El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la ley que modifica el Código de Convivencia de Santa Fe e incorpora sanciones específicas para la actividad de cuidacoches en la provincia. La norma contempla trabajo comunitario y en casos de reincidencia organización o determinadas circunstancias agravantes, penas de arresto.
La promulgación de la ley N° 14.486 se concretó mediante el decreto 2121, firmado el viernes 2 de octubre por Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
La iniciativa había recibido sanción definitiva en la Legislatura dos semanas antes, luego de que el Senado insistiera con su versión original y descartara las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados.
La nueva legislación incorpora al Código de Convivencia una contravención para quien, sin autorización y cuando la actividad se encuentre prohibida por la normativa local, ofrezca espacios para estacionar vehículos en la vía pública o servicios de guarda, cuidado, lavado o limpieza a cambio de dinero u otro beneficio, independientemente de que la retribución sea voluntaria.
La sanción prevista para esos casos es de dos a diez días de trabajo comunitario, además de la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la pena será de diez a veinte días de arresto.
La ley establece además una serie de agravantes que duplican los mínimos y máximos de las sanciones. Entre ellos se encuentran el uso de violencia o amenazas, actuar en zonas de estacionamiento tarifado, aprovechar una situación de vulnerabilidad de la víctima o desarrollar la actividad entre las 18 y las 6 o en zonas escolares, bancarias, comerciales y de edificios públicos.
También se agravan las sanciones cuando la actividad se desarrolla en las inmediaciones de eventos públicos masivos: la norma establece un radio de hasta 20 cuadras y comprende desde dos horas antes hasta una hora después del evento.
Otro punto específico apunta a la actuación organizada. Cuando exista un acuerdo previo entre dos o más personas para desarrollar la actividad, corresponderá una pena de arresto de diez a veinte días. Si se comprueba que existen organizadores, coordinadores o responsables, esa escala podrá elevarse hasta cuatro veces, por lo que el máximo puede alcanzar los 80 días de arresto.
El Poder Ejecutivo provincial deberá implementar acciones de prevención e inclusión, con capacitación y formación en oficios, intermediación laboral y políticas vinculadas con salud mental y consumos problemáticos, en articulación con los gobiernos locales.
La aplicación de las contravenciones quedará en manos de los municipios, que podrán solicitar la intervención policial para desplazar del espacio público a los presuntos infractores. Según lo establecido en la norma y lo informado tras su sanción, los gobiernos locales deberán adherir mediante las ordenanzas correspondientes para aplicar el nuevo régimen.
Cómo se trabaja en Rosario para la adhesión
El mismo viernes en que se firmó el decreto de promulgación, el Concejo Municipal de Rosario realizó la cuarta mesa de trabajo sobre la problemática de los cuidacoches, esta vez con la reciente sanción de la ley provincial como eje central. Del encuentro participó el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas, autor de la iniciativa, quien explicó los alcances de la normativa y los desafíos para su implementación en la ciudad.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, señaló que la ley establece un marco al que deberá adherir cada municipio y planteó la necesidad de avanzar con una ordenanza para su aplicación en Rosario.
Durante la reunión también se analizaron las funciones de la Secretaría de Control y su articulación con la Provincia. Según datos presentados en la mesa, un relevamiento identificó 1.395 cuidacoches en la ciudad, de los cuales 1.218 se concentran en el área céntrica, mientras que durante 2025 se registraron unas 200 detenciones policiales vinculadas con la actividad.
Seisas sostuvo que la nueva legislación busca fortalecer las herramientas de intervención estatal y avanzar, a largo plazo, sobre organizaciones que operan alrededor de la actividad. En la reunión también se planteó la necesidad de distinguir las situaciones de extorsión vinculadas al cuidado de vehículos de aquellas en las que existe un pedido de colaboración voluntaria, mientras el Concejo comienza a definir el esquema local para adherir a la ley provincial.
