El gobierno nacional se presentará como querellante en la causa judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de tributos.
La participación oficial se canalizará a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que impulsa la investigación iniciada a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). En el expediente también se encuentra imputado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El monto total bajo análisis supera los $19.300 millones.
Esta decisión habilita a Arca a intervenir activamente en la causa y a solicitar medidas probatorias.
Según lo que expusieron desde la entidad, la AFA habría actuado como agente de retención de tributos nacionales y aportes a la Seguridad Social, realizando las retenciones correspondientes a terceros obligados pero sin ingresar luego esos fondos al fisco dentro de los plazos establecidos por la ley. El organismo sostuvo que esta conducta configura el delito de omisión, dado que la obligación legal surge directamente de la condición de agente de retención y se materializa en la falta de depósito oportuno de las sumas retenidas.
De acuerdo con la denuncia original, se detectaron $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron ingresadas en tiempo y forma, discriminadas entre retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. Posteriormente, una ampliación de la presentación incorporó otros $11.759.643.331,62, correspondientes a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025, tanto en el plano tributario como previsional.
Desde el ente recaudador precisaron que los $11.759 millones corresponden únicamente a esta última ampliación y que se suman a lo ya denunciado con anterioridad. De este modo, el total investigado en la causa supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados dentro de los plazos legales.
Arca remarcó que los montos involucrados no constituyen fondos propios de la AFA, sino recursos que pertenecen al Estado desde el momento en que se efectúa la retención, por lo que su falta de ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos. Asimismo, explicó que el delito se configura con dolo, entendido como el conocimiento de la obligación legal de depositar las sumas retenidas y la posibilidad concreta de hacerlo, sin que sea necesaria una intención específica de apropiación.
En ese sentido, el organismo subrayó que la AFA conocía su deber, había realizado las retenciones y estaba en condiciones de cumplir con el depósito, pero decidió no hacerlo, lo que, según sostuvo, satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal.