El debate por la prohibición de los cuidacoches en Rosario volvió a quedar sin definiciones en el Concejo Municipal y sumó un nuevo capítulo de tensión política. Tras una reunión conjunta de tres comisiones, los concejales acordaron continuar el tratamiento de la adhesión a la ley provincial que prohíbe la actividad, mientras que el senador rosarino Ciro Seisas, autor de la normativa, cuestionó públicamente las demoras y apuntó contra el concejal libertario Juan Pedro Aleart por su ausencia en los encuentros.
La discusión se desarrolló este miércoles en las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que analizaron el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin para adherir a la ley provincial Nº 14.486. La iniciativa busca incorporar al Código de Convivencia local la prohibición de ofrecer espacios de estacionamiento o realizar tareas de guarda, cuidado, lavado y limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otros beneficios.
Durante el encuentro, la concejala Sabrina Prence presentó una serie de modificaciones al proyecto original, con el objetivo de reforzar el abordaje social de la problemática. Entre sus propuestas incluyó un protocolo de actuación, un registro de antecedentes para casos de reincidencia, canales de denuncia a través del 911, el 147 y Munibot, campañas de difusión y una mayor coordinación con la Provincia para las intervenciones policiales.
La edila también planteó que las sanciones económicas no deberían aplicarse a quienes realizan la actividad y no cuentan con recursos para afrontarlas, aunque sí a las personas que tengan capacidad económica para pagarlas. Además, propuso incorporar medidas de acompañamiento, capacitación e inserción laboral, especialmente para quienes se encuentran en situación de calle. Según explicó, buscó reunir los aportes de los distintos bloques para que las modificaciones no quedaran identificadas como una iniciativa propia.
Desde Unidos por Rosario, Fabrizio Fiatti pidió contar con el documento para continuar el análisis y volvió a señalar tres ejes centrales para avanzar: establecer la prohibición, definir cómo se aplicarán las sanciones a nivel local y garantizar un abordaje social. El concejal también consideró que el artículo referido al régimen de excepciones no constituye una prioridad en esta instancia.
Durante el intercambio hubo coincidencias entre distintos sectores sobre la necesidad de incorporar a las organizaciones sociales que ya trabajan con las personas que desarrollan la actividad y promover programas de capacitación en oficios, acompañamiento e inserción laboral. La discusión, sin embargo, no permitió cerrar acuerdos sobre los mecanismos de implementación. Las comisiones resolvieron volver a reunirse el próximo miércoles.
La falta de avances motivó una dura reacción de Ciro Seisas, senador provincial por el departamento Rosario y autor de la ley. En una publicación en X, el legislador sostuvo que la reunión no permitió avanzar y cuestionó que se sumen otros quince días de demora para aplicar una normativa que ya fue sancionada. También enumeró cuatro encuentros del Concejo vinculados con el tema, realizados el 1º y el 24 de abril, el 1º de octubre y este 11 de noviembre.
En el mismo mensaje, Seisas apuntó directamente contra Juan Pedro Aleart, concejal de La Libertad Avanza, al afirmar que estuvo ausente en las cuatro reuniones y cuestionar su desempeño legislativo. "El concejal Aleart estuvo ausente en todas. No trabaja", escribió.
El senador también respaldó la necesidad de avanzar con cifras sobre la problemática: aseguró que durante el primer semestre se registraron 3.453 denuncias al 911 por situaciones vinculadas con cuidacoches y que las personas identificadas pasaron de 754 en 2025 a 1.395 hasta septiembre de este año, un incremento del 85%.
La ley provincial Nº 14.486, promulgada en octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorporó al Código de Convivencia sanciones específicas para la actividad, que incluyen trabajo comunitario, arresto en casos de reincidencia y penas agravadas cuando existen amenazas, violencia u organización. Sin embargo, para aplicar el nuevo régimen los municipios deben adherir mediante ordenanzas locales.
En Rosario, el Ejecutivo sostiene que esa aprobación también permitirá formalizar un convenio con la Provincia y coordinar operativos entre agentes municipales y efectivos policiales. El oficialismo pretende conseguir la adhesión antes de fin de año, aunque el tratamiento legislativo sigue atravesado por diferencias sobre las sanciones, las excepciones y el alcance de las políticas de inclusión social.
