La Justicia federal de Rosario llamó a indagatoria a María Laura Garrigós de Rébori, quien se desempeñó como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la gestión de Alberto Fernández y está sospechada, junto a otros exfuncionarios, de haber cometido omisiones que habrían permitido que jefes de bandas narcos continuaran comandando delitos desde el interior de las cárceles, mediante el uso de teléfonos celulares.
Un informe elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) reveló que, a pesar de las condenas y detenciones, muchos narcotraficantes “seguían dando instrucciones desde las cárceles”, y que el acceso a celulares en los pabellones penitenciarios, incluso los de máxima seguridad, facilitaba la planificación de delitos como el tráfico de drogas, lavado de activos, amenazas, e incluso secuestros y homicidios.
Una vez conocida la noticia de la citación de la Justicia para los exfuncionarios en cuestión, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se expresó sobre el tema en sus redes sociales. “¿Cuántas veces dijimos que lo que había que hacer era cortar la joda en las cárceles? Era tal cual. Que se haga justicia. Que paguen por tanto dolor. Que no vuelvan nunca más”, escribió el jefe municipal en su cuenta de X.
El llamado a indagatoria se concretó tras el pedido de los integrantes de la Unidad Fiscal Rosario; Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, y su fiscal coadyuvante, Martín Uriona y María Garmendia Ortega, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros será el responsable de tomarle declaración indagatoria a María Laura Garrigós, Sonia Mariela Álvarez, Diego Alberto García y Guillermo Eduardo Migueles, durante el 25 y 27 de agosto.
La investigación
En el dictamen, al que accedieron los diarios Clarín y La Nación, se señaló que “ya sea mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria”, condenados o imputados de “graves delitos de criminalidad compleja”, lograron planificar y realizar “maniobras destinadas a mantener extramuros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.
La acusación contra la exresponsable del Servicio Penitenciario Federal sostiene que en su rol de interventora de las cárceles federales y su posterior status cuando concluyó la intervención, “omitió poner en marcha un plan de acción para ejecutar lo dispuesto por el artículo 160 de la ley 24.660”, que establece la necesidad de que se “lleven adelante las acciones conducentes para la adquisición e instalación dentro del ámbito de los establecimientos penitenciarios de inhibidores de señal que impidan la realización de comunicaciones de telefonía móvil por parte de los internos”.
La causa comenzó el 25 de marzo de 2022, cuando se conoció que el personal del SPF puso en conocimiento del Tribunal Oral Federal de Rosario que Ariel Cantero –jefe de Los Monos– contaba con “un aparato de telefonía celular, que se encontraba oculto dentro de un televisor que aquel tenía en su lugar de alojamiento”.
La Procunar presentó durante el gobierno de Alberto Fernández dos informes detallando exhaustivamente el accionar de diversos líderes narcos condenados y detenidos, muchos con procesos penales en curso, cometiendo diversos delitos desde las sedes carcelarias donde se encontraban alojados.
El organismo que dirige Diego Iglesias informó el 30 de junio de 2023 que en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pudo constatar que “no se estaba dando adecuado cumplimiento a las distintas medidas de seguridad que habían sido dispuestas” con relación a otro líder narco, Esteban Lindor Alvarado.
Esas medidas incluían, entre otras cosas, el “impedimento de contacto con otros internos procesados o condenados por delitos vinculados al narcotráfico o crimen organizado, el estricto cumplimiento de la prohibición de comunicaciones móviles y la instalación de inhibidores de señal en el pabellón o módulo del penal donde se encuentre alojado, todo lo cual fue asentado en un acta”.
Al menos en dos ocasiones, en 2021 y 2023, la Procuración General de la Nación le pidió al gobierno nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes narcos sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó en investigaciones judiciales.