operación de lavado que se cierra al venderle en 2010 las participaciones societarias de Pro Puerto y de Inter Rosario Port Service a Aotsa, empresa con la que Vicentín puso el primer pie en el puerto de Rosario? Es más, ¿la presencia de Shanhan en 2009 no fue para darle apariencia de licitud a las acciones que Pujol ya tenía en TPR?. Eso piensan los fiscales federales.
Ahora bien: ¿por qué quedan involucrados los familiares de Shanahan? Aparecen firmantes en la triangulación que hubo entre empresas para instrumentar ese acuerdo transnacional.
¿Y cómo Shanahan y Jordi Pujol (h) disimularon la llegada de fondos de origen espurio y transnacional? Una posibilidad es que hayan simulado pasivos o estructurado compensaciones financieras.
Y la sospecha se activa por el “Convenio de reconocimiento de deuda; Acuerdo de cesión de derechos sujeto a condición suspensiva”, que en 2015 firmaron Inter Rosario Port Services y Shanahan en el cual se habla de una deuda del catalán con el rosarino por la gestiones de intermediación ante Vicentin de unos 850 mil dólares.
Finalmente, un tema no menor es que los vendedores tienen denuncias cruzadas entre ellos por incumplimientos contractuales en ese paso de dinero de la venta y a su vez denuncian incumplimientos en los pagos de Vicentin, quien compró todas las acciones de TPR a Shanahn y Pujol para luego desde ahí vender hacia 2012 el 30% a Ultramar, empresa top latinoamericana con base en Chile.
Como es sabido, la historia no terminaría bien para Vicentin: su escandaloso default de 2019 le desfinanció su negocio en el puerto. Fue así que empezó a perder acciones hasta quedarse con un 30%, convirtiéndose Ultramar en el socio mayoritario.
Hoy, a diferencia de ese pasado tormentoso, la situación institucional en TPR parece encaminada porque no quedaron los nombres y personajes del pasado y hoy tiene una composición accionaria seria y transparente: Ultramar, reconocido grupo internacional, que se encarga de la operatoria del puerto, y el grupo Grassi, reconocidos cerealistas que se quedaron con las acciones de Vicentin.