La Justicia ordenó este martes levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. La decisión fue del juez Penal Económico, Diego Amarante. La decisión no solo lo afecta a él, sino que barre con toda la estructura de mando de la calle Viamonte.
La lupa judicial se posa sobre una presunta apropiación indebida de aportes previsionales, una maniobra que habría dejado un agujero millonario en las arcas del Estado mientras los ingresos de la Selección batían récords mundiales.
La orden del juez Amarante es expansiva. No busca solo a Tapia, sino que apunta a su círculo de confianza y a quienes firman los cheques.
Según detalla Infobae, entre ellos se encuentra Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha del Chiqui quedó en el centro de la escena, y todos los integrantes de la conducción actual están bajo la misma lupa bursátiz. Además, están investigados Cristian Malaspina, secretario General de la AFA; y Gustavo Roberto Lorenzo, Director General de la AFA.
La Justicia busca detectar si el dinero que debía ir a la seguridad social fue desviado o utilizado para otros fines dentro del esquema de la Asociación.
Hasta hoy, las cuentas de la cúpula del fútbol argentino gozaban de una opacidad que la Justicia finalmente decidió romper.
Al levantar el secreto bursátil, el juez podrá acceder a:
- Cuentas bancarias nacionales e internacionales.
- Inversiones en bolsa y movimientos de activos financieros.
- Declaraciones juradas frente a la AFIP para contrastar el nivel de vida con los ingresos declarados.
Esta medida se da en paralelo a los allanamientos contra Javier Faroni por lavado de dinero. La Justicia sospecha que la desprolijidad administrativa en la AFA no era casual, sino parte de un sistema para mover fondos por fuera del radar estatal.
La imputación del fiscal
La semana pasada, la Justicia del fuero penal económico imputó al presidente de la AFA en esta investigación, a partir de un requerimiento del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial.
Según la denuncia, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.
En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación, y consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse también a otros integrantes de la mesa directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.
La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, quien además amplió los hechos atribuidos a la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires. En la denuncia se consignó que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85 y no los habría ingresado una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.
En cuanto a los ilícitos relativos a los recursos de la seguridad social, la denuncia también invocó el artículo 7°, que tipifica la evasión simple y dispone: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos ($80.000) por cada mes“.
La imputación se da en un contexto de intenso escrutinio público respecto a la situación institucional de la AFA. En los últimos meses, la entidad quedó bajo la lupa judicial a raíz de distintas causas que derivaron en investigaciones vinculadas a sus manejos internos y a sus estados contables.