La adhesión de Rosario a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches continúa sin avances concretos tras un extenso debate en el Concejo. Este miércoles, concejales de distintos bloques volvieron a analizar el proyecto del Ejecutivo y las iniciativas presentadas sobre la problemática, pero las diferencias respecto de su implementación y el abordaje social impidieron alcanzar acuerdos.

Durante una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana y Gobierno, se expusieron nuevas propuestas y observaciones al mensaje del Ejecutivo. Uno de los planteos fue presentado por el concejal Lucas Raspall, quien propuso incorporar modificaciones para precisar las políticas de prevención e inclusión social que deberá implementar el municipio en articulación con la Provincia.

La iniciativa contempla un abordaje multisectorial a través del Gabinete Social municipal, con participación de las áreas de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud Pública, Desarrollo Económico y Empleo, Igualdad, Género y Derechos Humanos, Cultura y Educación, y Deportes y Turismo, entre otras dependencias.

Entre las medidas propuestas figura promover el acceso prioritario de las personas que desarrollan la actividad a programas de formación en oficios, iniciativas de emprendimientos productivos y economía social, ferias y mercados, además de dispositivos de intermediación laboral y empleo. También se plantea facilitar su incorporación a programas de acompañamiento en salud, salud mental, discapacidad y consumos problemáticos.

El proyecto de modificación incluye, además, un relevamiento de la situación social, educativa y laboral de las personas alcanzadas por la normativa, acciones para promover alternativas laborales y acompañamiento para completar los estudios primarios y secundarios.

Desde el bloque Peronista insistieron en la necesidad de contar con un diagnóstico previo sobre la situación de los cuidacoches en Rosario y establecer un protocolo de actuación. Sus representantes cuestionaron que los procedimientos queden sujetos a la interpretación del Departamento Ejecutivo.

Por su parte, La Libertad Avanza manifestó su acuerdo con el abordaje social, aunque reclamó mayor información sobre la implementación de la normativa. También planteó que, hasta que Rosario cuente con una alcaidía municipal, se gestione un convenio con el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial para disponer de cupos destinados a detenciones por contravenciones. Además, pidió precisiones sobre el procedimiento que se aplicará.

 

Desde Comunidad expresaron su respaldo a la adhesión a la ley provincial, aunque consideraron que las políticas de inclusión deben trabajarse antes que la prohibición. También coincidieron en la necesidad de contar con mayor información y señalaron que los protocolos deben ser elaborados por el Ejecutivo, pero conocidos por los concejales.

Ciudad Futura cuestionó que la respuesta al fenómeno sea la prohibición y señaló que, a su entender, el principal problema está vinculado con la actuación de las barras. Desde la bancada Socialista, en tanto, reclamaron que las herramientas para el abordaje de la problemática queden expresamente incorporadas en la ordenanza.

En contraposición, desde el oficialismo de Unidos por Rosario recordaron que hace tiempo reclaman una herramienta para intervenir en el ordenamiento de la ciudad. Sostuvieron que existe un diagnóstico elaborado a partir de distintos informes de funcionarios y de las mesas de trabajo impulsadas desde la comisión de Obras Públicas. También destacaron las políticas sociales que ya se encuentran en marcha y remarcaron que la adhesión a la ley provincial busca habilitar la intervención policial.

La discusión continuará el miércoles 25 de noviembre, a las 13, en una nueva reunión de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.