El Concejo Municipal de Rosario busca acelerar los tiempos legislativos para aprobar, antes de fin de año, la ordenanza que regulará la prohibición de los cuidacoches en la ciudad mediante la adhesión a la normativa de la provincia de Santa Fe.
El concejal Fabrizio Fiatti, representante de Creo e integrante del bloque oficialista, remarcó la urgencia de avanzar con la medida para poder coordinar operativos conjuntos entre las fuerzas de control municipal y la Policía, al tiempo que adelantó que el proyecto contempla un abordaje social.
"Necesitamos tener la prohibición local para poder hacer cesar las conductas que molestan a los vecinos", señaló el edil durante una entrevista en el programa Radiópolis (Radio 2).
Fiatti detalló que la prohibición a nivel local es un paso previo y obligatorio, exigido tanto por la ley santafesina como por la reglamentación del Ministerio de Seguridad. Si el cuerpo legislativo de la ciudad no aprueba esta ordenanza, el municipio quedará inhabilitado para formalizar el convenio necesario que permite implementar la medida restrictiva. Durante octubre, el Ejecutivo envió el proyecto de adhesión al Palacio Vasallo, aunque el debate por la legalización de Uber y DiDi postergó el avance sobre cuidacoches.
En ese sentido, el legislador local subrayó que sin esta herramienta legislativa no contarán con el apoyo operativo de la Policía. "No vamos a tener la colaboración necesaria, que es lo que nos permite la ley. Dijimos que necesitamos una ley para tener más herramientas para intervenir en la calle, no solo con los trabajadores de control municipal que tienen limitaciones porque no son una fuerza policial", explicó el concejal.
El procedimiento formal establecido por la cartera de Seguridad provincial requiere que cada ciudad tome la decisión desde sus respectivos concejos, fijando así las bases de cómo deben intervenir los gobiernos locales. Por este motivo, el bloque que responde al oficialismo aspira a tratar el expediente con máxima celeridad en las próximas semanas. "Esperamos también que la oposición entienda que esto hay que debatirlo para ayer", apuntó Fiatti, dejando en claro que el tema no admite mayores dilaciones para la actual gestión.
A su vez, el referente de Creo aclaró que la medida de control en la vía pública no será la única vía de acción. Según indicó, el propio intendente Pablo Javkin solicitó que la nueva reglamentación contemple un tratamiento integral de la problemática de los cuidacoches. "El intendente nos indicó que va a haber un abordaje social, el mensaje del intendente también cubre este aspecto que para nosotros es delicado y sensible. Por eso la urgencia", concluyó.
La semana pasada, durante la reunión de la comisión de Obras Públicas, los concejales iniciaron sus posicionamientos sobre el mensaje de la intendencia que solicita adherir a la ley provincial N° 14.486 que prohíbe la actividad vinculada con el cuidado de los vehículos en la vía pública. Se espera que el debate en comisiones continúe a partir de este lunes.
El proyecto del oficialismo
El proyecto que el intendente Javkin envió al Concejo para adherir a la ley provincial sancionada hace algo más de un mes establece una restricción general de la actividad, pero también reserva al Ejecutivo la facultad de autorizarla en determinados sectores de la ciudad y bajo condiciones o circunstancias que deberá definir por reglamentación.
La iniciativa, que ingresó al Palacio Vasallo el 15 de octubre, también establece las sanciones municipales y modifica el Código de Convivencia Ciudadana para incorporar expresamente las infracciones vinculadas con el cuidado de vehículos en la vía pública. El esquema distingue la actividad sin autorización de las conductas agravadas, para las que prevé multas y más horas de tareas educativas.
El primer artículo del proyecto firmado por el intendente propone prohibir en toda la ciudad el ofrecimiento o la disposición de espacios para estacionar en la vía pública, así como la guarda, el cuidado, el lavado o la limpieza de vehículos, cuando se realicen a cambio de un beneficio o una retribución económica. La restricción alcanzaría también a los casos en los que el pago sea voluntario.
Sin embargo, el artículo siguiente faculta al Ejecutivo a establecer un régimen de excepción. La Municipalidad podría determinar en qué sectores y bajo qué circunstancias se permitirá desarrollar esas actividades, además de fijar requisitos, condiciones, modalidades y plazos para las autorizaciones. Un ejemplo es la habilitación que se realiza cada año para la Fiesta de Colectividades.
Las sanciones
El proyecto reemplaza el artículo 300 del Código de Convivencia y establece distintas sanciones según la conducta.
Para quien ofrezca estacionamiento, cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica y sin autorización, la sanción prevista es de 15 a 80 horas de tareas educativas y concientizadoras. Ese supuesto, por sí solo, no incluye una multa.
La pena se eleva a una multa de 10 a 200 unidades fijas —UF— y entre 30 y 160 horas de tareas educativas cuando la actividad se desarrolle bajo alguna de las circunstancias agravantes que enumera el proyecto.
Entre ellas aparecen la violencia o las amenazas contra personas o bienes; la actividad en zonas de estacionamiento medido; y la presencia en un radio de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos durante las dos horas previas y una hora posterior.
También se consideran agravantes el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad por género, edad o discapacidad; el horario nocturno, definido entre las 18 y las 6; y el desarrollo de la actividad en zonas escolares, bancarias o de edificios públicos.
A valores de octubre, esa escala equivale a multas de entre 23.270 y 465.400 pesos. Para quienes actúen como organizadores, coordinadores o responsables, la propuesta fija multas de 20 a 400 UF y 160 horas de tareas comunitarias. Su traducción económica actual va de 46.540 a 930.800 pesos.
Los importes en pesos variarán con las actualizaciones de la unidad fija. En todos los casos, el proyecto también permite disponer el decomiso de los elementos utilizados.
Las sanciones económicas y las tareas previstas en el proyecto corresponden al régimen municipal. Las penas de arresto forman parte de la legislación provincial: ese marco contempla entre 10 y 20 días para los casos de reincidencia, con agravantes que pueden elevar las escalas.
Los agentes de control podrán solicitar, por vía ministerial, la intervención y el auxilio inmediato de la Policía de Santa Fe para hacer cesar la infracción mediante el desplazamiento de quienes desarrollen la actividad en el espacio público.
El texto aclara que esa intervención es independiente del posterior trámite sancionatorio.
La propuesta modifica el capítulo VI del título VIII del Código de Convivencia Ciudadana, que pasaría a denominarse “Faltas relativas al uso de la vía pública”.
Dentro de ese capítulo se reemplaza el artículo 300 para reunir las conductas vinculadas con la obstrucción del tránsito, la apropiación del uso de la calzada sin autorización y la actividad de cuidacoches, con sus respectivas sanciones.
De ese modo, la adhesión a la ley provincial quedaría acompañada por una regulación expresa dentro del sistema municipal de faltas.
Reconversión laboral y acompañamiento social
El proyecto también dispone que el gabinete social municipal, en coordinación con la Provincia, implemente acciones de prevención e inclusión para las personas alcanzadas por la prohibición.
Entre las herramientas previstas figuran la formación en oficios, el acompañamiento a emprendimientos productivos y de la economía social, el acceso a ferias y mercados y la vinculación con programas de empleo.
Además, contempla facilitar la continuidad de los estudios primarios y secundarios para quienes deseen completarlos y garantizar el acceso a programas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos.
La iniciativa establece que esa estrategia deberá evaluar periódicamente sus resultados.