La discusión sobre la propiedad extranjera de tierras rurales en Argentina dio un crucial golpe de timón el martes 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema de la Nación desestimó una demanda presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y restableció la vigencia del DNU 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, cuyo artículo 154 derogó la Ley de Tierras. La decisión de la Corte elimina las restricciones para que cualquier inversor extranjero adquiera, sin límites, campos en el país. Se prevén movilizaciones a Tribunales, el martes 6 de octubre y al Congreso el 15, cuando se trate el tema.
Cronología de un firme objetivo presidencial: desregular la venta de tierras a extranjeros
* Javier Milei firmó el primer decreto de su gestión –el DNU 70/2023 de desregulación económica– el 21 de diciembre de 2023, apenas 10 días después de haber asumido la presidencia. El Decreto titulado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina" estableció un amplio paquete de reformas y desregulaciones que abarcaba múltiples temas y se convirtió en la antesala de la Ley Bases.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, eliminó los límites que establecía la ley para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras; dejó sin efecto el tope máximo del 15% de la superficie total del país, provincias y municipios en manos extranjeras, así como el límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y las restricciones sobre cuerpos de agua o zonas de seguridad de frontera.
. Una semana después, el 28 de diciembre de 2023, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) presentó una acción de amparo contra la derogación de la Ley de Tierras, con el fin de objetar el artículo 154 que había dispuesto la derogación de la Ley 26.737 de protección del dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales. Con la cautelar, la medida impulsada por el Gobierno quedó frenada.
. El 15 de julio de este año 2026, luego del triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial de Fútbol, jugadores de la Scaloneta desplegaron en el estadio una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Quienes arrojaron esa bandera desde la tribuna hacia el campo de juego, eran un grupo de hinchas que la habían confeccionado de forma artesanal en el hotel donde se alojaban.
Ese hecho generó un profundo impacto político y alteró los planes de la agenda del gobierno en dos frentes clave: la causa Malvinas y el tratamiento legislativo de la Ley de Tierras.
Ese hecho generó un profundo impacto político y alteró los planes de la agenda del gobierno en dos frentes clave: la causa Malvinas y el tratamiento legislativo de la Ley de Tierras.
. Si bien la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido antes del partido Argentina-Inglaterra que los espectadores tenían prohibido ingresar con elementos alusivos a Malvinas por protocolos de seguridad acordados con la FIFA para evitar conflictos políticos de “alto riesgo”; y aunque Milei tomó distancia de la acción de los jugadores argentinos y la exhibición de la bandera, luego del impacto social positivo y la adhesión causada, el Ejecutivo volanteó; tomó la causa Malvinas como propia y le otorgó un lugar prioritario en su agenda.
. Pero, apenas tres semanas después, fuera de los micrófonos, el gobierno volvió a insistir con la venta de tierras e impulsó el tratamiento de la Ley de Tierras como un capítulo incluido dentro de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
. El 6 de agosto este proyecto de ley llegó al Congreso, pero ante la falta de apoyos, el oficialismo tuvo que retirar el mencionado capítulo, lo cual significó un duro revés para su promotor, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y un primer cimbronazo entre Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en el Senado (quien había anticipado que los votos no estaban garantizados) y el gobierno que aún así, aceleró a fondo con el proyecto.
El gobierno ponía sobre la mesa de discusión sobre la soberanía en Malvinas mientras en simultáneo fogoneaba una ley para habilitar la venta libre de tierras a capitales extranjeros.
. Durante esos días, amplios sectores sociales salieron a la calle a reclamar por la soberanía y la enajenación de tierras y cuestionaron la falta de coherencia del gobierno que ponía sobre la mesa de discusión sobre la soberaría en Malvinas mientras en simultáneo fogoneaba una ley para habilitar la venta libre de tierras a capitales extranjeros.
. Pero este martes 29 de septiembre, cuando la intención de vender tierras a capitales foráneos parecía aplacado, tras un largo proceso judicial con medidas cautelares, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó los fallos que frenaban la medida, dejó operativo el cuestionado artículo 154 y dejó sin efecto las restricciones previas relacionadas con la venta de tierras. El fallo de la Corte volvió a poner de relieve la discusión e ignorando lo que ya efectivamente ocurrió en el Congreso, retrotrajo dos años la discusión y devolvió la pelota al Congreso de la Nación.
. La decisión judicial causó impacto en la sociedad y en sectores políticos opositores al gobierno. Las repercusiones hicieron que el máximo tribunal emitiera un comunicado con una aclaración dirigida a la opinión pública en el que sostiene que la sentencia no resolvió la constitucionalidad del régimen de tierras rurales y que solo analizó la legitimación de una asociación (el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata) para pedir una medida cautelar. Diputados de distintos bloques solicitaron debatir el próximo 15 de octubre una batería de temas sensibles para el gobierno. Entre ellos, el de la Ley de tierras.
Fallo de la Corte: ¿por qué ahora?
“El fallo de la Corte lo interpreto como un regalo anticipado de Navidad y Reyes de la Corte a los hermanos Milei, ya que resolvieron judicialmente lo que el Poder Ejecutivo no había podido resolver desde la política. Entiendo que los jueces pensaron que al no abordar supuestamente la cuestión de fondo y dejarlo cifrado a una evaluación sobre la legitimación procesal, esto no iba a tener impacto, pero menospreciaron y subestimaron la capacidad de interpretación de nuestro pueblo sobre los efectos materiales de la sentencia”, afirmó con contundencia, en diálogo con Rosario3, el representante legal del CECIM La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, cuyo planteo judicial fue desestimado por el máximo tribunal.
Los jueces menospreciaron y subestimaron la capacidad de nuestro pueblo de interpretar el alcance del fallo.
“Hoy –asegura– concreta, efectiva y materialmente la ley de tierras está derogada por una resolución de la Corte Suprema y tanto (Carlos) Rosencrantz como (Horacio) Rosatti y (Ricardo) Lorenzetti le han puesto el cartel de venta a nuestra Patria. Esto es inadmisible institucionalmente; pero creo que ellos, en el marco de la abstracción y el alejamiento que tienen con las dinámicas sociales y populares de nuestro país (algo gravísimo, porque se trata de uno de los tres poderes del Estado), subestimaron la repercusión social del fallo”.
Las dos dimensiones del fallo de la Corte
El abogado sostiene que este fallo merece ser estudiado en dos dimensiones. Ambas, igualmente trágicas. La primera es que materialmente, la ley de tierras está derogada por esta resolución y es una “tragedia nacional”; pero la segunda (que también es muy compleja para la historia institucional de nuestro país y para lo que viene) es que que cerraron el acceso a la justicia. Cerraron el acceso a la jurisdicción al fijar un criterio sumamente restrictivo en torno a qué es un bien colectivo; y al fijar un criterio también muy restrictivo sobre los parámetros de legitimación procesal.
Remarca que bajo los estándares fijados por la Corte, el acceso a la Justicia en defensa de los bienes colectivos está cerrado. “Bajo la premisa de la Corte, nadie estará legitimado para realizar un planteo judicial en torno a un bien colectivo vinculado a la soberanía. Con este fallo, la soberanía fue quitada de la categoría de bien común, de bien colectivo, aunque se trata del bien colectivo y común por antonomasia. Ya que es lo que permite sostener los mitos fundantes de la Nación, lo que nos identifica como argentinos y argentinas, más allá del sustrato material y territorial. Si hay un bien común y colectivo por definición, esa es la soberanía y lo seguimos defendiendo”, insistió.
Por eso evalúan que el fallo “no solo es una tragedia por sus efectos materiales, sino que además, es pésimo en términos jurídicos. No estamos de acuerdo con otorgarle a esta Corte, que consideramos indigna, el carácter de intérprete de la Constitución, porque ella misma incurrió en esta condición de indignidad, al gestar un criterio jurídico tan objetable, tan reñido con el derecho, con la historia, con la idea misma de Nación y con la caracterización del Estado del que forma parte, en tanto poder”.
Bajo la premisa de la Corte, nadie estará legitimado para realizar un planteo judicial en torno a un bien colectivo vinculado a la soberanía.
La vía política
En resumen: Javier Milei intentó derogar la ley de Tierras por decreto y la Justicia lo frenó. Entonces, el gobierno llevó la discusión al Congreso. Allí tampoco logró avanzar. Ahora, este fallo de la Corte Suprema vuelve a modificar el escenario y reabre la discusión en el terreno político, donde ya parecía saldada.
Guerrero Iraola señala que esta discusión siempre fue política; que la vía judicial era un aspecto importante y técnicamente sólido, pero se inscribía en una táctica política para instalar esta discusión y acudir en defensa de la soberanía ante los tribunales, que (siguen creyendo) constituyen el órgano que debería protegerla cuando el resto de los poderes no actúan en consecuencia. "Ahora –dice– es el turno del Congreso de voltear este DNU 70/23 que es el primer eslabón del plan sistemático de entrega de la soberanía de los hermanos Milei”.
En este contexto, el CECIM convocó a una movilización para el martes 6 de octubre, a partir de las 15, frente a los Tribunales de Talcahuano, en Buenos Aires, bajo el lema “La patria no se vende, la soberanía tampoco”. Será acompañada por las dos CTA.
A partir del fallo de la Corte, decenas de organizaciones ya habían pronunciado la necesidad de movilizarse. Será la antesala a la marcha del 15 de octubre frente al Congreso, cuando la oposición trate de invalidar el DNU 70/2023 en Diputados.
Excombatientes de Rosario
“El fallo de la Corte no agrada a nadie y menos a los que defendimos la soberanía en 1982 y luego de volver, a casi 45 años, la seguimos defendiendo. No puede ser constitucional la venta de nuestras tierras sin límites a extranjeros, incluyendo sus recursos naturales y la zona de seguridad de fronteras”, dijo a este medio el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, Claudino Chamorro.
“La Corte afirma que no hay un derecho de incidencia colectiva y que las organizaciones de Veteranos no pueden pedir que declare o no constitucional una ley o un decreto. Uno entiende que así como defendió la tierra en Malvinas, tenemos que seguir defendiendo ahora nuestras tierras. La soberanía sí es un bien colectivo”, remarcó.
Chamorro llamó a ser cautelosos en relación con este tema. “Nosotros estamos en un mundo que está en disputa y nuestro país, que tiene parte de su territorio ocupado, es pretendido por Inglaterra pero también por otras potencias. Nosotros siempre vamos a defender la soberanía y la integridad territorial, marítima y fluvial de nuestro país”.
Están de acuerdo con la medida impulsada por CECIM La Plata ya que entienden que es necesario limitar la compra irrestricta de tierras por parte de personas o empresas extranjeras y resguardar tanto los bienes naturales como la zona de seguridad de las fronteras. “No es posible la defensa integral de la causa Malvinas si vendemos nuestro territorio. Tendríamos que hacer el intento de comprar tierras en Malvinas. Aún siendo nuestro territorio lo tenemos prohibido. Tampoco podríamos ir a Inglaterra o a cualquier otro país y comprar tierras de frontera o lagos”.
Nosotros no podríamos ir a Inglaterra o a cualquier otro país y comprar tierras de frontera o lagos.
Chamorro subrayó que es importante que se entienda la gravedad de la extranjerización de la tierra. “La gente ya marchó y se pronunció en contra y ahora también lo hizo la Confederación de Excombatientes de Malvinas a la que estamos adheridos”.
Además, los excombatientes de Rosario afirman con orgullo que el pueblo argentino los reconoce como reserva moral de la Nación y se preguntan: “¿qué están haciendo gobernantes, congresales, diplomáticos, funcionarios y Corte Suprema que siguen negociando y entregando el futuro de nuestra Nación y la de nuestras generaciones venideras? Que dejen de ser tan estúpidamente complacientes con el imperialismo solamente para caerles bien. La soberanía no se negocia ni se entrega”.
