El primer juicio por jurados de la historia de la ciudad comenzó este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, un hecho que marca un hito para la provincia de Santa Fe. El fiscal regional, Matías Merlo, detalló los alcances de este nuevo sistema que pone en manos de 12 ciudadanos de la sociedad civil la responsabilidad exclusiva de emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia.
El debut de este mecanismo aborda el caso de Aníbal Ramón Cabaña, acusado de asesinar a su expareja, Natalia Ocampo, y a César Valenzuela, con quien ella comenzaba una relación. El hecho ocurrió el 6 de abril del año pasado en la cuadra de Uruguay al 5300. Según los datos aportados antes del inicio del proceso, el acusado contaba con denuncias previas por violencia de género desde el año 2010. La acusación en este debate histórico está a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, quien deberá exponer la evidencia frente al jurado popular.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), el fiscal regional, consideró que la implementación de este formato representa un importante avance institucional. “Si bien es un cambio que viene a profundizar el sistema acusatorio que empezamos en el año 2014 y que aún en esta etapa nos faltaba era el juicio por jurado, es una enmienda constitucional que venimos a cumplimentar”, señaló Merlo. Según el funcionario, esta herramienta permite “consolidar un tema de transparencia y que los propios ciudadanos puedan definir cuestiones que legaron en la justicia”.
La elección de los jurados y el debate
Sobre la conformación del jurado, el titular de la fiscalía regional precisó que se realiza mediante un sorteo. “Empieza con una lista que se conforma cada dos años, se hace un sorteo entre los ciudadanos que están en el padrón de la provincia de Santa Fe”, indicó. Además, detalló que el requisito mínimo es poseer dos años de residencia en el territorio y que existen exclusiones específicas: no pueden participar personas con condenas penales, fallidos por la justicia civil, acusados por el Ministerio Público de la Acusación o familiares directos de integrantes del Poder judicial.
Quienes resulten seleccionados como titulares o suplentes reciben viáticos por los días que deban ausentarse de sus trabajos. Según la experiencia previa en otras localidades de la provincia, los juicios no suelen extenderse más de uno o dos días, y en casos complejos, hasta tres o cuatro jornadas. Para Merlo, participar “es un derecho primero que tiene cada ciudadano de ejercer este acto de juzgar y también es un deber como ciudadano y una carga pública”.
La búsqueda de la unanimidad
El momento culminante del proceso llega cuando los civiles se retiran a deliberar tras escuchar los alegatos y toda la producción de prueba. En esa instancia, la decisión final no admite divisiones. “Tiene que ser una respuesta por unanimidad. Tiene que estar los 12 de acuerdo sobre si es culpable o inocente”, afirmó Merlo.
En caso de no alcanzar ese consenso inicial, se habilita una segunda etapa donde el juez brinda nuevas instrucciones y se requiere una mayoría agravada de diez votos para declarar la culpabilidad. “Si no se logra esa circunstancia, se logra un procedimiento de no culpabilidad de la persona que está sometida a juicio”, aclaró el fiscal. Finalmente, si se determina que el acusado es culpable, la tarea de los ciudadanos concluye y es el juez quien define la pena en una audiencia posterior conocida como juicio de cesura.