“Neutralizar distorsiones y garantizar un abastecimiento transparente”. Así presenta el gobierno de Santa Fe a las “cinco modificaciones estructurales” que propone a la normativa que regula la industria del biodiesel y con las que busca terciar entre los dos diferentes proyectos que se discuten en el Congreso.
Por un lado, está la iniciativa oficialista, que es impulsada por la senadora Patricia Bullrich, y rompe de fondo la lógica de la ley original de biocombustibles de 2006 al permitir que las grandes aceiteras puedan ser proveedores de los bio a las petroleras para los cortes obligatorios en las naftas y el biodiesel que se venden en el mercado interno, hasta ahora un negocio reservado a las empresas no integradas con aceiteras, en su mayoría de capitales argentinos.
El otro proyecto que está en danza en el Congreso es el que impulsa el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, que pretende reservar una porción del corte de hidrocarburos para esas empresas “no integradas”. Ambos proponen un aumento de los cortes obligatorios.
Como en Santa Fe están instaladas las multis y las no integradas, el gobierno provincial está necesitado de un proyecto que equilibre ambas posturas. "Nuestra propuesta no se para en los extremos como hasta ahora”, le anticipó ayer a Rosario3 el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Y estos son las cinco reformas que propone en un borrador al que tuvo acceso Rosario3, que no es el último ni el definitivo porque la propuesta se sigue redactando en contacto con todos los sectores empresarios involucrados:
x) Elevación del Corte a B15 y Horizonte B20: Se exige establecer un porcentaje obligatorio inicial del 15%. Asimismo, se incorpora un "Gatillo de Competitividad" para elevar progresivamente el corte hasta un 20%, siempre que el precio del biodiesel local resulte igual o inferior a la paridad de importación del gasoil fósil.
x) Equidad Federal (40% Segmento No Integrado): Así como el proyecto reserva el 40% del mercado del etanol para la caña de azúcar y el Maíz, se exige el mismo trato: un "Segmento de Oferta No Integrada" equivalente al 40% del biodiesel. El mercado se divide en dos: por un lado, el Segmento No Integrado (40%), que será abastecido solo con FAME y licitado en el Mercado Electrónico transparente, aplicando un límite de participación (Market Cap) del 14% por grupo económico para evitar monopolios, sin cupos establecidos ni fórmula de precios. Por otro lado, el Segmento Integrado (60%), que incorpora a las industrias integradas y empresas refinadoras, habilitando el co-procesamiento, con precio por licitación pero con la posibilidad de contratos entre privados.
x) Freno a la discrecionalidad: La Secretaría de Energía solo podrá bajar el corte obligatorio ante emergencias extremas de desabastecimiento, por un plazo máximo de 90 días. La industria en su conjunto necesita certezas legales y previsibilidad.
x) RIGI para HVO, SAF y H2V: Para asegurar la evolución de la industria hacia los combustibles del futuro, se establece un marco de fomento para biocombustibles de segunda y tercera generación. Santa Fe pide la inclusión explícita en los beneficios del RIGI (Ley 27.742) para los mega-proyectos (+ USD 200 millones) destinados a Biorrefinerías de Diésel Renovable (HVO), Combustible de Aviación Sustentable (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).
x) Defensa de la Competencia para insumos: Los complejos integrados que proveen materias primas críticas (Aceite de Soja Crudo y Metanol) deberán garantizar el abastecimiento al Segmento No Integrado a un precio máximo regulado por la Paridad de Exportación (Precio FAS), evitando cualquier discriminación.