El Foro Permanente de Discapacidad salió al cruce de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien afirmó que el padrón de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 75.947 beneficiarios en 2001 a 1.221.971 en 2023, una cifra que comparó con la de países que atravesaron o atraviesan guerras.
A través de un comunicado, la organización cuestionó esa comparación y sostuvo que el crecimiento del número de pensiones debe analizarse a partir de los cambios en las políticas de otorgamiento y de la situación social de las personas con discapacidad en Argentina.
Entre los motivos que enumeró, señaló que se dejó de aplicar el cupo de 80.000 pensiones, que establecía que debía producirse una baja para habilitar un nuevo otorgamiento. También indicó que se comenzó a buscar a personas con discapacidad en situación de pobreza para garantizarles un ingreso económico y el acceso a prestaciones y medicamentos.
Además, planteó que las pensiones se otorgaron a personas con discapacidad que, aunque eventualmente podían trabajar, tenían dificultades para conseguir empleo y atravesaban situaciones complejas. En ese sentido, recordó que el beneficio también alcanzó a niñas y niños con discapacidad, pese a que está destinado a personas en edad laboral.
El Foro vinculó el crecimiento del padrón con la pobreza estructural del país. Sostuvo que las condiciones de pobreza pueden generar enfermedades discapacitantes y limitar el acceso a la salud, la educación, la rehabilitación, los medicamentos y los elementos de apoyo, además de reducir las oportunidades de inclusión social y laboral.
En ese marco, afirmó que en Argentina hay al menos 1.500.000 personas con discapacidad en situación de pobreza y consideró que ese contexto debe tenerse en cuenta al analizar la cantidad de pensiones otorgadas.
El planteo sobre las irregularidades
El comunicado no negó que hayan existido errores o maniobras fraudulentas en el otorgamiento de pensiones, pero sostuvo que esos casos no explican el crecimiento general del padrón.
Como argumento, el Foro tomó los datos mencionados en torno a las auditorías: señaló que se identificaron 105 beneficiarios con elementos que impedirían acceder a una pensión sobre un total de 21.812 pensiones suspendidas. Según su cálculo, esos casos representan el 0,48% de las suspensiones y el 0,0086% del total de pensiones.
La organización consideró que esos números no alcanzan para justificar el cuestionamiento generalizado al sistema y reclamó que se presenten más datos y elementos sobre las irregularidades detectadas. También aclaró que cualquier pensión otorgada indebidamente debe ser corregida.
Por otra parte, el Foro cuestionó que Ravier no se haya pronunciado, según señaló, sobre las denuncias por gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión del exsecretario nacional de Discapacidad Alejandro Vilches, bajo la conducción de Diego Spagnuolo.
Finalmente, la organización advirtió que las declaraciones oficiales contribuyen a estigmatizar a las personas con discapacidad que reciben pensiones y pueden generar un clima social favorable a medidas de ajuste sobre ese sector. Sostuvo que esos beneficios permiten acceder a derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación.