Taxistas, remiseros y cadetes se manifestaron este jueves frente al Concejo Municipal, donde las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno comenzaron a debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo para regular y habilitar el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber y Didi. La concentración se desarrolló en la esquina de Córdoba y 1º de Mayo, mientras en el interior del Palacio Vasallo funcionarios municipales explicaban los principales alcances de la iniciativa, que también recibió cuestionamientos de concejales de distintos bloques.
Durante la protesta, representantes de los sectores movilizados expresaron su preocupación por las consecuencias laborales de la nueva normativa. Brenda Marinucci, del Sindicato de Cadetes, explicó en diálogo con el móvil de Radio 2 que un representante de cada organización pudo ingresar a la reunión de comisiones para presenciar el debate, aunque sin intervenir. La dirigente cuestionó especialmente los artículos que permitirían a taxis y remises incorporarse al servicio de reparto, una actividad que actualmente desarrollan los cadetes.
“Nosotros lo que venimos a plantear específicamente es que no se apruebe el proyecto y que no se aprueben esos artículos que incluyen a los taxis y remises en nuestro sector”, señaló Marinucci. La representante sindical sostuvo que la caída del consumo ya afecta la actividad y advirtió que la incorporación de nuevos trabajadores podría reducir todavía más las oportunidades laborales. “Si encima hay mayor cantidad de trabajadores que eran de otros sectores y ahora se incluirían, nosotros tendríamos cada vez menos trabajo”, afirmó.
Desde el sector de los taxistas también expresaron su rechazo a la propuesta municipal y advirtieron sobre una posible profundización de la precarización laboral. Una de las representantes que participó de la manifestación sostuvo que el debate se repite desde hace tiempo sin resolver los problemas que atraviesa la actividad. “Nosotros cada vez estamos más complicados, no nos cuidan, quieren regularizar para desregular”, cuestionó.
También reclamó mayores controles sobre las condiciones de competencia y la actividad de los vehículos que trabajan mediante aplicaciones.
La referente del sector aclaró que los cuestionamientos no están dirigidos contra quienes utilizan las plataformas como fuente de ingresos, sino hacia las condiciones en las que se desarrolla la actividad. “Nosotros tampoco nos oponemos a los trabajadores. La gente sale a trabajar porque lo necesita, de cadete, de Uber o de lo que sea. Pero que nos cuiden un poco”, expresó. Además, reclamó medidas para proteger el trabajo de los taxis en las paradas, el centro y las zonas de actividad nocturna.
Qué propone el municipio
En el interior del Palacio Vasallo, el Ejecutivo presentó los principales puntos de la iniciativa, que propone modificar la ordenanza vigente desde 2023. El texto establece que las empresas deberán inscribirse en un registro municipal y obtener una autorización por cinco años. Los conductores tendrán que contar con licencia profesional y no registrar antecedentes penales, mientras que los vehículos deberán tener revisión técnica vigente, seguro específico, cuatro puertas y baúl. Además, se fija una tarifa mínima por viaje que no podrá ser inferior al valor del boleto de colectivo, y se habilita la incorporación de taxis y remises a las plataformas sin perder sus licencias.
Uno de los principales cuestionamientos llegó desde La Libertad Avanza. El concejal Juan Pedro Aleart sostuvo que su espacio está a favor de autorizar las aplicaciones, pero rechazó las condiciones propuestas por el municipio, especialmente la tarifa mínima y la exclusión de las motocicletas. “Bienvenido que se debata, pero no vamos a votar esto”, anticipó. Por su parte, el edil peronista Mariano Romero cuestionó que no se establezca un límite de antigüedad para los vehículos y advirtió que, con la propuesta actual, podría trabajar incluso un automóvil modelo 1970 si supera la revisión técnica.
También hubo objeciones de otros bloques. Antonio Salinas, de Ciudad Futura, sostuvo que “el problema no es Uber, sino que claudicó el sistema de transporte” y consideró que la iniciativa implica una tercerización de la gestión de la movilidad. En tanto, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, advirtió sobre la precarización laboral de quienes trabajan mediante plataformas y planteó interrogantes sobre los seguros exigidos y la antigüedad de los automóviles.
Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete y presidente del Ente de la Movilidad Rosario, Rogelio Biazzi, defendió la necesidad de actualizar la normativa frente a los cambios en las formas de trasladarse. En la misma línea, el concejal oficialista Fabrizio Fiatti recordó que actualmente cientos de personas trabajan mediante estas aplicaciones y planteó: “¿Podemos mirar para el costado? Entendemos que no”.
Tras la presentación y el intercambio entre los distintos bloques, el proyecto continuará en discusión en las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, sin que se haya fijado una fecha para su votación. Desde el oficialismo aseguraron que se mantendrán las instancias de diálogo con los sectores involucrados antes de avanzar con el tratamiento de la normativa.