El Gobierno nacional autorizó este martes la extradición del empresario argentino Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema avalara el procedimiento requerido por la justicia de los Estados Unidos para que sea juzgado por narcotráfico, lavado de dinero, asociación ilícita y fraude electrónico.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, avaló la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén que había concedido el pedido de extradición solicitado por el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó una acusación contra Machado y otras ocho personas.
Horas después, el Gobierno oficializó su decisión al respecto mediante un comunicado en el que indicaron haber "tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”.
Y agregaron: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.
“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, completaron desde la Oficina del Presidente.
Al confirmarse la autorización para la extradición, agentes de la Policía Federal trasladaron a Machado a la delegación de Viedma, en Río Negro.
Según el expediente, el empresario enfrenta cinco cargos principales: tres por integrar una organización criminal vinculada al tráfico y distribución de al menos cinco kilos de cocaína; uno por asociación ilícita para lavar dinero, y otro por conspiración para cometer fraude electrónico.
Durante el proceso, los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin, representantes de Machado, presentaron diversas objeciones. Cuestionaron la imparcialidad del juez interviniente, alegaron violaciones al principio de igualdad de armas —por la participación de tres fiscales frente a dos defensores— y denunciaron la falta de “doble incriminación”. También plantearon la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 (que regula los juicios de extradición) e invocaron el principio de “ne bis in idem”, que prohíbe ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Pese a los reclamos, la Corte consideró que el pedido estadounidense se ajusta a las normas internacionales de cooperación judicial y ratificó la extradición.
El vínculo con Espert
Machado fue vinculado en la causa con el economista y diputado liberal José Luis Espert, quien renunció recientemente a su candidatura legislativa tras revelarse su relación económica con el empresario. Según la investigación, Espert habría recibido una transferencia de unos 200 mil dólares por una supuesta asesoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala, además de financiamiento para unos treinta vuelos privados durante su campaña presidencial de 2019, valuados en alrededor de 350 mil dólares.
Este vinculo fue confirmado este martes por Machado, que rompió el silencio en radio Rivadavia. El empresario detalló que los aportes se hicieron en dos etapas: una por “asesorías” personalizadas y otra para financiar la campaña. “Por mis ingresos no me pareció un gasto importante. Le habré dado 100 o 150 lucas”, aseguró.
También recordó una reunión de planificación de campaña en la casa de Luis Rosales, finalmente elegido como compañero de fórmula. “Estaban Espert, Clarita, Dick Morris, un encuestador, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo. Éramos seis tipos tratando de cambiar el país”, describió.
Sobre el vínculo con el economista, expresó: “Parecía un tipo noble. No era el Espert de «cárcel o bala», no hablaba así en ese momento”.
Machado, que cumple prisión domiciliaria en Viedma, deberá esperar la decisión del Poder Ejecutivo, última instancia del proceso. Tras el fallo de la Corte, el expediente será remitido a la Cancillería, que tiene un plazo de diez días hábiles para elevarlo al Ejecutivo.
De acuerdo con la normativa vigente, el Gobierno puede negar la extradición por “razones de soberanía nacional, seguridad u orden público”, o por “otros intereses esenciales para la Argentina” que tornen inconveniente el pedido.