El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad admitir los pedidos de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes durante más de una década estuvieron a cargo de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto. La decisión fue celebrada por Marcelo Macarrón, viudo de la víctima. Apenas se confirmó la resolución, aseguró: “Es una gran noticia”, en referencia a que los funcionarios judiciales enfrentarán un proceso que podría derivar en su destitución.

El jurado, integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert, además de la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti, emitió el fallo después de que la resolución —prevista inicialmente para el martes pasado— se demorara hasta este jueves.

La presentación había sido realizada en abril por los abogados de Marcelo Macarrón y sus hijos ante la Unicameral de Córdoba. En su planteo sostuvieron que los fiscales, “pese a contar con elementos probatorios más que suficientes” para sospechar de Roberto Bárzola —parquetero que trabajó en la vivienda de Dalmasso y cuyo ADN apareció en la bata—, “decidieron dejarlo totalmente de lado” y se “optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima”.

Nora Dalmasso con su marido y sus dos hijos.

El escrito también acusa a Di Santo, Miralles y Pizarro de haber “incurrido en violencia institucional”, según consignó La Nación, y de haber puesto “en riesgo” la posibilidad de condenar a Bárzola. Ese imputado fue sobreseído hace unos 45 días por prescripción, según resolvió la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2ª Nominación de Río Cuarto.

De acuerdo con la presentación ante el jury, los fiscales “injustificadamente se negaron a realizarle los análisis genéticos” al parquetero. La familia Macarrón apeló esa resolución.

Di Santo, el primer fiscal en intervenir, estuvo a cargo del expediente desde noviembre de 2006 hasta 2015. Al alejarse del caso, defendió su actuación: “Puesta en sospecha mi imparcialidad con la interposición de una denuncia […], en miras a garantizar su total transparencia, me veo en la obligación de no seguir entendiendo en lo relacionado con el homicidio de Nora Raquel Dalmasso”.

Durante su gestión llegó a tener tres imputados simultáneos: Rafael Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón. Magnasco quedó bajo una “sospecha leve”, según él mismo relató después en el juicio, afirmando que esa versión fue montada para “inculparlo”. Zárate fue detenido mientras trabajaba en la casa de Nora y su arresto derivó en la recordada protesta conocida como “el Perejilazo”. Tras su liberación, las sospechas se enfocaron en el hijo de la víctima.

Facundo Macarrón fue imputado en 2007 porque el ADN recolectado en el cuerpo de Nora y en el cinto de la bata correspondía a un Macarrón. Sin embargo, no quedó detenido: el propio fiscal consideró que no había pruebas sólidas. Finalmente, en 2012 fue sobreseído por el juez de Control Daniel Muñoz.

El expediente pasó luego a manos de Miralles, quien en 2016 imputó al viudo en base a las mismas pericias genéticas previas. La hipótesis sostenía que el crimen había sido cometido por un integrante de la familia y que, si el hijo quedaba descartado, el foco debía trasladarse al marido.

Nora Dalmasso con su marido y sus dos hijos. 

Un año más tarde, Miralles renunció tras un pedido de apartamiento. Antes de dejar el caso, sostuvo: “La presencia genética del imputado es muy grande en la escena del crimen, lo que lo coloca como el principal sospechoso“.

En septiembre de 2019, Pizarro elevó la causa a juicio. Ya en 2018 había agravado la acusación: ante la falta de pruebas concretas para señalar al viudo como autor del femicidio, planteó que había actuado como instigador y que habría encargado el crimen. Así, Macarrón llegó al debate imputado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria.

En julio de 2022, un jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón. Durante el juicio, el fiscal de Cámara Julio Rivero reconoció que no existían elementos para sustentar la acusación. La sentencia declaró a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género, pero el femicidio quedó impune.