Los extranjeros que realicen un aporte de al menos USD 350.000 al Estado o suscriban un bono público por USD 800.000 podrán solicitar la ciudadanía argentina a través del nuevo programa impulsado por el Gobierno nacional que abre una serie de interrogantes sobre sus alcances jurídicos, tributarios y migratorios.
La primera alternativa que incluye el programa de Ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno nacional contempla un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro, mientras que la segunda establece la adquisición de un título público por USD 800.000, a tasa cero. El desembolso, sin embargo, no significará la entrega automática de la ciudadanía ni del pasaporte argentino.
Los postulantes deberán atravesar controles de identidad, antecedentes, patrimonio, origen y trazabilidad de los fondos, historial migratorio y riesgos asociados con su jurisdicción de procedencia.
Cuánto costará incluir a la familia
El programa también contempla la posibilidad de incorporar familiares del solicitante principal. Para el cónyuge y los hijos solteros de entre 18 y 25 años se establece un aporte adicional de USD 100.000 por persona. En el caso de los hijos menores de edad, el monto será de USD 25.000.
Así, el desembolso final podrá superar ampliamente el piso inicial dependiendo de la composición del grupo familiar y de la modalidad elegida.
Qué significa “ciudadanía por inversión”
El mecanismo tiene un antecedente en la legislación argentina, aunque el nuevo programa introduce una diferencia importante. La Ley de Ciudadanía 346 contempla desde hace décadas determinados supuestos vinculados con la actividad económica como fundamento para facilitar la naturalización de extranjeros.
Entre ellos aparecen la instalación de nuevas industrias, la introducción de innovaciones consideradas útiles para el país y determinados emprendimientos productivos o de infraestructura.
El esquema anunciado ahora se aparta parcialmente de esa lógica porque no exige necesariamente instalar una empresa, comprar un inmueble o desarrollar directamente un proyecto productivo.
Las dos alternativas anunciadas son financieras: entregar dinero al Estado sin derecho a recuperarlo o colocar USD 800.000 en un bono público creado para el régimen.
El Gobierno deberá definir qué considera una inversión relevante
El Decreto 524/2025 avanzó sobre el nuevo sistema al establecer que los extranjeros que realicen una “inversión relevante” podrán solicitar la ciudadanía ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
La determinación de qué operaciones pueden considerarse dentro de esa categoría quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía. Ese punto será central para conocer el alcance definitivo del programa.
También deberán conocerse en detalle las condiciones del bono a tasa cero, los procedimientos administrativos y los plazos que tendrá el Estado para evaluar cada solicitud.
La ciudadanía no será automática
Uno de los aspectos centrales es que el desembolso económico habilitará a solicitar la nacionalidad, pero no implicará su otorgamiento automático.
El procedimiento anunciado contempla controles sobre la identidad del interesado, antecedentes penales, situación patrimonial, origen de los fondos y trazabilidad del dinero. También se analizará la reputación del postulante, su historial migratorio y los riesgos relacionados con el país o jurisdicción de procedencia.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión tendrá participación en la tramitación y deberá coordinar los controles con otros organismos. La decisión final sobre la aprobación o rechazo de las solicitudes recaerá en la Dirección Nacional de Migraciones.
El valor del pasaporte argentino entra en discusión
El programa también puso el foco sobre el atractivo internacional de la ciudadanía argentina. El abogado y exembajador argentino en China Diego Guelar sostuvo que cualquier mecanismo de estas características debe contar con controles suficientes sobre los antecedentes de los postulantes y el origen del dinero.
Uno de los riesgos planteados es que una flexibilización excesiva de los controles pueda afectar la consideración internacional del pasaporte argentino. Por eso, la efectividad de los filtros previstos será uno de los aspectos que quedará bajo observación cuando comiencen a procesarse las solicitudes.
El interrogante sobre los impuestos
Otro de los puntos abiertos es el tratamiento tributario que recibirán quienes accedan al régimen.
La discusión requiere diferenciar ciudadanía, residencia migratoria y residencia fiscal, conceptos que no son equivalentes.
Obtener la nacionalidad argentina no convierte necesariamente y de manera automática a una persona en residente fiscal del país.
La cuestión tomó relevancia a partir de planteos realizados en el Congreso sobre el tratamiento de las rentas obtenidas en el exterior por extranjeros que accedan a la ciudadanía mediante inversiones relevantes.
La reglamentación y las normas tributarias aplicables deberán determinar finalmente en qué condiciones esas personas tributarán en Argentina y si existirán tratamientos específicos para sus ingresos generados fuera del país.
Una consultora internacional ya promociona el programa
Otro punto que generó interrogantes es la participación de la consultora internacional Henley & Partners, especializada en programas de residencia y ciudadanía por inversión.
La compañía ya promociona el programa argentino y señala que las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026.
La existencia de esa oferta comercial, sin embargo, no permite establecer por sí sola si la consultora participó formalmente en el diseño del programa, si tiene un contrato con el Estado argentino o qué papel eventualmente tendrá en la gestión de los postulantes. Esos aspectos todavía requieren precisiones oficiales.
Cuándo comenzarán las solicitudes
El cronograma anunciado contempla que el sistema comience a recibir interesados durante el cuarto trimestre de 2026. Antes de que el régimen quede plenamente operativo deberán conocerse varias definiciones.
Entre ellas aparecen las condiciones específicas del bono de USD 800.000, el alcance de la categoría de “inversión relevante”, el tratamiento tributario, los procedimientos de control y el papel que tendrán organismos públicos y eventualmente empresas privadas.
Lo confirmado hasta ahora es el esquema económico básico: USD 350.000 como aporte no reembolsable o USD 800.000 mediante un bono público, más los montos correspondientes para incorporar familiares.
El dinero abrirá la puerta para presentar la solicitud. La obtención efectiva de la ciudadanía argentina dependerá después de los controles y de la decisión de las autoridades migratorias.