La ley que reduce la edad de punibilidad comenzará a regir el 5 de septiembre en todo el país. El nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso el 27 de febrero, establece que los adolescentes de 14 años o más podrán ser juzgados bajo el nuevo régimen. El juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale expresó dudas sobre las condiciones necesarias para implementar la reforma.
En una entrevista con el periodista Pablo Motto, en el programa El Contestador (Radio 2), Cardinale cuestionó que la reducción de la edad de punibilidad tenga incidencia sobre la seguridad ciudadana o la criminalidad. El magistrado sostuvo que la conducta delictiva en la franja de 14 a 16 años tiene una incidencia menor y planteó que la respuesta estatal frente a los adolescentes debe ser diferenciada.
Durante la entrevista, Cardinale utilizó la expresión “terraplanismo punitivista” para referirse a quienes sostienen que la reducción de la edad de punibilidad puede resolver los problemas de seguridad.
“La baja de punibilidad no tiene ninguna incidencia en la seguridad ciudadana, en la criminalidad”, afirmó.
También aclaró que el régimen vigente no establece que un adolescente de 14 años “no entiende” el delito que comete, sino que fija un límite a la respuesta punitiva del Estado.
El juez también planteó reparos sobre la implementación del nuevo sistema. Según explicó, durante el período previo a la entrada en vigencia de la ley debían generarse instituciones, recursos y equipos profesionales para acompañar a los adolescentes alcanzados por el régimen. Señaló además la necesidad de contar con profesionales de distintas disciplinas y no únicamente abogados para completar el sistema penal juvenil.
“La baja de la edad de punibilidad era lo más fácil para hacer y se hubiese implementado de un día para el otro. Justamente por eso el Congreso de la Nación fijó fondos que Nación tenía que mandarle a las provincias. Lo más fácil era aplicarla al día siguiente, porque bajar la punibilidad es lo más fácil que hay. Lo difícil es todo eso y por eso justamente se da esa ventana de tiempo hasta los primeros días de septiembre”, explicó.
Además, precisó que “esa ventana implicaba plata, generar instituciones, poner profesionales que no son abogados o abogadas ahí al lado de la situación del pibe, y eso es lo que se tiene que dar para que se complete el sistema penal juvenil. Si no, nos vamos a quedar con un derecho penal chiquitito”.
Ante la consulta sobre si la reducción de la edad podía comenzar a aplicarse mientras esos instrumentos se incorporan progresivamente, Cardinale respondió que no. “Lo único que va a operar entonces plenamente es la baja de la punibilidad. Todo lo demás, veremos”, sostuvo.
El magistrado cuestionó además la idea de aplicar una respuesta estatal idéntica frente a adolescentes y adultos y sostuvo que el sistema penal juvenil también forma parte de las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes.
El juez también sostuvo que la protección de los adolescentes y las garantías en un proceso penal no se contraponen con los derechos de las víctimas ni de la sociedad. Según explicó, a partir de su experiencia de más de 25 años de trabajo, algunas víctimas buscan respuestas que exceden la pena de prisión, como conocer los motivos del hecho o recibir otro tipo de respuesta estatal.
Cardinale vinculó su posición con la situación de Rosario y destacó que la tasa de homicidios dolosos en la ciudad disminuyó sin modificaciones legislativas. En ese sentido, sostuvo que cualquier nueva legislación debería estar acompañada por “reales condiciones” para que el Estado pueda cumplir con su obligación de proteger a los adolescentes.
El magistrado, de todos modos, señaló que considera la reforma penal juvenil como una de las deudas de la democracia y reconoció que el régimen debía ser modificado aunque no de la manera en que lo hizo el Congreso este año.