El Senado de la Nación debate este jueves una reforma de la Ley de Salud Mental, vigente desde 2010. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone modificaciones en aspectos centrales del régimen actual, especialmente en los criterios para las internaciones involuntarias, la atención de los consumos problemáticos y la organización de los servicios de salud mental.
El proyecto es uno de los principales temas de la sesión de este jueves, la novena del año de la cámara alta y genera controversias entre sectores que defienden la normativa vigente y otros que plantean objeciones, entre ellos representantes de familiares de pacientes.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la ampliación de los criterios para disponer internaciones involuntarias. El proyecto contempla que puedan realizarse cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
Además, incorpora la evaluación de los antecedentes y de la evolución previsible del cuadro como elementos para considerar en esas decisiones.
Otro cambio propuesto es la posibilidad de realizar internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. La iniciativa también refuerza el papel de los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios que intervienen en la atención.
Por otra parte, el proyecto incorpora expresamente las adicciones dentro de las políticas de salud mental, con modificaciones vinculadas al abordaje de los consumos problemáticos.
La Ley 26.657 fue sancionada en 2010 y constituye el marco normativo nacional para la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Su eventual modificación es objeto de debate entre distintos sectores, tanto por los criterios de atención como por las condiciones en las que puede disponerse una internación sin consentimiento.
La propuesta del Poder Ejecutivo busca modificar aspectos de ese régimen. Durante el tratamiento en el Senado se pondrán en discusión los cambios previstos para las internaciones, la organización de los servicios y el abordaje de las adicciones.
La reforma forma parte de una sesión que incluye otros seis proyectos impulsados por bloques dialoguistas, entre ellos iniciativas sobre incentivos para inversiones relevantes, mercado de carbono, accesibilidad de cartas gastronómicas y educación emocional.