Santino Alvarado, hijo del narco preso Esteban Alvarado, demandó al gobierno provincial y pidió que le devuelvan una casa quinta decomisada que tenía su padre en la vecina localidad de Piñero. Adujo que se trata de un bien familiar. Sin embargo, la Provincia, que fue notificada este jueves de la presentación judicial, se niega y anticipó que defenderá el decomiso en la Justicia.
En conferencia de prensa este viernes por la mañana, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, informaron sobre la presentación del hijo de Alvarado, quien reclama la finca de cuatro hectáreas de su familia en Piñero.
Cococcioni advirtió que “la quinta Los Muchachos –tal el nombre que recibe el predio decomisado– fue instrumento de un homicidio”. Allí estuvo secuestrado y fue asesinado Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue descartado luego cerca del casino con una nota mafiosa. El crimen el prestasmista fue la punta de una de las investigaciones más complejas en la historia judicial penal de Rosario, justamente contra la banda mixta de Alvarado.
“No hablamos de una casa o un terreno, la política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal, de nada sirve gastar recursos capturando gente, investigando, el trabajo de los fiscales, de nuestros organismos de inteligencia, de nuestro sistema penitenciario, si después van a seguir por si o por interpósita persona aprovechando o disfrutando de los bienes con los que muchas veces se cometieron delitos”, observó.
“No es un tercero de buena fe o damnificado. sino el hijo directo de la persona condenada. Nos demuestra que el camino que llevamos adelante es el correcto”, sumó Figueroa Escauriza y confirmó que “vamos a seguir la via judicial con esta demanda” notificada este jueves.
Más precisamente, el gobierno provincial fue notificado por el juzgado de circuito de la 2ª nominación de Rosario, firmada por el juez Eduardo Arichuluaga.
Cococcioni destacó que en el caso puntual de la “quinta en el paraje Los Muchachos fue instrumento de un homicidio y por eso también fue legalmente decomisada”, y detalló que “los recursos judiciales interpuestos en sede penal, las revisiones, las distintas instancias de la causa que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, determinaron la intervención de no menos de una quincena de jueces penales o magistrados de Corte que de manera unánime han avalado el decomiso”, además de “toda la arquitectura jurídica en que se sustenta: el Código Procesal Penal y la ley de creación de la Aprad y de creación del Sistema de Registro y Decomiso de bienes vinculados al delito”.
Por tal motivo, el titular de Justicia y Seguridad santafesino subrayó que recibieron la directiva de “ir hasta las últimas consecuencias” porque “el gobierno de Santa Fe no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente”, lo que viene en línea con otras acciones como “la puesta en funciones del Comité de bloqueo económico al crimen organizado que ya comenzó con sus actividades”, explicó.
Por último, Cococconi manifestó que “no deja de sorprendernos la osadía de querer reclamar utilizando los instrumentos jurídicos diseñados para que las personas puedan acceder a la defensa en juicio de sus derechos para obstaculizar las medidas del Estado que tienen como fin último el cese de la actividad delictiva y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que tienen sus bienes manchados de sangre”.
Avanzar sobre el patrimonio de los criminales
Por su parte Escauriza explicó en detalle que al inicio de la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro “nos enteramos que había una sentencia de decomiso de seis inmuebles del Clan Alvarado para tomar posesión desde 2022, oficio de puesta a disposición a la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) que no se había ejecutado por lo cual en febrero de 2024 presentamos un escrito al juez de Ejecución Rafael Coria en la que pedimos intervención para tomar posesión de los seis inmuebles de manera inmediata, acción que llevamos a cabo el 7 de mayo de ese año, generando el desalojo de las personas que había en cada uno de ellos”.
Seguidamente, el funcionario mencionó que algunos de los inmuebles ya fueron subastados, otros están en custodia del gobierno provincial y algunos están asignados a instituciones de bien común.