El juez de San Lorenzo Eugenio Romanini dispuso medidas “urgentes” dirigidas a la ex firma Ar Zinc S.A., de la multinacional Glencore, ante la gravedad del impacto ambiental en la zona de Fray Luis Beltrán en el predio la fábrica que cerró en 2016.
Ar Zinc, más conocida en la región como la ex Sulfacid, supo ser una de las empresas emblemáticas del cordón industrial, incorporada a la firma internacional Glencore en 2005. Fundada en la década de 1950, fue la única fábrica de zinc electrolítico de Argentina y la segunda en Latinoamérica. En 2016, cerró sus puertas dejando a 400 trabajadores en la calle. Pero no fue el único lastre: bajo tierra, en gran parte de las 50 hectáreas que ocupa el predio que hoy es un gran esqueleto, yacen los residuos tóxicos de la vieja producción de la firma.
Las denuncias por esta contaminación datan de por lo menos seis años.
Este viernes, a pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, el juez Romanini resolvió ordenar que los propietarios del predio ubicado sobre la ruta 11 inicien de inmediato las gestiones y tareas técnicamente necesarias para la estabilización y el apuntalamiento de la barranca en el sector lindero al río Paraná, así como las acciones indispensables para el tratamiento, contención y no dispersión del residuo tóxico.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto, estableció un plazo de 10 días para que la empresa informe el plan de acción elegido (remoción o tratamiento/contención). Dispuso que en el término de 15 días, deberá presentar la documentación técnica detallada, el equipo profesional a cargo y un cronograma de ejecución estricto que no podrá extenderse por más de 8 meses. Del mismo modo, fijó la obligación de presentar informes quincenales de avance que, de cumplirse, serán supervisados periódicamente por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Durante la presentación de los hechos, la Fiscalía fundamentó el pedido de cese de estado antijurídico remarcando el peligro y el riesgo ambiental que afecta de forma directa a la región, solicitando que se apuntale la barranca ante el peligro inminente de derrumbe, el cerramiento del predio para evitar la afección de personas que potencialmente ingresen al lugar y la remediación del pasivo ambiental del suelo.
La situación resulta crítica considerando el fenómeno climático «El Niño» pronosticado para los próximos meses, ya que un hipotético derrumbe de la barranca generaría la contaminación directa de las aguas del río Paraná, señalaron desde el MPA.
Asimismo, el fiscal puntualizó en la existencia de un pasivo ambiental de toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados (entre ellos, jarosita). La empresa ya contaba con un antecedente y orden del Juzgado Civil dictada en el año 2022 sobre un expediente iniciado en 2020 para la realización de obras de apuntalamiento de la barranca, mandato que nunca fue cumplido por la empresa.