Este 26 de noviembre se cumplen cuatro años del asesinato de Lucio Dupuy, el nene de 5 años de Santa Rosa, La Pampa, cuyo caso conmocionó a todo el país y terminó con la prisión perpetua para su madre, Magdalena Espósito Valenti, y para su pareja, Abigail Páez.
A partir del crimen, quedaron al descubierto graves falencias en los organismos de protección y se impulsó la Ley Lucio, normativa creada para reforzar los mecanismos de prevención y detección de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Durante este tiempo, la familia del pequeño insistió en que ese avance legislativo debe traducirse en medidas concretas y en controles efectivos en todas las áreas que intervienen en el cuidado de las infancias.
Días atrás, Christian Dupuy, el padre de Lucio, volvió a hablar públicamente sobre el caso y remarcó que su lucha no se detiene. Recordó que antes del crimen, el nene había sido llevado en varias oportunidades a centros de salud por lesiones anteriores que no se investigaron, un punto que considera central en la cadena de omisiones.
Si bien la condena por homicidio ya quedó firme, aún permanecen abiertas otras causas que analizan el presunto incumplimiento de funcionarias, agentes estatales y profesionales que estuvieron involucrados en el seguimiento del niño. Para la familia, esos expedientes son fundamentales para determinar fallas institucionales y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
El informe forense reveló un escenario de violencia extrema: Lucio tenía múltiples lastimaduras, golpes, mordeduras y quemaduras, incluso en zonas íntimas. También se confirmaron abusos sexuales de distintos momentos y un politraumatismo final que provocó su muerte. La dureza de estos hallazgos generó un fuerte impacto social y aceleró la discusión política sobre la necesidad de reforzar los sistemas de protección infantil.
Aprobada en 2023, la Ley Lucio estableció capacitaciones obligatorias y permanentes para trabajadores de los tres poderes del Estado que intervienen en problemáticas vinculadas a menores. La norma también contempla mejoras en los protocolos de denuncia y una articulación más eficiente entre organismos provinciales y nacionales.
Pese a esto, la familia sostiene que la prioridad sigue siendo garantizar su implementación real y sostenida, para que la ley no quede solo en el plano formal y sirva efectivamente para prevenir situaciones de maltrato.