El Concejo Municipal retomará esta semana el debate sobre la prohibición de los cuidacoches en Rosario, luego de que la discusión quedara sin definiciones, el pasado miércoles, en medio de las tensiones políticas entre los distintos bloques. Durante el intercambio hubo coincidencias sobre la necesidad de incorporar a las organizaciones sociales que ya trabajan con las personas que desarrollan la actividad y promover programas de capacitación en oficios, acompañamiento e inserción laboral, pero no hubo acuerdos sobre los mecanismos de implementación. Es probable que se fije una nueva reunión conjunta de comisiones para este miércoles.

La discusión se desarrolló en las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que analizaron el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin para adherir a la ley provincial Nº 14.486. La iniciativa busca incorporar al Código de Convivencia local la prohibición de ofrecer espacios de estacionamiento o realizar tareas de guarda, cuidado, lavado y limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otros beneficios.

Este lunes, el jefe municipal volvió a pedirle al Concejo que avance con la adhesión. “Hay marcos y oportunidades que requieren una normativa. Proponemos adherir a la ley y darle un marco vinculado a lo social. Una cosa es el trapito y la actividad extorsiva, que hay que prohibir y combatir, y otra cosa es la situación de una persona que está en la calle, y a lo mejor por adicciones o consumo necesita un tratamiento distinto”, dijo.

Sin acuerdo
 

Durante el encuentro del miércoles pasado, la concejala Sabrina Prence presentó una serie de modificaciones al proyecto original, con el objetivo de reforzar el abordaje social de la problemática. Entre sus propuestas incluyó un protocolo de actuación, un registro de antecedentes para casos de reincidencia, canales de denuncia a través del 911, el 147 y Munibot, campañas de difusión y una mayor coordinación con la Provincia para las intervenciones policiales.

La edila también planteó que las sanciones económicas no deberían aplicarse a quienes realizan la actividad y no cuentan con recursos para afrontarlas, aunque sí a las personas que tengan capacidad económica para pagarlas. Además, propuso incorporar medidas de acompañamiento, capacitación e inserción laboral, especialmente para quienes se encuentran en situación de calle. Según explicó, buscó reunir los aportes de los distintos bloques para que las modificaciones no quedaran identificadas como una iniciativa propia.

Concejales durante la reunión de comisiones conjuntas, el miércoles de la semana pasada. (Foto: prensa Concejo Municipal)

Desde Unidos por Rosario, Fabrizio Fiatti pidió contar con el documento para continuar el análisis y volvió a señalar tres ejes centrales para avanzar: establecer la prohibición, definir cómo se aplicarán las sanciones a nivel local y garantizar un abordaje social. El concejal también consideró que el artículo referido al régimen de excepciones no constituye una prioridad en esta instancia.

Durante el intercambio hubo coincidencias entre distintos sectores sobre la necesidad de incorporar a las organizaciones sociales que ya trabajan con las personas que desarrollan la actividad y promover programas de capacitación en oficios, acompañamiento e inserción laboral.

La discusión, sin embargo, no permitió cerrar acuerdos sobre los mecanismos de implementación. Las comisiones resolvieron volver a reunirse el miércoles 18.

La ley provincial Nº 14.486, promulgada en octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorporó al Código de Convivencia sanciones específicas para la actividad, que incluyen trabajo comunitario, arresto en casos de reincidencia y penas agravadas cuando existen amenazas, violencia u organización. Sin embargo, para aplicar el nuevo régimen los municipios deben adherir mediante ordenanzas locales.

En Rosario, el Ejecutivo sostiene que esa aprobación también permitirá formalizar un convenio con la Provincia y coordinar operativos entre agentes municipales y efectivos policiales. El oficialismo pretende conseguir la adhesión antes de fin de año, aunque el tratamiento legislativo sigue atravesado por diferencias sobre las sanciones, las excepciones y el alcance de las políticas de inclusión social.