Los familiares de las víctimas por la intoxicación con fentanilo adulterado se reunieron este martes con diputados del PRO para interiorizarse sobre el proyecto de ley que busca crear una comisión investigadora. El objetivo de los legisladores y familiares es esclarecer cómo ingresó el medicamento contaminado al sistema de salud y quiénes deben responder por la tragedia. La iniciativa también apunta a mejorar la trazabilidad del narcótico. En la investigación, ya suman 96 casos fatales en todo el país, número que podría seguir en aumento.
En la puerta del anexo de la Cámara de Diputados, Alejandro Ayala —hermano de Leonel, un joven de Florencio Varela que murió en el Hospital Italiano de La Plata— habló con la prensa y dijo que se trata de “una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional”.
En declaraciones que reprodujo el canal de noticias TN, Ayala criticó la falta de avances judiciales.
“Ya pasaron meses y todavía no hay imputados, no hay personas que hayan ido a declarar, no hay detenidos. Las cosas no son claras… es la primera vez que nos sentimos escuchados”, agregó.
También pidió controles más estrictos porque, sostuvo, “hoy el fentanilo solo se puede trazar cuando viene en parches. El proyecto propone un control mucho más transparente para evitar que termine en el mercado negro o se use indebidamente”.
El reclamo incluyó un pedido drástico: suspender el uso de fentanilo en todo el país hasta esclarecer el caso.
“Hay seis lotes bajo la lupa, pero solo uno confirmado como contaminado. Necesitamos saber la magnitud de la situación antes de creer en la Justicia”, sostuvo.
Entre los puntos centrales, el proyecto del PRO busca determinar causas y responsabilidades en la distribución y uso de fentanilo contaminado en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y otras jurisdicciones.
También propone investigar la producción y comercialización del fentanilo por parte de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., así como de droguerías y hospitales.
Además, se incluye el análisis de la responsabilidad de funcionarios y organismos de control en la trazabilidad del opioide y revisar las condiciones de habilitación y control de los laboratorios involucrados.
Si se aprueba, la comisión estaría integrada por representantes de todos los bloques, proporcionalmente a su cantidad de diputados.
Son 96 casos
La Justicia argentina actualizó a 96 el número de víctimas fatales por uso médico de fentanilo contaminado en distintos hospitales del país, según los datos que publicó el sitio Infobae en base a la causa que maneja el juez Ernesto Kreplak.
Kreplak, magistrado de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, brindó una entrevista radial en la que definió el caso como un "problema sanitario serio" y agregó que ya fue posible rastrear la mayoría de las 154 mil ampollas contaminadas, pero diversos fallos de origen en la trazabilidad del medicamento provocan que todavía sea difícil saber en quiénes fueron aplicadas.
La investigación sobre estos fallecimientos, inicialmente atribuidos a paros cardiorrespiratorios, reveló la presencia de las bacterias multiresistentes Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae en las ampollas de fentanilo.
Según Kreplak, la Justicia encontró el modo de relevar los casos hasta ahora no denunciados y calculó hasta qué cifra podría llegar el daño causado por el medicamento: "Desde el comienzo ya estábamos pensando en más de 100 víctimas", dijo.
La Justicia de la ciudad de La Plata intenta determinar el grado de responsabilidad de empleados y directivos de HLB Pharma Group, el laboratorio que produjo los lotes de produjo fentanilo contaminado.
La investigación judicial ha revelado "un entramado societario complejo que abarca numerosas actividades comerciales –muchas de ellas no relacionadas entre sí- y que, a esta altura del proceso, permiten suponer el despliegue de maniobras tendientes a evadir y/u ocultar posibles conductas ilícitas", detalla el dictamen que inhibió de sus bienes a los investigados.
El entramado societario identificado se teje alrededor de las firmas que elaboraron, comercializaron y distribuyeron el producto; y de su principal titular, Ariel García Furfaro. En total, son nueve las firmas involucradas.
En paralelo, Ministerio de Seguridad de Argentina presentó el 3 de agosto una denuncia penal contra HLB Pharma Group por entregar un presunto certificado falso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) con el objetivo de renovar la habilitación de la empresa para importar opiáceos, según informaron medios locales.
El motivo de la denuncia fue una irregularidad en el domicilio que figura en el certificado de habilitación municipal que la empresa le entregó al Ministerio de Seguridad para poder ingresar opiáceos al país.