Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, dijo que la contaminación del fentanilo por la que ya se verificaron decenas de muertes –hasta este miércoles eran 96, 60 de ellas en la provincia de Santa Fe y 26 en Rosario– fue intencional y acusó directamente a Andrés Quinteros, ex CEO de la firma y un hombre con fuertes conexiones políticas, al punto que fue diputado provincial bonaerense por el justicialismo y presidente del Concejo Municipal de San Nicolás.
En su intento por despegarse del caso, García Furfaro buscó también involucrar de manera colateral a Pablo Javkin, al señalar que dijo que en febrero ya sabía del caso aunque aún no se había ventilado públicamente. Pero el intendente de Rosario, que es querellante en la causa ya que ocho muertes se produjeron en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), hizo su presentación en mayo, luego de que la Municipalidad recibiera el aviso de la Administración de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) el 7 de ese mes emitiera el primer alerta y personal municipal corroborara la presencia de ampollas de esa partida en el centro de salud local. Recién el 12 de mayo, cuando Rosario ya había inmovilizado lo que quedaba de la partida, la Anmat prohibió la comercialización de los productos de HLB.
Un empresario oscuro
García Furfaro es un personaje muy particular. El cuestionado empresario farmacéutico, procesado en la causa por lo que puede ser la tragedia sanitaria más grave de la historia argentina, sabe lo que es estar detenido: según un informe de TN, el 3 de septiembre de 2002 fue condenado a 7 años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa contra un empleado de un restaurante de su propiedad, Rafael Francisco Lupa Cayo, a quien roció con alcohol y lo prendió fuego. En prisión se recibió de abogado, y al salir decidió volcarse al mundo de la industria farmacéutica, desde donde, licitaciones públicas mediante, estableció fuertes vinculos políticos con el peronismo bonaerense y también con empresarios kirchneristas. No solo viajó en 2020 en un vuelo oficial a Rusia para traer la vacuna Sputnik, sino que además, reveló TN, evidencia una relación con Lázaro Báez: el dueño del laboratorio coincidía en domicilio legal con TOP Air SA, la empresa de vuelos privados del empresario santacruceño preso, en Yerbal 1021 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más aún, al menos dos veces lo visitó en la cárcel.
Acaso la idea de que le espera el mismo destino llevó a García Furfaro a plantear su versión del caso. En diálogo con Radio con Vos, sostuvo que el fentanilo contaminado se adulteró de manera intencional en algún punto de la cadena de producción o distribución.
“Denunciamos a una persona que se llama Andrés Quinteros que fue el CEO de la empresa, que es amigo del infectólogo del Hospital Italiano de La Plata (que detectó las ampollas contaminadas) que no aparece en ningún lado y que lo manifestamos a la semana de habernos enterado”, lanzó.
“Esto estuvo planeado por una persona, este muchacho trabaja para los servicios (de inteligencia), no sé de dónde, pero sabe muy bien cómo hacer estas cuestiones”, advirtió y añadió: “No solo le está pegando al peronismo o al kirchnerismo del cual fue parte él y lo corrieron, sino que le está pegando al oficialismo”, debido a que el caso también evidencia los costos del vaciamiento del Anmat, el organismo que debe controlar, por parte de la gestión de Javier Milei.
En ese sentido, señaló que el organismo no realizó los controles adecuados en su momento y tardó demasiado tiempo en emitir una alerta sobre el fentanilo contaminado. Afirmó que si los controles se hubieran hecho correctamente, la tragedia se podría haber evitado.
Luego, aseguró que Quinteros tiene contactos con periodistas, y deslizó que estuvo involucrado en el hackeo de su teléfono que denunció Hugo Alconada Mon, a quien habría acompañado a San Nicolás.
En Rosario
Por otra parte, advirtió que el intendente Javkin dijo que “en febrero sabía que estaban las ampollas contaminadas. ¿Es mago o cómo lo sabía y por qué no avisaron para que las saquemos”, cuestionó y remarcó: “¿Cómo te enteraste Javkin, quién te lo dijo?”.
Pero en realidad, lo que pasó en febrero en Rosario fue que llegó y se empezó a usar, sin que se supiera que estaba contaminada, la partida de fentanilo sobre la que recién el 7 de mayo emitió su primer aviso la Anmat. Entre febrero y marzo se produjeron ocho muertes de pacientes que estaban en situación grave por distintas dolencias en terapia intensiva del Heca. Contrajeron una bacteria que tenían los fármacos producidos por el laboratorio de García Furfaro: raltonia. Eso consta en un informe de la Farmacia Central de la Municipalidad del 13 de mayo.
El propio Javkin explicó que después del aviso de mayo en Anmat se hizo la reconstrucción para atrás, se detectó que se habían usado 2.700 ampollas de una partida de tres mil y se verificó que había 8 casos de pacientes que habían fallecido en el Heca. Los otros fallecimientos fueron en efectores privados y de la provincia.
A partir de ahí se retiraron esa partida y todos los productos de HLB Farma. Días después llegó la prohibición de Anmat y la Municipalidad de Rosario decidió pedir constituirse en querellante.
Antecedentes
En la causa, Rosario no solo aportó estos datos sino también los antecedentes de García Furfaro, que fue dueño del laboratorio Apolo. Ese establecimiento, ubicado en Alem al 2900, el 27 de junio de 2016 padeció la explosión de una caldera, ocasionando daños materiales en el lugar y en un domicilio aledaño, más lesiones graves en distintas víctimas que allí se encontraban.
“Una historia que en Rosario recordamos bien con el laboratorio Apolo y su explosión en 2016”, señaló Javkin en aquel momento, y agregó: “Cuando uno mira las causas de narcotráfico y de mafia de medicamentos, cuando mira la evolución y rubros de los actores involucrados que aparecieron antes, empieza a ver un hilo que hay que unir”, sostuvo.
¿Por qué dijo esto? Porque García Furfaro también tendría vinculos con Mario Segovia, el rey de la efedrina.
Al hablar sobre lo que el empresario dijo este jueves, Javkin dijo en El Tres: “Estos mafiosos tratan de embarullar las causas. Pero tenemos muy claro quiénes son”.
Es más recordó que, por la causa de la explosión de Apolo, la Justicia le dio una probation que consistió en limpiar el museo justicialista de San Nicolás. Justamente la ciudad de Quinteros, el ex diputado justicialista que era CEO de sus empresas y a quien ahora García Furfaro acusa.
Fue luego de la explosión que los mismos empresarios llevaron su negocio a Ramallo, donde instalaron el laboratorio que produjo el fentanilo contaminado, justamente por sus vinculaciones políticas con el PJ boanerense.
Falencias de control
Pero el caso no tiene costos políticos solo para el peronismo. Es que también están en foco las responsabilidades de la Anmat y del Ministerio de Salud de la Nación que conduce Mario Lugones, por la desidia en los controles. La periodista de La Nación Camila Dolabjian reveló la existencia de un documento interno de la propia Anmat, denominada “nota de advertencia”, que evidencia que el organismo de control de medicamentos había detectado deficiencias críticas en el Laboratorio Ramallo un mes antes de que se produjeran allí los lotes contaminados de fentanilo.
El documento registra que entre los días 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 la comisión actuante del Departamento de Inspectorado de Anmat hizo fiscalizaciones en las que detectó "deficiencias significativas calificadas como críticas y mayores" en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico. Todo eso "en Producción, en Recursos Humanos, en Depósitos, en Control de Calidad" en el laboratorio de Ramallo.
Recién cinco meses después la Anmat hizo pública la alarma a partir de que en el Hospital Italiano de La Plata se detectó el fentanilo contaminado que se suministró a decenas de pacientes fallecidos, dos terceras partes de ellos, 60 de 96, en la provincia de Santa Fe.